Entrevista a María Eugenia Ruiz-Gálvez, profesora en la Universidad Complutense"El modelo de Ayuso es perverso porque asfixia la universidad pública y luego ofrece un préstamo con intereses"
La docente habla con 'Público' con motivo de la huelga general educativa en Madrid de este 26 y 27 de noviembre.
Madrid--Actualizado a
En la Complutense la conocen como Mariu. Su nombre completo, María Eugenia Ruiz-Gálvez, resuena más allá de los pasillos de la Facultad de Políticas. Es profesora ayudante de doctora en Economía Aplicada. Lleva siete años impartiendo clase, pero su lucha no se queda en las aulas: se ha convertido en una de las voces más activas en defensa de la universidad pública.
Lo que empezó como un pequeño grupo sindical de diez personas en la sección de CGT de la Complutense, se ha transformado en un movimiento que recorre todas las universidades públicas de Madrid, de la Autónoma a la Politécnica, pasando por la Carlos III y la Rey Juan Carlos. Frente a campañas políticas, leyes como la LOSU y la amenaza de privatización, Ruíz-Gálvez y sus compañeras decidieron no quedarse al margen: organizaron, investigaron, difundieron y articularon lo que hoy son la Coordinadora de Plataformas en defensa de las universidades públicas de Madrid (Cupumad) y la organización UCM por la Pública.
Este miércoles y jueves, 26 y 27 de noviembre, la docente participa en la huelga general contra la "infrafinanciación" y la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (LESUC). En esta entrevista con Público, desgrana los retos diarios de trabajadores y estudiantes, analiza la nueva ley de universidades de Madrid, habla sobre la privatización y reivindica el derecho a una educación pública de calidad.
Trabaja en una universidad pública de Madrid, la Complutense, y milita para defenderla desde fuera. Cuando pasa de una reunión de departamento a una asamblea de CUPUMAD o CGT, ¿qué cosas ve que nunca vería un rector o un consejero autonómico?
Yo creo que lo que no ven —ni siquiera llegan a reconocer— es que hemos asumido la precariedad por vocación. Porque, al final, si te rebelas y dices: "Mira, no voy a coger más TFG, no voy a coger más horas de clase", acabas perjudicando al alumnado, que también tiene un compromiso con lo público y, de alguna manera, está en tu mismo bando. Eso da mucha rabia y terminas diciendo: "Venga, lo asumo, méteme 20 más". Ahora mismo, en una clase en la que tengo que aplicar el plan Bolonia, es decir, prácticas y todo eso, tengo 70 estudiantes. ¿Cómo lo hago? Son chavales de 18 años, con las peculiaridades que se tienen a esa edad. Es muy difícil.
Ellos no ven el sufrimiento que hay dentro de los departamentos para asumir las cargas, especialmente en los que realmente sostienen la enseñanza pública. Porque en otros departamentos directamente cargan el trabajo sobre las personas más precarias. La universidad es un espacio de grandes desigualdades y de relaciones de poder muy complicadas. Los predoctorales asumen tareas que no deberían asumir a cambio de un reconocimiento que muchas veces les roban, por ejemplo, con las publicaciones. Ese es otro tema que también queremos cambiar: estas dinámicas perversas de poder dentro de la universidad. Todo eso te aísla y genera miedo. Y luego, en las asambleas, te encuentras a gente totalmente desesperada. En la administración hay una intensificación del trabajo muy fuerte porque no se sustituyen bajas. También hay profesorado que, ante una baja, prefiere volver aún estando mal porque no pueden dejar a su alumnado sin clase.
