La universidad pública se planta contra el último 'ayusazo': "Nos roba el ascensor social que tuvieron nuestros padres"

La estocada final del Gobierno de Ayuso a la universidad pública madrileña ya es inminente. Asestó el primer golpe con la proposición de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (LESUC), un texto que levantó polémica desde el minuto uno. La normativa abre de par en par la puerta a la entrada de capital privado en las instituciones públicas. En su borrador se recogió literalmente: "Las universidades públicas podrán constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos". Por si esta iniciativa no fuera suficiente, también restringe la protesta estudiantil en los campus. Todo esto enmarcado en un escenario ya de por sí desigual: Madrid cuenta con 14 universidades privadas frente a solo seis públicas. Más del doble.

El último ayusazo llegó con la presentación de los presupuestos autonómicos para el próximo año. Aunque el Ejecutivo popular presumió de un incremento del 6,5% —75,3 millones más— para las universidades públicas, la realidad es muy distinta. Tras más de una década de recortes y con una inflación acumulada que supera el 30% desde 2009, la financiación sigue muy lejos de recuperar niveles previos a la crisis. En otras palabras: asfixia y más asfixia. ¿El resultado? El mismo que hasta ahora: Madrid se sigue situando a la cola en inversión por universidad pública. 

Para poner freno a un modelo que empuja a la educación pública hacia un callejón sin salida, la Coordinadora de Plataformas en defensa de las seis universidades públicas de Madrid (Cupumad) ha convocado una huelga general educativa este miércoles y jueves, 26 y 27 de noviembre. El parón, respaldado por CCOO, UGT, CGT y CNT, viene precedido de un calendario de movilizaciones que comenzó la semana del 3 al 7 de noviembre con charlas informativas y jornadas de organización en varios campus. Afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de los seis centros educativos: Autónoma (UAM), Complutense (UCM), Rey Juan Carlos (URJC), Politécnica (UPM), Carlos III (UC3M) y Alcalá de Henares (UAH). También se prevén concentraciones frente a la asamblea de Madrid y la Consejería de Educación, además de organizar una manifestación colectiva.

¿Por qué dicen "basta"? Los organizadores de la huelga denuncian que el presupuesto destinado a las universidades públicas madrileñas no llega al 0,5% del PIB, cuando la ley orgánica establece un mínimo del 1%. Reprochan que esta "infrafinanciación sostenida" responde a una "estrategia deliberada para llevar a las universidades públicas al colapso financiero, con el objetivo de impulsar la financiación privada y promover modelos de gestión orientados al beneficio empresarial".

Jesús Escribano, CCOO: "La Comunidad de Madrid es la región del Estado que peor financia sus universidades"

Jesús Escribano, secretario de universidad en la federación de enseñanza de CCOO de Madrid, responde a Público en los mismos términos: "La Comunidad de Madrid es la región del Estado que peor financia sus universidades". "Desde cualquier perspectiva —gasto por alumno, porcentaje del PIB—, la universidad madrileña recibe sistemáticamente menos de lo que necesitaría. El incremento presupuestario suele ser inferior al crecimiento medio del presupuesto autonómico e incluso, al compararlo con el IPC, muchas veces se traduce en una congelación o, en el peor de los casos, en un recorte real", razona. También critica la nueva LESUC: "La ley busca un mayor control de las universidades mediante los consejos sociales, fomenta la privatización del sistema al favorecer a las universidades privadas y deja por escrito la infrafinanciación sin garantizar que la región cubra el 100% de los gastos de sus centros. Además, introduce medidas que sancionan las protestas y movilizaciones estudiantiles con fuertes multas". Con todo, desliza que la huelga convocada "es clave para defender el modelo universitario público madrileño".

Isabel Galvín, profesora de la UCM, también corrobora el "estrangulamiento económico estructural" de la universidad pública madrileña. "Se sostiene gracias al compromiso absoluto del profesorado y del personal técnico y de administración (PTGAS), a pesar de las malas condiciones laborales: contratos temporales, salarios bajos y escasas oportunidades de desarrollo docente e investigador", confiesa en conversación con este diario. "En estas circunstancias, podemos hablar sin dudas de explotación".

Isabel Galvín, docente de la UCM: "Desde 2019 hasta septiembre de 2025, las universidades arrastran una falta de 290,5 millones"

La docente recuerda que los recortes comenzaron en 2011, y desde entonces "las universidades han acumulado un déficit crónico". "Solo desde 2019, con Ayuso al frente del Gobierno regional, hasta septiembre de 2025, las universidades madrileñas arrastran una falta de presupuesto de 290,5 millones, en un contexto de inflación del 23,3%". Sobre el proyecto de presupuestos para 2026, Galvín opina que es "totalmente insuficiente" y que "no solo perpetúa la crisis, sino que la agrava". "Esta situación roba a las generaciones presentes y futuras la oportunidad de acceder a la universidad pública y disfrutar de ese ascensor social que sí tuvieron sus padres y abuelos", precisa.

Monserrat Rius, portavoz de UCM por la Pública, detalla a Público los efectos de la infrafinanciación universitaria: "La masificación afecta directamente a la calidad educativa: no se puede ofrecer la misma formación a un grupo de 50 estudiantes que a uno de 30. Con grupos gigantes, es imposible dedicar el tiempo necesario a prácticas, trabajos o tutorías. Cuando las clases se llenan por falta de profesorado para abrir nuevos grupos, muchos estudiantes se quedan fuera de una educación superior a la que tienen derecho, lo que contradice nuestro modelo social. Los recortes en educación provocan que generaciones jóvenes se enfrenten a una formación de menor calidad, generando pesimismo y falta de expectativas, además de retrasos en proyectos de investigación pública por la escasez de personal que pueda desarrollarlos".

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La cosa no termina aquí. Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid también lanzaron un SOS hace no mucho. El 28 de noviembre del año pasado, publicaron una carta abierta dirigida a la administración popular alertando sobre la "insostenibilidad económica" del sistema. Advirtieron que, sin un plan de financiación plurianual y un aumento presupuestario mínimo del 4%, no podrían garantizar ni la calidad ni la continuidad de los servicios. Este reclamo se ha mantenido en el tiempo. A finales de este año, Joaquín Goyache, rector de la Complutense, llegó a plantear la necesidad de un préstamo de 34,4 millones de euros para cubrir las nóminas del próximo curso de sus 11.400 trabajadores. Por su parte, Abraham Duarte, rector de la URJC, definió a su universidad como "la peor financiada de España", recordando que el presupuesto "no se actualiza desde hace más de 20 años". 

El alumnado madrileño también movió ficha. En abril de este año, más de 200 estudiantes participaron en un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la UCM para reclamar un aumento de la financiación. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también vio venir de lejos la motosierra de Ayuso. La socialista aseguró que la LESUC es "un tijeretazo en toda regla a la universidad pública". Con todo, la Coordinadora de Plataformas ha convocado a decanos, directores de departamento y rectores a sumarse a las movilizaciones de este miércoles y jueves, extendiendo el llamamiento a todas las universidades públicas de España que sufran infrafinanciación por parte de sus gobiernos autonómicos o del Estado.