De la asfixia a las universidades públicas a la censura en las aulas: los 'suspensos' de Ayuso en Educación
En apenas 48 horas, la Consejería de Educación de Madrid ha renovado su equipo, mientras la comunidad educativa espera que se atiendan las asignaturas pendientes del exconsejero Emilio Viciana.
Madrid--Actualizado a
En apenas 48 horas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha entrado en barrena. La cadena de salidas comenzó con el cese del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y se ha extendido como un dominó institucional. Han caído también Pablo Posse, portavoz del Partido Popular en materia educativa en la Asamblea; Nicolás Javier Casas, director general de Universidades; y María Luz Rodríguez de Llera, directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Según trascendió, los dos últimos comunicaron al propio Posse que abandonarían sus cargos en cuestión de días. El dirigente popular avanzó además la inminente dimisión de otras dos diputadas, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, tal y como adelantó eldiario.es.
El desplome del equipo de Isabel Díaz Ayuso llega lastrado por una mochila cargadísima de asignaturas pendientes. En los últimos años, los populares han acumulado varios frentes abiertos: desde la tramitación de la polémica Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), hasta el blindaje de la educación concertada, pasando por huelgas y movilizaciones de la comunidad educativa, la denuncia de la precariedad y sobrecarga docente o la implantación de la jornada escolar partida.
A ello se suman la puesta en marcha de los Medios CEIPSOS, la represión de protestas estudiantiles y de docentes —incluidas las vinculadas a debates sobre el genocidio en Gaza en las aulas—, el deterioro denunciado por familias de la Educación Especial y el escándalo por las presuntas irregularidades en la gestión de la Formación Profesional (FP).
La ley que infrafinancia a las universidades públicas
Las universidades han sido, probablemente, el frente más convulso de la gestión educativa del Gobierno de Ayuso. Desde junio de 2023, el exconsejero Viciana asumió el cargo con una misión: sacar adelante la LESUC. Pero la ley encalló. El rechazo frontal de los rectores de las seis universidades públicas y de amplios sectores del estudiantado terminó por bloquearla.
La norma nació ya rodeada de polémica. Sus detractores denunciaban que afectaba a derechos estructurales de toda la comunidad universitaria, especialmente en materia de financiación. O, más bien, de infrafinanciación. Las seis universidades públicas madrileñas —Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Carlos III, Politécnica y Alcalá— llevan años denunciando un deterioro progresivo de sus recursos.
Este miércoles, la Complutense aprobó un recorte de 33,18 millones de euros para hacer frente a su delicada situación económica
La situación se ha agravado en los últimos meses. Este miércoles, la Universidad Complutense aprobó un recorte de 33,18 millones de euros para hacer frente a su delicada situación económica. Este mismo centro tuvo que solicitar a finales del pasado ejercicio un préstamo de 34,5 millones a la propia Comunidad de Madrid —su financiadora teórica— tras acumular un déficit de 142 millones entre 2023 y 2024. Ya el 28 de noviembre de 2024, los rectores de las universidades públicas lanzaron una carta abierta alertando de la "insostenibilidad económica" del sistema.
Desde entonces, ha prevalecido un único diagnóstico: ayudas que no llegan, estudiantes becados obligados a adelantar matrículas, presupuestos de investigación retenidos, contratos truncados y plantillas que temen por el pago de nóminas. En paralelo, mientras crecía el debate sobre la infrafinanciación estructural, Viciana comunicó al Ministerio que Madrid no participaría en la comisión estatal para elevar la financiación universitaria pública hasta el 1% del PIB en 2030. Traducido: la región no pondría más dinero sobre la mesa.
La LESUC volvía a aparecer ahí. El borrador del proyecto planteaba destinar diez millones adicionales a las universidades públicas que cumplieran ciertos objetivos de captación de fondos externos, resultados académicos o competitividad. Pero la letra pequeña era otra: el plan regional cubriría como máximo el 70% del presupuesto universitario, obligando a las instituciones a buscar el 30% restante por otras vías. Entre ellas, la entrada de capital privado y fondos de inversión.
El último capítulo llegó con los nuevos presupuestos autonómicos. El Ejecutivo regional defendió un incremento del 6,5% —75,3 millones más— para las universidades públicas. Sin embargo, en un contexto de más de una década de recortes y con una inflación acumulada superior al 30% desde 2009, la financiación sigue lejos de recuperar los niveles previos a la crisis.