Nuestro pan de cada día: intensificación del trabajo, poco reconocimiento, imposición de cargas que no se pueden asumir y horas extra
Estas situaciones son nuestro pan de cada día: intensificación del trabajo, poco reconocimiento, imposición de cargas que no se pueden asumir, horas extra. Tenemos un trabajador en audiovisuales a quien no le han repuesto al compañero del turno de tarde y está trabajando todas las semanas, diez u 11 horas más. Esa persona va a explotar. Ya estamos haciendo seguimiento, mapeando las realidades de cada trabajador y trabajadora, porque cada caso es distinto. El problema es estructural. Y algo importante: estamos aquí para mejorar nuestras condiciones laborales, por supuesto, y para mejorar la calidad de la educación pública. Pero cuando decimos que la situación es insostenible, lo es financieramente y políticamente. Los discursos de odio hacia la universidad pública nos hacen muchísimo daño. Y además creemos que está en peligro la sostenibilidad de la educación pública universitaria para las que vendrán. Yo tengo una hija y, ahora mismo, dudo que pueda estudiar en una universidad pública de calidad sin tener que pagar tasas altísimas o asistir a clases en edificios que literalmente se caen. Hay un deterioro en todas las dimensiones.
En Madrid se habla mucho de "excelencia", pero poco de "condiciones materiales". Si tuviera que describir un día cualquiera en su facultad que desmonte ese discurso, ¿cuál elegiría?
Bueno, el discurso de la excelencia es muy debatible. ¿Qué llamamos "excelencia"? Para mí, y para nosotros en CGT —donde lo hemos discutido mucho—, es un concepto que cogemos con pinzas. Porque la excelencia, en muchos casos, se asimila a la productividad de un grado o de una investigación: productividad en términos puramente económicos. Si es rentable a nivel empresarial, si esa cátedra, ese grado o esa línea de investigación aporta a proyectos con renombre o con retorno económico. Pero para nosotros la excelencia no es eso.
La excelencia es el trabajo autónomo, crítico, de pensamiento, que nos lleva a analizar, estudiar y promover investigación y docencia que no están bajo el criterio de la rentabilidad económica, sino bajo la rentabilidad social. En la Complutense hay grados que estudian menos de 100 personas —filologías u otros estudios— que no pueden medirse en términos de excelencia económica. Y lo bonito de la universidad es precisamente ese espacio que se les da a quienes quieren investigar, estudiar y enseñar algo que no responde a criterios de mercado. Aspiramos a ser excelentes dentro de nuestros propios criterios.
Hemos normalizado la investigación autofinanciada. Algo que en ninguna universidad europea entienden
Pero tenemos que asumir que la investigación se está haciendo sin ni un duro. Y cuando digo sin ni un duro, lo digo literalmente: el trabajo de campo que llevo haciendo desde que empecé la tesis me lo he financiado yo. Porque no tuve acceso a ninguna beca; me pilló la crisis anterior. Cualquier trabajo que hago tengo que autofinanciarlo. Hemos normalizado la investigación autofinanciada. Algo que en ninguna universidad europea entienden cuando les contamos que hacemos todo lo que hacemos, publicamos lo que publicamos, pagamos traductores, pagamos congresos, pagamos el transporte… todo. Y un congreso, cuando ya no eres estudiante, cuesta unos 200 euros.
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A esto se suman las condiciones de vida. Yo soy profesora, cobro 1.600 euros y pago 1.000 de alquiler. Soy madre separada. ¿Cómo me promociono profesionalmente si tengo que ir a congresos, financiar mis investigaciones, viajar…? Es muy difícil. Por eso, para nosotras es casi una suerte tener un proyecto financiado. Ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Innovación y Ciencia nos ha concedido uno. Pero aun así, no financian todo: tenemos que elegir qué partes pueden cubrir y cuáles no. Es un alivio tener algo de dinero para desplazarnos, pagar trenes y no tener que hacerlo todo con nuestro propio coche. Buscan la supuesta excelencia, pero no la financian.
Habla de infrafinanciación. La Comunidad de Madrid está por debajo del 0,5% del PIB para las seis públicas. Hace no mucho, el Ejecutivo presumió de un "recórd" en el presupuesto para 2026. ¿Qué opina de esto?
