Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC) cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España, fenómeno que según ese informe tiene una dimensión "mucho mayor" que la que reflejan las estadísticas oficiales.

Este estudio, publicado en varias revistas internacionales especializadas en las ciencias sociales y la economía aplicada, ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides).

El trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, según ha explicado hoy en un comunicado la Ulpgc.

Con esta nueva metodología "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".

Para ello, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.

Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008).

"La corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales"

Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla "es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición".

Las mediciones del nivel de corrupción existentes hasta ahora se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, explican.

Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.