España, a la cola de la Unión Europea en inversión universitaria

La universidad española sigue atrapada en una brecha de financiación. Así lo advierte el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el estado del sistema universitario en 2024: el país invierte menos en educación superior que la media europea y de la OCDE. El estudio revela que el gasto total por estudiante en España ronda los 16.000 euros, una cifra un 19,5% inferior al promedio de los países de la OCDE (19.800 euros) y un 14,5% menor que la media de la Unión Europea (18.600 euros). 

La investigación también pone el foco en las desigualdades territoriales. Según los datos, Madrid es la comunidad que menos invierte por estudiante, con 6.929 euros por alumno, seguida muy de cerca por Castilla-La Mancha (6.925 euros) y Balears (6.832 euros). En el extremo opuesto, La Rioja encabeza la lista con 10.905 euros, seguida de Euskadi (8.976 euros) y Cantabria (8.968 euros). En conjunto, el informe calcula que la media de transferencias recibidas por alumno en las universidades públicas presenciales durante el curso 2022-2023 fue de 6.671 euros.

El contraste se agrava si se comparan los precios que los estudiantes pagan por estudiar. Madrid lidera también el ranking de las comunidades con las matrículas universitarias más caras. En 2022, los alumnos de las universidades públicas madrileñas abonaron una media de 1.620 euros por curso, seguidos de los de Catalunya (1.508 euros) y Aragón (1.302 euros). En el otro extremo, Andalucía (815 euros), Canarias (776 euros) y Galicia (738 euros) registraron las tasas más bajas. Las diferencias son aún más llamativas al observar casos concretos: en la Universidad Carlos III de Madrid la matrícula ascendió a 2.294 euros, mientras que en la Universidad de Barcelona el coste medio fue de 1.936 euros. En cambio, en las universidades de A Coruña, Vigo o Jaén el precio no alcanzó los 800 euros. 

Madrid lidera el 'ranking' de las comunidades con las matrículas universitarias más caras:  una media de 1.620 euros por curso  

Entre las instituciones que más ingresan por precios públicos, cinco universidades madrileñas figuran entre las diez primeras: Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y Alcalá. Les siguen cuatro catalanas —Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida— y la Universidad de Zaragoza. Al otro lado, las universidades con las menores recaudaciones por matrícula se concentran en Galicia y Canarias, con las tres gallegas y las dos canarias, mientras que el resto corresponde a universidades andaluzas. 

El análisis también detalla que el precio medio del crédito en primera matrícula en los grados de universidades públicas españolas durante el curso 2023-2024 fue de 15,49 euros. "Esto supondría que un grado de cuatro años (240 créditos) costaría 3.717,6 euros de media, es decir, 929,4 euros por curso, siempre que todas las asignaturas se superen a la primera", indican. Sin embargo, esto también cambia dependiendo del territorio: cursar un grado de cuatro años en Navarra sin repetir asignaturas supondría 4.629,6 euros (1.157,4 euros por curso), mientras que en Galicia el coste sería de apenas 2.808 euros (702 euros por curso). 

¿Podrá España alcanzar el 1% del PIB?

El desafío para España radica en elevar la inversión universitaria hasta cerca de 22.000 millones en 2030, cumpliendo así con el 1% del PIB que establece la Ley de Universidades (LOSU). Pero la realidad dice lo contrario, ya que la financiación de las universidades públicas depende en gran medida de las comunidades autónomas. Según la Fundación CYD, en 2022 estas aportaciones representaron el 82% de los recursos de las universidades. Muchas instituciones consideran insuficiente esta inversión, sobre todo las seis universidades públicas de Madrid, que denuncian una "asfixia financiera" histórica.

Los números se inscriben en un momento crítico: a pocos días de que las seis universidades públicas madrileñas inicien una huelga general por el "estrangulamiento financiero", el Gobierno ha reactivado la Comisión de Trabajo creada en noviembre de 2024, que reúne al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la CRUE, estudiantes y sindicatos, con el objetivo de diseñar un calendario para alcanzar el 1% del PIB en inversión universitaria para 2030. Por su parte, la Comunidad de Madrid, la que más encabeza las listas, comunicó que no participará en estas reuniones. También faltó la consejería extremeña.

Montse Álvarez, coordinadora del informe de CYD, incide que el reto de la financiación universitaria en España no se limita a la escasez de recursos frente a la media europea u OCDE, sino que también "pasa por dirigir esa inversión hacia objetivos estratégicos que potencien la calidad y la eficiencia del sistema". Álvarez sostiene que "el aumento de la inversión debe ir acompañado de un uso estratégico de los fondos y de una rendición de cuentas basada en resultados concretos".