El recorte no es algo exclusivo de Ayuso. Es verdad que ahora se ha intensificado —una vuelta más de tuerca—, pero llevamos 17 años de un recorte estructural brutal. No hemos vuelto a los niveles previos a la crisis de 2008 en inversión. ¿Qué ha pasado ahora? Que el presupuesto, que supuestamente ha subido un 6% o un 6,5%, si le aplicas el efecto de la inflación, en realidad ha crecido solo un 3%. Para nosotros, eso es un estancamiento, porque el esfuerzo inversor —lo que se destina a universidades respecto al total del presupuesto— es exactamente el mismo. No ha subido, no ha habido un esfuerzo adicional. Siguen destinando un 4% a universidades.
El 4% que destina el Gobierno de Ayuso a las Universidades es tan insuficiente que ni siquiera cubre las nóminas de los trabajadores
Pero ese 4% es tan insuficiente que ni siquiera cubre las nóminas; no cubre la nominativa. Y ahí aparece el "juego del trilero": no te cubro las nóminas en la Complutense, pero te ofrezco un préstamo al 2,8%, y acabamos pagando 4,4 millones de euros solo en intereses. Es perverso: me infrafinancias y, a cambio, me das un préstamo por el que encima tengo que pagarte intereses. Es un despropósito.
Generaciones que lo tuvieron más fácil y otras que se están quedando sin acceder a la educación pública. ¿Cuál es la conversación más difícil que ha tenido con estudiantes sobre su futuro?
El abandono universitario. Intentamos convencer a algunos estudiantes para que sigan, pero muchos te dicen: "Mira, yo me metí, pero no puedo seguir financiándome esto". O, por ejemplo, personas que tienen beca. Las becas están muy condicionadas a las notas, pero al mismo tiempo son estudiantes que trabajan. Posiblemente, no pueden matricularse de todas las asignaturas y, al no hacerlo, les quitan la beca. Luego hay gente que no está bien informada: el primer año se lo financian y, cuando llegan al segundo, les dicen: "Oye, te ha quedado una". Y claro, responden: "¿Cómo no me va a quedar, si trabajo a la vez? Es normal que me suspendan alguna". Cuando ves que pierden la beca, piensas: esta persona dependía totalmente de ella… ¿y cuántas habrá que quieren estudiar y no pueden? Porque no cumplen —o no conocen— esos requisitos mínimos de acceso a una beca. Estas son las conversaciones más difíciles: intentar buscar soluciones para quienes quieren seguir estudiando pero no pueden.
¿Cuáles son esas soluciones?
Una solución a corto y medio plazo es adquirir un compromiso real con las universidades como espacios de pensamiento e igualdad de oportunidades. Para eso necesitamos más financiación. Un compromiso tanto a nivel estatal —que se alcance el 1% del PIB— como a nivel autonómico, con un mayor presupuesto. Y, por supuesto, más acceso a becas. Porque esto no es un gasto: es una inversión. Una inversión en la sociedad, en una población mejor formada, y formada desde lo público, que es un espacio de compromiso colectivo. Si tú estás en la universidad pública es porque accedes a un proyecto que es colectivo. Por eso, lo primero es aumentar la financiación. Lo que no puede hacerse es cargar todo en aumentos de tasas, y mucho menos tasas tan elevadas. La Comunidad de Madrid es la comunidad donde los estudiantes pagan más tasas y, sin embargo, es la que menos invierte por estudiante. Es decir: la que más recauda y la que menos gasta por estudiante. Es contradictorio. A eso se suma el coste de vivir en Madrid. Hay estudiantes que no pueden permitirse un alquiler y hacen dos horas de ida y dos de vuelta porque les sale más barato pagar el tren. Vienen desde Valladolid u otras provincias porque no pueden vivir aquí. Es muy fuerte.
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La Comunidad de Madrid es la que más recauda y la que menos gasta por estudiante
Las privadas aumentan, las públicas se aprietan el cinturón y el discurso oficial es que "la competencia mejora la calidad". ¿Qué cosas empeoran cuando una universidad pública empieza a comportarse como si fuera una empresa?
