La letra pequeña del pacto entre Ayuso y los rectores: "La universidad pública va a seguir en coma inducido"

Lo que hace unos meses parecía bastante improbable, se resolvió en cuestión de horas este martes. Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid —Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III— sellaron un acuerdo con la presidencia para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual.

El telón de fondo de este pacto camufla una sucesión de hechos que encadenan crisis y cambios: primero, el cese en febrero del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, seguido de la dimisión de tres diputados más —Pablo Posse, exportavoz de Educación en la Asamblea; Mónica Lavín, exportavoz de Política Social; y Carlota Pasarón, exresponsable de Juventud—. Después, llegó el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación. Y casi dos semanas más tarde, el esperadísimo pacto. 

El consenso se cerró tras una reunión mantenida el lunes por la tarde entre los rectores y las consejerías de Educación y Hacienda. Al día siguiente, Ayuso estampó su firma en el acuerdo en la sede del Gobierno regional y, acto seguido, presentó los detalles del nuevo modelo de financiación que regirá los recursos de las universidades públicas madrileñas hasta 2031. 

De acuerdo con el comunicado oficial, el plan contempla un total de 14.790,7 millones de euros para el periodo 2026-2031, de los cuales 12.294,6 millones (el 83%) provendrán de los Presupuestos Generales de la Comunidad y del capítulo de precios públicos. La administración confirma que la media anual estimada para las seis universidades será de 2.465,1 millones de euros.  

El plan de Ayuso contempla 14.790,7 millones de euros para el periodo 2026-2031. El 83% provendrán de los presupuestos de la Comunidad

En su comparecencia, Ayuso destacó tres puntos: "Ofrecer previsibilidad a largo plazo, impulsar la competitividad y la excelencia de las universidades y reforzar los mecanismos de supervisión y evaluación de las cuentas". Además, aseguró que han previsto fondos extraordinarios adaptados a las necesidades de cada institución: un fondo de Convergencia para equilibrar déficits y otro destinado a proyectos singulares para potenciar la competitividad de los centros. "Sin considerar los fondos comunes, la distribución proyectada durante seis años será la siguiente: la Complutense recibirá 2.914,2 millones; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones; y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros", reza el escrito. 

¿Es este el principio del rescate universitario?   

¿Este acuerdo supone realmente una victoria para la comunidad universitaria? Desde la plataforma Por la Pública deslizan a este diario que el pacto "se limita a compensar el impacto de la inflación y el crecimiento del PIB regional, sin suponer un refuerzo real de la financiación". "Si se analizan las cifras con detalle, lo que se ha firmado apenas cubre lo que se va a perder por la inflación y el propio crecimiento económico de la Comunidad de Madrid. Es una subida mínima, en términos reales", dicen.

Desde la plataforma Por la Pública aseguran que  lo que se ha firmado no cubre lo que se va a perder por la inflación y el crecimiento económico

Desde el colectivo inciden, además, que la cifra global anunciada —casi 14.800 millones de euros hasta 2031— puede inducir a error. En ese montante, explican, se incluyen no solo las transferencias directas de la Comunidad de Madrid, sino también los ingresos propios de las universidades (matrículas, becas, fondos captados por los propios centros y otros recursos). "Si desglosas todo eso, el incremento real respecto a lo que ya venían recibiendo es de en torno a 1.800 millones en seis años, es decir, unos 300 millones anuales", precisan. 

En su lectura, el aumento resulta, por tanto, limitado y lejos del salto estructural que —enfatizan— necesitaría el sistema universitario público madrileño para salir de la situación de infrafinanciación que arrastra desde hace más de una década. "Estamos hablando de pasar del 0,4% del PIB regional que actualmente se destina a universidades en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a en torno al 0,5%. Es un incremento mínimo, especialmente si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica del Sistema Universitario fija como horizonte el 1% del PIB", completan.

Para Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, el pacto tiene más artificio que sustancia. En conversación con Público, sostiene que el entendimiento responde a una mezcla de "síndrome de Estocolmo" por parte de los rectores y a lo que define como un "trampantojo" presupuestario. "Los rectores han aceptado porque durante todo este tiempo han tenido el presupuesto congelado y, en un primer momento, incluso se les llegó a plantear una reducción del 30%. Ahora, al menos, se lo mantienen. No les dan oxígeno, pero tampoco certifican su defunción. O firmaban o la alternativa era mucho peor".

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Álvarez acusa al Ejecutivo regional de "maquillar las cifras en tiempo real". En su argumentación pone el foco en el reparto anunciado para cada universidad en el horizonte 2026-2031. Toma como ejemplo la Carlos III: "Actualmente recibe unos 123 millones anuales de la Comunidad. Si mantuviera ese ritmo sin acuerdo ni incrementos, en seis años sumaría alrededor de 742 millones. Según el nuevo modelo, recibirá 850 millones. Eso supone un aumento del 14,5%". La cuestión, explica, es el contexto inflacionario. "Si en ese mismo periodo la inflación acumulada ronda el 18% o el 20% y tu presupuesto solo crece un 14%, en términos reales estás perdiendo capacidad económica".

Asimismo, el portavoz socialista cuestiona la promesa de acercarse al 1% del PIB en financiación universitaria. "Si el PIB regional sigue creciendo hasta 2031, es muy probable que el porcentaje real que la Comunidad destine con sus propios recursos a la universidad pública sea incluso menor". A su parecer, el sistema universitario madrileño seguirá en una situación de debilidad estructural. "La universidad pública va a continuar en un estado de coma inducido", sentencia.

