Los profesores salen a la calle contra Ayuso y sus políticas de demolición de la educación pública

"En esta manifestación, buscamos que la ciudadanía se plante ante la destrucción de algo que, de una u otra manera, es de todos", declara Ana Vicenti, portavoz de la Asamblea Menos Lectivas. La organización de docentes, junto a más de una veintena de colectivos de base y sindicatos, asegura que el próximo domingo 23 de febrero a partir de las 12.00 horas las calles de Madrid −empezando por Atocha− se llenarán de manifestantes para denunciar lo que consideran un "desmantelamiento del sistema educativo público" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Vicenti asegura en declaraciones a Público que "el profesorado de la enseñanza pública está asistiendo a un proceso de desarticulación constante y vertiginoso, mientras que la financiación a los centros concertados y privados no deja de aumentar por diferentes vías". Insiste en que esta no es solo una lucha del profesorado, sino una causa que afecta al conjunto de la sociedad desde hace décadas, "cuyo derecho a una educación pública, gratuita y de calidad está en juego".

Menos lectivas reitera sus principales demandas para esta movilización, entre ellas la reducción de las horas lectivas y de las ratios, el refuerzo del personal de apoyo y el adecuado mantenimiento de las infraestructuras educativas. "Es intolerable que la comunidad con el mayor PIB per cápita sea la que menos invierte por alumno", subraya Vicenti.

La protesta cuenta con el apoyo de movimientos de profesores y estudiantes en defensa de la educación pública de las universidades Complutense de Madrid (UCM), Autónoma de Madrid (UAM), Carlos III de Madrid (UC3M) y de Alcalá (UAH). También respaldan la convocatoria la plataforma FP sin prácticas, los sindicatos CGT, CNT Enseñanza y STEM, colectivos estudiantiles como el Sindicato de Estudiantes y Abrir Brecha, personal no docente, diversas asociaciones de familias y la Asamblea Menos Lectivas, entre otros.

UGT acusa al PP de deteriorar la educación pública

Fuentes de UGT Enseñanza Pública no universitaria han confirmado a este medio su participación en la movilización de este domingo. Entre los motivos que justifican su adhesión, destacan que "Madrid sigue siendo la única comunidad autónoma donde el profesorado de Secundaria, Formación Profesional, Régimen Especial y Educación de Adultos debe cumplir 20 horas lectivas semanales, mientras que el cuerpo de maestros alcanza las 25 horas".

El sindicato considera "imprescindible" aumentar los cupos y las plantillas en los centros educativos de la región y reclama la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, subrayando que Madrid, pese a tener el mayor coste de vida, "mantiene los salarios docentes entre los más bajos de España".

Además, exigen una reducción inmediata de las ratios en todas las etapas educativas "para mejorar la calidad de la enseñanza y la atención individualizada del alumnado". También piden una dotación urgente de recursos para garantizar las medidas de atención a la diversidad, un plan para disminuir la carga burocrática del profesorado y denuncian la falta de autonomía de los centros para decidir el tipo de jornada escolar.

UGT también manifiesta su "profundo rechazo" a las políticas neoliberales privatizadoras del Partido Popular en la región, a las que responsabilizan de la "degradación paulatina de la Escuela Pública" durante la última década. Según denuncian, estas medidas han favorecido el traslado de recursos públicos a empresas privadas, un proceso que, aseguran, es especialmente evidente en los grados de Formación Profesional.

Por su parte, fuentes de CCOO Enseñanza Madrid coinciden con esta posición y reiteran a Público su participación en la movilización de este domingo y su compromiso con la defensa de la educación pública. El sindicato exige a la Administración "medidas concretas y compromisos firmes" para garantizar una educación pública de calidad, mejorar las condiciones laborales del personal educativo y dignificar la profesión docente. Además, advierte que no aceptará "propuestas insuficientes ni dilataciones injustificadas" y que, de no atenderse sus demandas, intensificará las movilizaciones hasta alcanzar sus objetivos.

Universidades madrileñas, en pie de guerra

"Ayuso escucha, la uni está en lucha". Este fue el grito de un grupo de estudiantes de la plataforma UCM por la Pública durante un acto que se celebró la semana pasada, en el que Ayuso fue nombrada "Académica de Honor" en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Los manifestantes  desplegaron una pancarta con la inscripción "23-F: contra la privatización de la universidad pública", en alusión a la "gran manifestación" convocada este domingo.

La comunidad educativa de las universidades se unirá a la manifestación en rechazo a la nueva ley promovida por la presidenta madrileña, aprobada en diciembre del año pasado. Entre otras medidas, la normativa impulsada por Ayuso contempla el aumento de las tasas académicas y una mayor segregación.