En primer lugar, esta estrategia de asfixiar lo público viene acompañada de otra: es un juego a dos manos. Mientras te asfixio con una, fortalezco lo privado con la otra. Y esto ocurre en varios sentidos. Por un lado, se fortalecen las universidades privadas y concertadas —que en su mayoría reciben fondos públicos— y, por otro, se impulsa la creación de "chiringuitos" privados que compiten directamente con la universidad pública, aun cuando los requisitos de acceso, tanto para estudiantes como para trabajadores, no son los mismos. Al final, salen al mercado laboral personas formadas en la pública, con exigencias mucho mayores, con compromiso con la investigación y la docencia, mientras que esos requisitos no existen en muchos de estos chiringuitos. No todas las universidades privadas son así, pero en Madrid buena parte sí lo son. Hay universidades privadas históricas y de prestigio, claro, pero también hay 13 privadas frente a solo seis públicas, y un fortalecimiento enorme de centros adscritos a las universidades públicas que funcionan como nichos de estudios privatizados.
¿En qué se nota esto? Por ejemplo, en la entrada de empresas en la universidad. Como tienes que buscar financiación externa a la que te da la Comunidad de Madrid, se privatizan espacios. Llegan empresas y ponen sus cátedras, o diseñan másteres orientados directamente a sus necesidades de mercado: qué tipo de trabajador quieren, qué perfil necesitan. Eso condiciona cátedras, másteres y líneas de formación. También están presentes instituciones privadas como el Banco Santander, que es una de las entidades con más información sobre lo público. El carnet universitario —de estudiantes y trabajadores— se tramita con ellos, y no es un carnet al uso, es una tarjeta de débito. Esto es muy grave.
Lo mismo ocurre con el alquiler de espacios. En los campus se celebran macrofestivales como forma de recaudar dinero, mientras que organizar cualquier actividad universitaria interna es casi imposible por la cantidad de requisitos y obstáculos. O el caso del Jardín Botánico de la Complutense, donde hay más días privatizados que de uso público. Los espacios están cedidos y muchas veces no se pueden usar, al mismo tiempo que las compañeras de la Facultad de Geológicas —que requieren salidas al campo— no pueden hacerlas porque no hay presupuesto. Y esto se repite en muchos grados: laboratorios sin instrumentos, espacios de creación cerrados en Bellas Artes, geológicas sin salidas de campo, medicina sin equipamiento suficiente… Hemos empezado a normalizar la falta de recursos para impartir grados que antes sí tenían condiciones de calidad. Son detalles que muestran hasta qué punto se ha normalizado la falta de dinero. Y lo más preocupante es que todo esto ocurre en pleno crecimiento del PIB. Da miedo pensar qué pasará si entramos en un periodo de crisis. Si estamos así en un momento de bonanza, ¿qué va a ocurrir cuando llegue una crisis, que puede venir en cualquier momento?
Como economista, ¿qué número —financiación, ratio, coste, salario— le quita más el sueño porque le parece inasumible para un sistema universitario digno?
Lo que más me preocupa son las personas que quieren acceder a la universidad y cuya única vía para hacerlo es a través de contratos totalmente inestables. Contratos de 500 o 600 euros, de sustituciones, donde te despiden en cuanto termina la necesidad puntual. Son personas que están en una bolsa y las llaman cuando quieren, siempre bajo la idea de que, si lo das todo en clase, quizá ese sea el mecanismo de entrada… pero en realidad nunca hay una garantía de estabilidad. Viven en un marco de precariedad tan absoluto que mucha gente muy valiosa acaba desistiendo. Te dicen que la vida académica profesional es demasiado dura. Yo misma he vivido en la precariedad mucho tiempo: he sido asociada, he cobrado muy poco, he sido "falsa asociada", pagando mi cuota de autónomos porque me obligaban, mientras trabajaba en otro empleo fuera. Y ahora nos encontramos con que la situación ha empeorado. La figura del sustituto implica estar siempre a la espera de una llamada. Cuando terminan las clases, te despiden. Y eso es lo que más rabia me da, porque estamos hablando de personas muy valiosas, muy comprometidas con lo público, que al final se cansan, se frustran y se van al sector privado.