Manuela Bergerot: "El plan que ha firmado Ayuso no es una solución estructural para las universidades madrileñas"  

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, expone que su grupo lleva años defendiendo que un plan de financiación plurianual a cinco años es el mínimo imprescindible para empezar a revertir el deterioro presupuestario de las universidades públicas madrileñas. Sin embargo, considera que el modelo presentado por el Ejecutivo regional no responde a esa ambición. "El plan que ha firmado Ayuso no es una solución estructural para las universidades madrileñas", afirma tajante. Bergerot insiste en que la inversión pública debería situarse en el 1% del PIB regional en 2031 para garantizar la estabilidad y competitividad del sistema. "El acuerdo anunciado se queda muy por debajo de ese objetivo", recalca.

Isabel Galvín, profesora de la Complutense, asegura que este acuerdo "consagra que Madrid siga a la cola en todos los indicadores de inversión universitaria". "Un aumento del 41% en cinco años puede parecer relevante desde fuera, pero visto desde dentro de la universidad resulta claramente insuficiente, sobre todo considerando la infrafinanciación crónica. Y, además, viene condicionado: las universidades deben someterse a controles y comprometerse a aplicar planes financieros si se producen desviaciones", puntualiza. "En cualquier caso, los avances se deben a la movilización de la comunidad universitaria y al daño que la situación estaba causando a Ayuso, y esto no podemos olvidarlo".

Más financiación, pero "insuficiente"

Hasta la reunión del lunes, la propuesta más reciente de la Consejería contemplaba aumentar la financiación a 1.600 millones de euros durante cinco años, frente a los 1.239 millones previstos en los presupuestos de 2026. Los rectores consideraban esta cantidad aún "insuficiente para cubrir las necesidades estructurales" de las universidades públicas madrileñas. Si se proyecta un crecimiento anual del PIB del 3% en los próximos años, esos 1.600 millones situarían la inversión universitaria en 2030 en torno al 0,4% del PIB regional, muy por debajo del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que el movimiento Por la Pública ha defendido como mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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La Complutense acumula un déficit de 33 millones de euros, mientras que la Rey Juan Carlos alcanza los 76 millones  

Según denuncian las propias universidades, arrastran problemas financieros desde los recortes de 2012. La "asfixia económica" ha dejado huella en sus balances: la Complutense acumula un déficit de 33 millones de euros, mientras que la Rey Juan Carlos alcanza los 76 millones. En octubre pasado, la Complutense se vio obligada a solicitar un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad de Madrid para poder cumplir con sus compromisos financieros.

Pero esto viene de lejos. En diciembre de 2024, los seis rectores ya alertaron de que el proyecto de Presupuestos Generales presentado por Ayuso para 2025, que apenas incrementaba la financiación universitaria en 5,4 millones de euros, resultaba "insuficiente". Ya el 28 de noviembre de ese mismo año, enviaron una carta abierta a la presidenta advirtiendo de la "insostenibilidad económica" del sistema público. Advertían que, sin un plan de financiación plurianual y un aumento mínimo del 4% en los recursos, no podrían mantener ni la calidad ni la continuidad de los servicios universitarios. 

La LESUC, otro escollo 

El déficit presupuestario no es el único escollo de la universidad pública madrileña. En julio de este año, los rectores recibieron un avance de la Consejería de Educación con las líneas maestras de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que planea aprobar el Gobierno de Ayuso. La salida de Viciana se produjo tras el naufragio de dicha normativa. El último borrador presentado por los populares, un documento de 168 páginas publicado el 28 de noviembre, se vendió como un paquete de concesiones a los rectores, aunque, según fuentes académicas consultadas por Público, apenas introdujo modificaciones respecto a la versión del 7 de octubre.

La justificación inicial para regular de manera conjunta todas las enseñanzas superiores —universitarias, artísticas y de FP— quedó casi intacta, y la equiparación entre instituciones públicas y privadas se mantenía, critican los expertos. En materia de financiación (Título V), desapareció la referencia al 30% de recursos que las universidades debían captar de fuentes externas a la Comunidad de Madrid, aunque se mantenía el "compromiso de incremento gradual" de ingresos, incluyendo fondos de inversión, patrocinios y mecenazgos. Por su parte, el polémico régimen sancionador pasó a llamarse "Supervisión y consecuencias jurídicas de los incumplimientos" (artículo 51), pero seguía contemplando multas de hasta 300.000 euros por infracciones muy graves, hasta 100.000 euros por las graves, y entre 300 y 15.000 euros por las leves. 

Los portavoces de la plataforma Por la Pública se reunieron este martes con los rectores, pero, según fuentes de la organización, no han recibido copia del acuerdo, alegando que primero debe ser comunicado a los consejos de gobierno de las universidades. "El acuerdo prevé un aumento progresivo de la financiación, comenzando con 120 millones en 2026 y llegando a 550 millones en 2031, con un promedio de unos 300 millones anuales durante seis años", señalan. "Para los rectores no es del todo satisfactorio, pero lo consideran un hito; desde las plataformas, en cambio, lo valoramos como totalmente insuficiente, por lo que las reivindicaciones continúan". Por su parte, la presidenta madrileña anunció que este jueves comparecerá en la Asamblea de Madrid para informar con detalle sobre el contenido del acuerdo y las novedades relativas a la Consejería de Educación.