La universidad privada gana terreno en la región: Ayuso inició el año pasado los trámites de la decimocuarta
Esta infrafinanciación coincide con la universidad privada ganando terreno en la región. El año pasado, Ayuso inició los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada de la Comunidad de Madrid. Casualmente, el anuncio coincidió con la reunión de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con las comunidades autónomas, en la que comunicó su intención de endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades privadas.
Sanciones por protestar y censura en las aulas
El borrador de la LESUC, fechado el 29 de mayo de 2025, también incluye sanciones que podrían alcanzar los 100.000 euros por protestar en las universidades sin autorización. El artículo 89 establece un catálogo de infracciones clasificadas en "muy graves", "graves" y "leves". Entre las infracciones "muy graves", con multas que oscilan entre 100.000 y un millón de euros, se encuentran acciones —o la omisión de ellas— que "no garanticen la pluralidad y la libertad en el campus", afectando a la libertad de expresión y de cátedra. Las manifestaciones o escraches sin permiso que interfieran con otras actividades se consideran "graves" y podrían sancionarse hasta con 100.000 euros. Incluso colgar una pancarta sin autorización podría ser calificado como falta "leve" y suponer hasta 15.000 euros de multa.
La represión llegó a las universidades: alumnas acusadas por manifestarse contra Vox, o la intervención contra miembros de la Organització Juvenil Socialista
Lo cierto es que la sombra de esta represión ya se estaba materializando. El año pasado, estudiantes de varias universidades españolas denunciaron acciones represivas de las fuerzas de seguridad. Entre los casos más sonados, destacan las acusaciones a varias alumnas en el campus de Somosaguas de la Complutense por manifestarse contra Vox, o la intervención contra miembros de la Organització Juvenil Socialista en Alacant. Pero no solo los estudiantes han sentido la presión. Varios profesores de colegios e institutos madrileños denunciaron haber sido censurados o presionados por mostrar apoyo al pueblo palestino o por desarrollar actividades escolares sobre el genocidio.
Blindar la educación concertada
Las cuentas autonómicas para este año consolidan también otro de los pilares de la política educativa del equipo de Ayuso: el refuerzo de la educación concertada. El programa 323M —"Educación concertada, becas y ayudas al estudio"— incrementa su dotación en 39,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
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En cifras globales, el Gobierno madrileño prevé destinar 1.658.534.043 euros a este capítulo, frente a los 1.618.681.751 consignados en 2025. La mayor parte del presupuesto —1.391 millones— irá a financiar los conciertos educativos, es decir, la enseñanza impartida en centros privados sostenidos con fondos públicos. Son 37,2 millones más que el año anterior, cuando esta partida alcanzó los 1.353,8 millones.
Un profesorado precarizado
Desde hace años los profesores madrileños denuncian una precariedad enquistada que, aseguran, erosiona la calidad educativa y su propia salud laboral. Reclaman una reducción de ratios para "poder enseñar sin la presión constante de aulas masificadas" y alertan del déficit crónico de personal especializado en unas escuelas cada vez más diversas. La sobrecarga de trabajo —agravada por una burocracia desbordante— es su pan de cada día.
El profesorado madrileño pide una bajada de ratios, más personal especializado y menos carga burocrática
Varios docentes de la región han trasladado a Público sus testimonios, marcados por el desgaste y la frustración. En este contexto, la falta de profesores de Matemáticas llevó al Gobierno de Ayuso a plantear un peculiar "plan de rescate": incorporar a jubilados "cualificados" y a estudiantes universitarios de tercero de Matemáticas o Ingenierías a las aulas de colegios e institutos.
Otra medida estrella: partir en dos la jornada escolar
Los populares también anunciaron a comienzos de este año otra medida educativa estrella: implantar en los colegios públicos madrileños —de Infantil, Primaria y Educación Especial— un modelo de jornada partida, con turnos de mañana y tarde, bajo el argumento de "mejorar" la jornada continua en septiembre y junio. Esta propuesta no fue bien recibida por parte del profesorado. Muchos docentes la tildaron de "aparcadero de niños con intereses ocultos".
