Caótico primer mes de curso en Madrid con aulas sin profesores y retrasos en la adjudicación de interinos

Ignacio Blas es profesor interino de Secundaria en Geografía e Historia en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Describe el nuevo curso entre "caos y falta de medios". Un comienzo atropellado que, asegura a Público, podría haberse evitado con más personal, planificación y tiempo. "Es una tortura que te obliguen a cubrir una baja a kilómetros de tu casa por apenas unas semanas", lamenta, afectado por la precariedad que arrastra la interinidad docente en la región. Para él, esta vuelta a las clases ha vuelto a poner en evidencia las grietas estructurales —cada vez más profundas— del sistema educativo público madrileño. 

Empieza por la reducción drástica de las ratios, que, según Blas, no deberían superar los 15 alumnos por aula. También menciona la disminución de la burocracia. "Nos están obligando a rellenar cuadernillos individualizados para cada alumno repetidor. Es una carga absurda que se suma a un trabajo ya de por sí desbordante". También apunta al incumplimiento de la promesa del Ejecutivo madrileño de reducir una hora lectiva a tutores y jefes de departamento. "En mi caso, me han puesto una hora extra de apoyo en Matemáticas, cuando lo lógico sería tener más tiempo para preparar clases de calidad sin ir con prisas". "Bajar las horas lectivas es cuidar al profesorado", incide. 

El profesor madrileño advierte sobre el déficit de personal especializado en los centros: orientadores, enfermeras, profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) o de Audición y Lenguaje (AL). "Solo hay enfermeras si hay niños con diabetes. En mi centro tenemos un alumno con epilepsia y, si sufre una crisis, somos nosotros quienes debemos actuar sin formación suficiente ni apoyo sanitario", confiesa. En el caso del alumnado con necesidades específicas, corrobora que la atención es intermitente: "Los especialistas entran a clase uno de cada tres días. Así es imposible garantizar una educación inclusiva".

Ignacio Blas, docente en Madrid: "Bajar las horas lectivas es cuidar al profesorado"

A la sobrecarga laboral se suma otro factor que cada año se repite: la falta de climatización en las aulas. "Madrid va camino de tener tres meses por encima de los 35 grados, según estudios de la NASA. No se puede dar clase con 30 niños a 36 grados y sin un ventilador", recrimina Blas. El trabajador, que se ha presentado ya dos veces a las oposiciones, considera que el sistema de acceso docente es "opaco" e "injusto". "Haces exámenes sin saber por qué los suspendes ni cómo mejorar, porque las rúbricas no son públicas. Así es imposible avanzar". 

Marina Pérez es profesora de Formación Profesional (FP) en la rama de Imagen Personal. Tilda el arranque de curso como "desalentador". En una charla con este medio, explica que su centro comenzó las clases sin el equipo docente completo, una situación agravada por bajas médicas y reducciones de jornada que han tardado semanas en cubrirse. "Hay vacantes que han estado sin ocupar más de un mes", admite. La precariedad también ha golpeado directamente a la enseñanza práctica, eje central de la FP. "Los talleres no están operativos, y eso significa que las prácticas no pueden realizarse. Estamos tirando solo de la parte teórica para salir del paso", responde. 

Las consecuencias, desliza, se sienten a diario: desorganización, muchísima frustración, pérdida de horas lectivas y un creciente desánimo entre el profesorado y el alumnado. "Hay estudiantes que faltan porque un día solo tienen dos horas de clase no consecutivas; los profesores de guardia están saturados, y el ambiente es de agotamiento total". En la misma línea que el docente Ignacio Blas destaca "bajar ratios de alumnado, reducir la burocracia, aumentar el personal especializado, actualizar las aulas y talleres, medidas urgentes de climatización y el fin de la derivación de fondos públicos hacia centros privados, especialmente a través de becas en FP". "El grado superior de Formación Profesional debería ser gratuito. No puede ser un privilegio estudiar una FP", condensa tajante. 