La figura del sustituto implica estar siempre a la espera de una llamada. Cuando terminan las clases, te despiden
La nueva LESUC pretende imponer sanciones por las protestas. Desde su papel en CGT y en la Coordinadora, ¿qué gesto de profesorado o alumnado le hace pensar: "Aquí aún queda músculo"?
La organización que ha surgido a través de las plataformas ha logrado, al menos, frenar algunas cosas. No se puede decir que hayan reculado del todo, pero sí han retirado ciertos puntos. La presión tiene efecto. Esta ley tiene tres objetivos importantes. El primero es la financiación, y aunque han quitado algunas partes del borrador, no hay ninguna garantía real de que vayan a financiar correctamente a las universidades. Hasta hace poco, incluso, la ley establecía que solo se iba a financiar el 70% del coste real de poner en funcionamiento una universidad. En el último borrador —que sigue siendo solo un borrador— eso ya no aparece, pero continúa siendo una ley que permite asfixiar a la pública y fortalecer lo privado. Es una ley que desprestigia e infravalora el espacio universitario público.
Además, se pierde autonomía en muchos aspectos. Falta ver cómo se concretará todo, pero parece evidente una pérdida de autonomía muy fuerte, junto con la entrada de empresas en la toma de decisiones y más control del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los consejos sociales. Y eso nos preocupa mucho. Luego está el régimen sancionador, que, básicamente, es una ley mordaza específica para las universidades. Hablan de sanciones de 15.000 euros por pancartas no autorizadas, hasta 100.000 euros por un escrache y hasta 300.000 euros por una manifestación o concentración no autorizada. Eso dificultaría cualquier tipo de movilización dentro de la universidad. Todo lo que hemos logrado mediante organización y movilización quedaría impedido con esta ley.
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Por eso la huelga que convocamos mañana, de dos días, y también la concentración del día 4 de diciembre en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el debate de la enmienda a la totalidad. Esto acaba de empezar. Si la ley sale adelante tal y como está, sin negociación, con un proceso opaco y sin contar con la comunidad universitaria; si continúa el régimen sancionador que aparece en los borradores; si todo sigue así, no descartamos ir a la huelga indefinida.
Está muy implicada en la organización de la huelga de mañana y del jueves. ¿Qué sería para usted una victoria real? Más allá de "abrir una negociación", algo más tangible.
Es complicado alcanzar una victoria fuerte en los presupuestos, porque creo que ya ha quedado claro: ella presume de haberlos aumentado cuando, en realidad, están estancados. Para nosotros, una victoria sería paralizarlos, que prosperara la enmienda a la totalidad. Pero teniendo ella la mayoría, es muy difícil. Otra victoria importante sería el reconocimiento: que nos sentáramos en una mesa y se nos reconociera política y socialmente como actores de la comunidad educativa universitaria. Eso sería fundamental. O arrancar un compromiso de llegar al 1% del PIB en los próximos tres años.
Lo único que nos queda es presionar, mantener el conflicto y seguir luchando. Y, si en un futuro toda esta presión y estas huelgas sirven para paralizar la LESUC, sería otro logro. De hecho, ya hay pequeños logros: esta ley debía haberse aprobado hace un año y no se ha aprobado; ni siquiera se ha presentado. Si entras en su página web, verás que hace más de un año se abrió la consulta pública, pero no hay articulado ni nada, solo una introducción con los objetivos de la ley. Esto fue hace un año. Querían haberla aprobado antes de cerrar 2024, estamos cerrando 2025 y sigue sin aprobarse.
Imagine que pudiera escribir un cartel en la puerta de la Complutense dirigido a la administración y a la comunidad educativa. ¿Qué frase pondría?
Nuestro lema es: "Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian". Creo que eso resume bastante bien nuestra posición. Luchamos para conseguir una universidad pública gratuita para todas, todos y todes, que no vuelva a excluir a nadie. Y vamos a seguir luchando hasta el final: si no hay respiro para nosotras, para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian.
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