A su juicio, la iniciativa favorecería al negocio privado: pocas familias pueden recoger a sus hijos a las 12.30, cuidarlos durante dos horas y volver a llevarlos al centro a las 14.30, lo que, sostienen, abriría la puerta a empresas privadas de comedor y actividades extraescolares. Además, cuestionaron su sentido pedagógico —los alumnos rinden menos tras el periodo de la comida— y denunciaron que dificultaría la conciliación familiar. Asimismo, recriminaron que la medida se hubiera puesto sobre la mesa sin contar con la valoración de la comunidad educativa.
Revisión de los nuevos 'Medios CEIPSOS'
Y es que, si se trata de proyectos polémicos, los de Ayuso se llevan la palma. El profesorado madrileño lleva desde el año pasado reclamando una revisión del modelo de los nuevos Medios CEIPSOS. Se trata de una fórmula impulsada por el Gobierno de Ayuso que ha incorporado 1º y 2º de la ESO en 52 colegios públicos de Infantil y Primaria. Según denuncian los docentes, estas plazas no estarían cubiertas por funcionarios de carrera, sino por personal interino, a menudo a tiempo parcial o repartido entre varios centros y, en algunos casos, impartiendo asignaturas fuera de su especialidad. Para los profesionales, este escenario "rompe la continuidad pedagógica del alumnado y agrava la inestabilidad en las aulas".
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Los docentes argumentan que los nuevos 'Medios CEIPSOS' "rompe la continuidad pedagógica del alumnado"
Irregularidades en la Formación Profesional
La Formación Profesional se encuentra en el epicentro de un conflicto judicial. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación de obras y adjudicaciones directas para la adecuación de centros educativos. Los juzgados han puesto el foco sobre la gestión de la Consejería de Educación, citando como investigados a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Se examinan más de 340 contratos, por un valor aproximado de seis millones de euros, que habrían sido fragmentados para adjudicarse sin concurso público.
Educación Especial con recursos insuficientes
Este miércoles también salió a la luz que el CEIP Virgen del Cerro, en el municipio madrileño de Vallecas, ha abierto varias aulas de educación especial este curso escolar sin contar con el material adecuado ni con el personal suficiente. Docentes y familias se han visto obligados a improvisar recursos y a adaptar mobiliario de otras aulas para poder atender al alumnado.
Esta situación ha puesto en tela de juicio tanto la calidad educativa como el bienestar de los estudiantes con necesidades especiales. Se han presentado reclamaciones ante la Consejería de Educación, el Ministerio y el Defensor del Pueblo. Por su parte, la administración asegura estar acelerando la llegada de materiales y la incorporación de personal, pero la comunidad educativa considera que estas medidas son "claramente insuficientes".
La marea educativa ruge en las calles de Madrid
La comunidad educativa madrileña no se ha quedado de brazos cruzados todo este tiempo. Al contrario. En mayo de 2024, miles de docentes y familias se manifestaron en respaldo a una huelga educativa con un mensaje: la escuela pública decía basta a las políticas del Gobierno de Ayuso. Reclamaron bajadas de ratios, reducción del horario lectivo y mejoras salariales. Meses después, en noviembre, los sindicatos plantearon la posibilidad de escalar el conflicto hacia una huelga indefinida.
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En febrero de ese mismo año, el profesorado salió a la calle contra lo que tachaban como el "desmantelamiento del sistema público". En abril del año pasado, más de 200 estudiantes protagonizaron un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la Complutense para exigir un aumento de la financiación. Ese mismo mes, el movimiento estudiantil volvió a activarse en defensa de la universidad pública y de la libertad de expresión, y se convocó una huelga los días 28 y 29 por la falta de recursos y lo que consideraban "abandono institucional".
El 22 de mayo, una nueva marea recorrió el centro de la ciudad para denunciar la falta de profesorado y los recortes. Y a finales de año, más de 7.000 personas —entre estudiantes, docentes y personal universitario— secundaron una segunda jornada de huelga para exigir al Ejecutivo popular una mejora en la financiación de las universidades públicas madrileñas.
Con todo, la comunidad educativa mantiene la mirada puesta en la nueva consejera de Educación, la diputada del PP en la Asamblea Mercedes Zarzalejo. Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Ayuso en esta legislatura. La presidenta justificó el relevo recordando que en 2023 había encargado a Viciana "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que, a su juicio, no se había ejecutado. Ahora, Zarzalejo, ¿logrará estar a la altura y asumir todas las asignaturas pendientes que arrastra la educación en la Comunidad de Madrid?
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