La Complutense baraja pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para pagar nóminas por la falta de financiación de Ayuso

La infrafinanciación de la universidad pública en la Comunidad de Madrid no era ningún secreto y ha terminado por evidenciarse. Tras recurrentes advertencias y anuncios de falta de fondos públicos, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su rector, Joaquín Goyache, han puesto sobre la mesa la posibilidad de solicitar un préstamo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para poder pagar las nóminas del curso que viene. 

La UCM ha confirmado a Público que la solicitud del crédito es de 34.469.224,34 euros y está pensado "para afrontar pagos de todos los capítulos debido al déficit estructural que viene soportando la universidad desde hace años". La universidad asegura que no puede dar más información al respecto, puesto que los detalles primero tienen que ser discutidos antes de hacerlos públicos. A pocos meses de que el Gobierno de Ayuso presente los Presupuestos para el año 2026, la universidad quiere visibilizar una situación alarmante.

El estado de las cuentas de la Universidad Complutense está en una situación tan raquítica que el equipo de Gobierno de la universidad pública más grande de España ya deslizó en su consejo de gobierno celebrado en julio la solicitud de crédito a la Comunidad de Madrid que tendría un interés previsto del 2,8%. La propuesta se elevó al Consejo Social de la universidad, donde debía aprobarse, pero la medida ha quedado en stand-by hasta nuevo aviso. Desde la Consejería de Educación de Emilio Viciana reconocen esas conversaciones, pero aseguran que aún no ha llegado ninguna propuesta en firme. El equipo del consejero remite a un comunicado emitido en verano, en el que confirmaban que se "está estudiando la concesión" y que "lleva meses" lidiando con las demandas de la universidad por la falta de financiación.

Mientras la universidad pública lucha por subsistir económicamente, la presidenta estrenaba este viernes el curso universitario en acto inaugural celebrado en la universidad de Alcalá de Henares. Allí, Ayuso presumía de que "las universidades madrileñas son uno de los mejores escaparates de la región y magníficas embajadoras en el mundo", sin hacer mención alguna al drama que vive la Complutense, que se ve incapaz de afrontar el curso 2025-2026 con los presupuestos destinados por el Gobierno del Partido Popular.

Ninguna de las partes, ni universidad ni Gobierno, explican si esta es una fórmula habitual de las universidades públicas para encontrar financiación, aunque la oposición ha asegurado que se trata de algo inédito. Mientras, la Comunidad de Madrid guarda silencio sepulcral. En la comisión de Educación del pasado martes en la Asamblea de Madrid, el Director General de Universidades, Nicolás Casas, no dio ningún detalle a pesar de las preguntas lanzadas por el PSOE. Casas se defendió ante las denuncias por falta de financiación a las universidades y aseguraba que se han realizado transferencias corrientes de carácter nominativo a los centros públicos por valor de 1.052 millones de euros. Cuando los portavoces del PSOE le preguntaban por ese préstamo en camino, Casas cambiaba de tema y hablaba de la quita de la deuda a Catalunya y cuestiones alejas a Educación.

Desde el grupo socialista en la Asamblea denuncian la precariedad de la universidad pública. No comprenden cómo un centro público deba hipotecarse frente a su propio Gobierno en lugar de recibir la financiación adecuada: "La falta de inversión en la universidad ha supuesto un deterioro acumulado que no se resuelve con préstamos. Lo que necesita la universidad pública es un cambio profundo y sostenido de su modelo de financiación. Proponemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid asuma directamente el coste del préstamo", alegan fuentes socialistas. 

Ayuso prepara una ley muy polémica

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid invierte el 0,43% del PIB de la región en las universidades públicas, por debajo de la media nacional (0,55%). La falta de recursos llevó a que los dirigentes de las seis universidades públicas de la ciudad (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares) a pedir por carta a la presidenta que resolviera la "insostenibilidad económica" que afrontan los campus universitarios. Cuando la presidenta anunció una partida presupuestaria tras una reunión de emergencia por la falta de fondos, se decidió repartir 47,3 millones entre los centros públicos. Los rectores denunciaron que estimaban las necesidades de la universidad en un presupuesto cuatro veces mayor al que había firmado el Gobierno. 

El Gobierno de Ayuso trabaja en una Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que se ha pospuesto en varias ocasiones y del que por ahora solo se conocen borradores. Sin embargo, el texto preliminar ya ha provocado fuertes terremotos en las universidades. La carta unificada de los rectores se entregó tras leer el documento sobre el que trabajaba la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde se desarrollaba un plan de financiación que pretende no aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. El 30% restante deberá recolectarse por otros formatos, de ahí que se plantee en ese borrador que fondos de inversión entren con capital privado en las universidades públicas. El Gobierno madrileño pretende forzar a las universidades públicas a convertirse en concertadas a través de una ley de financiación muy polémica que ha contrariado a la comunidad educativa. 

Este viernes, Ayuso volvía a hablar de la futura LESUC. Sin entrar en detalles, aseguraba que cuenta con la participación "de toda la comunidad universitaria", a pesar de la fuerte oposición que ha despertado en las universidades públicas. La infrafinanciación ha sido una constante en el debate de la región e incluso durante la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, el partido líder de la oposición, Más Madrid, propuso un plan de emergencia para inyectar dinero en las universidades. La formación proponía derivar 300 millones de euros de los Presupuestos ya asignados para que fueran inyectados en centros públicos, pero el Gobierno de Ayuso votó en contra.