El Consejo de Estado ha criticado que la reforma educativa que impulsa el Gobierno elimine asignaturas "de formación ético-cívica", haciendo referencia a Educación para la Ciudadanía (EpC), y sugiere que se incluya. Es lo que consta en el dictamen que emitió la semana pasada sobre la reforma educativa, según publica el diario El País. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto.

La reforma educativa que prepara el Gobierno tumba definitivamente la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En el borrador que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó a finales de 2012 a las comunidades autónomas, ni siquiera hay rastro de la llamada Educación Cívica y Constitucional, la materia que se mantenía en la ESO y que no tenía "contenidos polémicos", como dijo el Ministerio que sí contenía EpC.

La asignatura que ocupará el lugar de esta materia se llama Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Será la alternativa para los alumnos que no cursen Religión. "Ambas tendrán una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas", reza el borrador de la futura ley.

En opinión del ministro, Ciudadanía ha sido una asignatura "acompañada por la polémica", que ha generado "una seria división en la sociedad" y con un "planteamiento que iba más allá de lo que debería corresponder a una "verdadera formación cívica". Todos ellos, argumentos reiterados hasta la saciedad desde 2006 -cuando fue aprobada la asignatura- por los obispos y numerosas organizaciones católicas.

Lenguas cooficiales

El dictamen también rechaza uno de los puntos más polémicos de la Lomce para las comunidades con lengua propia, el que defiende que si un alumno pide las clases en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, la autonomía deberá costearle las clases en un centro privado. "La regla de que las Administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación, no debería figurar en la ley", señala el dictamen.

El documento sostiene que, aunque comparte la posición de la Lomce respecto a que las Administraciones educativas son las que tienen las competencias para determinar la "proporción razonable" del uso de las lenguas cooficiales, debe quedar en el marco autonómico "las medidas a adoptar" cuando no se disponga de "medios o recursos" para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los centros públicos.

La legislación del Estado no puede "frustrar la elección del modelo a seguir" a las comunidades con lengua cooficial

Los expertos recuerdan que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de las comunidades con lengua oficial propia para orientar su sistema educativo hacia un modelo de integración, como han hecho Catalunya y Galicia, o hacia otro de enseñanza lingüística diferenciado como el País Valencià y Euskadi. "Ambas posibilidades se ajustan plenamente a la Constitución, correspondiendo al legislador autonómico la libertad de opción entre uno u otro modelo, sin que la legislación básica del Estado pueda, por su densidad normativa, frustrar la elección del modelo a seguir", según el Consejo.

La polémica sobre el punto de las lenguas cooficiales en la Lomce tuvo su momento más álgido cuando el pasado mes de octubre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, destacó en el Congreso el "interés" del Gobierno en "españolizar a los alumnos catalanes", una manifestación que provocó un aluvión de críticas de los partidos de la oposición y de la Generalitat catalana. Además, la mayoría absoluta del PP impidió el 30 de octubre un intento de la oposición (UPyD se abstuvo) de reprobar a Wert por esas declaraciones.

Este punto de la Lomce también provocó malestar entre las consejerías de Educación de las comunidades con lengua propia en sus reuniones sectoriales en el Ministerio, como en la del pasado diciembre, cuando la consejera catalana, Irene Rigau, abandonó el encuentro para mostrar su rechazo al borrador de la ley.

Las reválidas y los itinerarios, cuestionados

Por otro lado, en relación a la regulación de evaluaciones individualizadas que prevé la LOMCE, el Consejo considera que en el anteproyecto no se excede de las competencias básicas del Estado en materia educativa, informa Europa Press. Sin embargo, apunta que debería establecer la posibilidad de que las Administraciones educativas pudiesen completar los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos por el Gobierno. En todo caso, apunta que, a lo largo del expediente, se ha calificado como exceso y se ha cuestionado desde el punto de vista pedagógico la realización de pruebas de evaluación anuales (6) imprescindibles para la promoción que, a juicio del Consejo pueden producir un "estrés escolar en tan temprana etapa".

Las pruebas de evaluación anuales pueden producir un "estrés escolar en tan temprana etapa"

Respecto a la elección temprana de itinerarios, el Consejo considera positiva la institucionalización de dos ciclos en la Educación Secundaria Obligatoria porque clarifica la regulación vigente y ofrece una regulación más acabada. En cuanto a la posibilidad de que las universidades realicen pruebas propias de admisión, como recoge el anteproyecto, el Consejo de Estado advierte de que conceder a las universidades la posibilidad de utilizar determinados criterios adicionales que en mayor o menor medida, y aunque estén previamente predeterminados en la Ley Orgánica, introducirá un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos.

En cuanto a la financiación de centros que imparten educación diferenciada por género, el dictamen señala que se debe establecer para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una "justificación objetiva y razonable" de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, todo ello sin perjuicio del resto de requisitos establecidos para los conciertos. "De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", añade.

El texto del Consejo de Estado está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por otros nueve miembros de esta institución, entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y el expresidente de UCD Landelino Lavilla.