Marina Pérez, docente en Madrid: "Percibo violencia institucional hacia un pilar esencial de la sociedad.  Los profesores somos una pieza clave"

Para Pérez, en la antesala de esta situación hay algo más que descoordinación: "Percibo violencia institucional hacia un pilar esencial de la sociedad". Y engarza: "Los profesores somos una pieza clave para construir una sociedad justa e igualitaria. Si no se invierte en la educación pública, el ascensor social seguirá averiado".

La marea educativa vuelve a rugir en las calles 

Por todo ello, y bajo el lema "Por ti, por mí, por la educación pública. Por un acuerdo digno", el profesorado madrileño vuelve a ocupar las calles este sábado 18 de octubre desde las 12.00 horas desde Atocha. La movilización, convocada por la plataforma docente Menos Lectivas, busca "denunciar el deterioro estructural del sistema educativo público en la región y exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una negociación real que mejore las condiciones laborales del profesorado y la calidad educativa".

Desde la plataforma critican que la Consejería de Educación tarde semanas en asignar destino al personal interino

Desde la plataforma critican que "la Consejería de Educación tarde semanas en asignar destino al personal interino, lo que provoca aulas sin docentes durante días o incluso semanas". Además, recuerdan que el porcentaje de interinidad en Madrid supera los límites marcados por la Unión Europea, y que los salarios del profesorado madrileño siguen por debajo de la media nacional, "pese a que el coste de vida en la región es uno de los más altos del país". 

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Menos Lectivas también denuncia que Madrid sigue siendo una de las pocas comunidades —junto con Galicia, Ceuta y Melilla— que mantiene un horario lectivo de 25 horas en Primaria. En Secundaria, la prometida reducción de 20 a 19 horas no se ha aplicado a la mayoría del profesorado "por la redacción confusa" del acuerdo de abril de este año entre los cinco sindicatos que conforman la mesa sectorial y la Consejería de Educación de Ayuso con la Administración. El problema de las ratios sobredimensionadas continúa siendo otro de los ejes de la protesta. "Se siguen superando de forma sistemática los límites legales de alumnado por grupo, que van de 25 a 35 según el nivel", indican. "La ley permite un margen del 10%, pero ese tope se rebasa habitualmente, con clases de Bachillerato que llegan a 38 o incluso 40 estudiantes".

En declaraciones a Público, Ana Vicenti, portavoz de la organización, defiende que su movimiento busca una educación pública verdaderamente inclusiva y de calidad, respaldada por los recursos necesarios. "Queremos una educación que atienda la diversidad, que permita cumplir la ley y que dé al profesorado las condiciones mínimas para poder dedicar al alumnado la atención que merece". "Con las condiciones actuales eso es imposible: faltan docentes de apoyo, faltan espacios, falta equipamiento… En definitiva, falta compromiso con la educación pública", reprocha.

Ana Vicenti, portavoz de Menos Lectivas: "Faltan docentes de apoyo, espacios, equipamiento… Falta compromiso con la educación pública"

Público ha solicitado a la Consejería de Educación de Madrid información sobre varios de los aspectos denunciados por el profesorado de la región. En concreto, ha preguntado cómo justifica la Administración los retrasos en la asignación de destino del personal interino, que, según los docentes, han dejado a muchos centros con las plantillas incompletas durante las primeras semanas de curso, y qué medidas concretas prevé adoptar para evitar que esta situación vuelva a repetirse. 

Se ha consultado por qué no se ha aplicado de forma generalizada la reducción de horas en Secundaria que se había negociado con los sindicatos. También se ha preguntado cuándo prevé la Consejería equiparar las condiciones laborales del profesorado de Madrid con la media nacional. Otra de las cuestiones planteadas hace referencia a las ratios. Este medio ha solicitado a la Consejería qué mecanismos de control y corrección existen para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Finalmente, se ha preguntado si la administración tiene previsto abrir un proceso de diálogo con los colectivos docentes y revisar el actual modelo de evaluación y gestión administrativa en los centros públicos. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.