Fuentes de la plataforma UCM por la Pública, en declaraciones a este medio, aseguran que "este es el momento de la educación pública en Madrid". Además, señalan que la movilización del 23-F es "el primer paso de una respuesta contundente y organizada a largo plazo", con la que no solo buscan recuperar los derechos perdidos, sino también avanzar hacia el modelo educativo que defienden.

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Fuentes de UCM por la Pública: "La externalización de servicios en las universidades ha deteriorado su calidad"

La plataforma denuncia que, para hacer frente a la situación de asfixia financiera y mantener los recursos mínimos, las universidades públicas han recurrido a la externalización de servicios, lo que, según afirma, "ha deteriorado su calidad y precarizado las condiciones laborales del personal". Además, critica el aumento de las "donaciones" privadas, una práctica que, a su juicio, ha facilitado la entrada de empresas en la universidad pública, alineando la actividad académica con los intereses del mercado y limitando la autonomía universitaria.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que, desde los años 2000, las universidades públicas han logrado mantenerse a flote gracias a los 456,2 millones de euros obtenidos en sentencias del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Estas resoluciones judiciales responden al incumplimiento de los planes de financiación e inversión durante su mandato en la Comunidad de Madrid", explican.

UCM por la Pública recalca que el Gobierno de Ayuso es el que menos invierte por alumno en toda España, con una inversión un 21% inferior a la media nacional, lo que ha llevado a cinco de las seis universidades públicas madrileñas a estar en números rojos. Además, advierte que la financiación actual es, en términos nominales, inferior a la de 2009. El último golpe económico, aseguran, se refleja en los presupuestos de 2025, que contemplan un incremento del 4,2% respecto a 2024, una cifra muy por debajo del 17,9% que los rectores consideran necesario para "salvar los muebles".

Fuentes de UCM por la Pública: "La calidad se paga. Nosotros lo hacemos con nuestro esfuerzo. ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno de Ayuso?"

La plataforma subraya que no se puede exigir el pago de matrículas exorbitantes mientras se asignan recursos mínimos a la educación. "Nuestras reivindicaciones son fáciles de entender: la calidad se paga, nosotros y nuestras familias lo hacemos cada día con nuestro esfuerzo. ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno autonómico?", cuestiona. En este sentido, señala que usar el dinero público para fines que no corresponde es una forma de malversación, aunque en la Comunidad de Madrid lo denominan "presupuestos generales".

"Necesitamos dinero"

UCM por la Pública afirma que las demandas de las universidades son claras: "Revertir la infrafinanciación, mejorar las contrataciones y garantizar un servicio público de calidad para todos". "Necesitamos dinero", insisten. Añaden que los rectores han estado advirtiendo desde noviembre que no pueden sostener por más tiempo la asfixiante situación económica que enfrentan las instituciones.

La organización subraya que la educación de calidad no puede convertirse en un bien de lujo, sino que debe ser accesible para todos. Actualmente, afirma, no lo es. Las mismas fuentes señalan que las tasas universitarias son "escandalosas" y, a cambio, los estudiantes reciben unos servicios que se ven reducidos a lo mediocre en una universidad que se considera de excelencia. Además, destacan que la educación se sostiene principalmente por la vocación del profesorado, ya que, según indican, "nadie sin vocación aguantaría la precariedad que viven".

Este 23-F, aseguran, no saldrán a la calle para defender derechos perdidos, sino para conquistar nuevos. "No nos conformamos con que se reviertan los presupuestos, queremos un cambio en el sistema que garantice el acceso gratuito y de calidad a la educación", afirman. "Este domingo marcará el inicio de nuestra ofensiva", sentencian.

Daniel Maire-Richard (Abrir brecha) afirma que los colectivos se dirigen hacia una huelga estudiantil y educativa

Por su parte, Daniel Maire-Richard, portavoz de la organización juvenil Abrir Brecha, comparte la misma postura y afirma a Público que los colectivos se dirigen hacia una huelga estudiantil y educativa que abarque a todos los sectores. En su opinión, se está viviendo un ataque sistemático con el claro y evidente objetivo de favorecer a al sector privado y a la élite madrileña. 

Público también se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación de Madrid, pero no ha recibido ninguna respuesta.

Todos los sectores implicados −profesores, estudiantes, familias y sindicatos− coinciden en que la lucha seguirá adelante y aseguran que las políticas de privatización y los ataques del Gobierno de Ayuso no lograrán desprestigiar a la educación pública en Madrid. Este domingo saldrán a las calles para exigir cambios y esperan una respuesta urgente de la Consejería de Educación en la reunión con la Mesa Sectorial prevista para el próximo martes 25 de febrero.