"Nos jugamos el futuro": la comunidad universitaria clama contra la "mordaza" del Gobierno de Madrid

"Ayuso impone la mordaza". La comunidad universitaria madrileña planta cara al nuevo borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) fechado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a 29 de mayo de 2025. Docentes y estudiantes denuncian "una constante por asfixiar a la educación superior pública". Esta vez, su malestar se centra en el capítulo del texto denominado "régimen sancionador", que contempla multas de hasta 100.000 euros a quienes protesten sin autorización.

El nuevo borrador, al que ha tenido acceso Público, establece un sistema de sanciones dividido en tres niveles: infracciones "muy graves", "graves" y "leves". Las multas más severas llegan incluso al millón de euros. Se aplicarán a quienes, por acción u omisión, "no garanticen la pluralidad y la libertad en el campus", con especial énfasis en la libertad de expresión y de cátedra. Además, las protestas o "escraches" sin autorización que bloqueen otras actividades serán consideradas faltas "graves", castigadas con multas de hasta 100.000 euros. Incluso colgar una pancarta sin permiso podrían ser calificados como infracción "leve" y conllevar sanciones de hasta 15.000 euros.

Tras conocer la versión actualizada de la ley, fuentes de la red universitaria UCM por la Pública han confirmado a Público que seguirán adelante con su lucha. Por ello, hacen un llamamiento a todo el estudiantado y personal de las universidades públicas de Madrid, así como al conjunto de la ciudadanía, para "escalar las movilizaciones" contra una normativa que, a su juicio, convierte la educación superior en un "negocio" y "atenta contra las libertades más básicas". 

"Vamos a defender la universidad como un espacio autónomo, donde la libertad de ciencia y de conciencia no puedan ser recortadas", subrayan. Asimismo, reclaman al Ejecutivo regional "presupuestos dignos" y que ponga fin a la asfixia de las universidades públicas, a las que −denuncian− convierte en negocios privados de baja calidad. "La comunidad universitaria exige respeto a nuestra autonomía, una financiación justa y el derecho constitucional a una educación pública de calidad", advierten. Nos estamos jugando nuestro futuro y nuestras libertades", aseguran en un comunicado público. "Este otoño vamos a parar esta ley para conquistar la universidad pública que nos merecemos", sentencian.

La red UCM por la Pública planea protestas para el otoño contra lo que considera una "mordaza universitaria"

"Un espaldarazo para impulsar universidades privadas"

"¿Libertad o dictadura?", se pregunta Enrique Javier Díez, doctor en Ciencias de la Educación. En declaraciones a Público, asegura que la intención de Ayuso es "prohibir, perseguir y sancionar a quienes protesten contra los recortes en la universidad pública y el asfixiante bloqueo financiero al que la somete". "Es propio de un régimen dictatorial", dice. El experto denuncia que "Ayuso quiere recuperar el franquismo universitario y el falangismo académico, aliándose con la extrema derecha, para quienes ella es un referente". 

Enrique Díez, doctor en Ciencias de la Educación: "La ley de Ayuso nace como una venganza personal y política contra las movilizaciones"

Según Díez, esta ley nace "como una venganza personal y política contra las movilizaciones que surgieron tras su nombramiento como alumna ilustre en la Universidad Complutense, contra las acampadas por Palestina y contra las protestas de profesores y rectores por los recortes". Además, señala que esta normativa es "un espaldarazo para impulsar las universidades privadas-chiringuitos, donde sus allegados hacen jugosos negocios". Y concluye: "Mientras todo esto ocurre, las seis universidades públicas madrileñas se encuentran al borde de la ruina por el estrangulamiento económico impuesto por el Gobierno de Ayuso".

El 'déjà vu' de Ayuso

Tras la filtración de la nueva versión del borrador de la LESUC, la presidenta regional salió a desmentir la información a través de un escueto mensaje en la red social X (antes Twitter): "Esta noticia es falsa". Minutos después, compartió un vídeo del consejero de Educación, Emilio Viciana, quien defendió la propuesta normativa. Viciana afirmó que la ley "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que las garantiza". Desde la Consejería insistieron en que el régimen sancionador incluido en el texto busca dotar a las universidades de herramientas legales para ejercer su autonomía y proteger los derechos fundamentales, recordando que "la autonomía universitaria también implica estar amparada por la ley".

Ayuso niega que exista el borrador como hizo con los 'protocolos de la vergüenza'

Además, Viciana aseguró que la norma madrileña "no contraviene ninguna legislación estatal" y que, por el contrario, "busca blindar derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y la libertad de cátedra dentro de los campus". En cuanto a las infracciones consideradas más graves, el consejero explicó que se aplicarían únicamente en casos concretos, como la apertura de centros no autorizados, la difusión de publicidad engañosa o la adjudicación irregular de plazas públicas. Además, destacó que la ley contempla sanciones "para actos de censura y cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales".

La ministra de Sanidad, Mónica García, compara la estrategia de Ayuso con la política de confrontación de Donald Trump

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió a la presidenta madrileña, comparando su estrategia con la política de confrontación del presidente estadounidense Donald Trump. En declaraciones a la prensa en el Congreso, García denunció que "la guerra de Ayuso contra la Universidad, contra el pensamiento crítico y la libertad de expresión en los espacios donde no le hacen la ola o no son sus vasallos, viene de largo". La ministra criticó que "Ayuso siempre recurre al 'eso es falso', como hizo con los protocolos de la vergüenza, para luego ofrecer versiones contradictorias". 

Un texto a la medida de la represión

Coral, una de las siete estudiantes represaliadas por manifestarse en el campus de Somosaguas contra Vox, denuncia ante Público que la última versión de la ley universitaria está redactado de forma "tan abstracta que se presta a ser usada a conveniencia política". Para ella, la estrategia de la presidenta madrileña es clara: "Difundir el ideario totalitario de la extrema derecha sin que nadie pueda protestar; es decir, represión, sumisión y clasismo".

Además, afirma que el Ejecutivo madrileño no solo está "despojando a la universidad de presupuesto y privatizándola de facto", sino que ahora busca "acabar con un derecho fundamental como la manifestación". "Esta ley mordaza universitaria no es nueva −asegura−, lleva meses gestándose y fue anticipada en declaraciones del consejero de Educación, Emilio Viciana, incluso en la carta que envió al rector de la Complutense exigiendo mano dura contra quienes protesten contra la extrema derecha o defiendan la educación pública". 

Coral, una de las 'siete de Somosaguas': "Este retroceso en las libertades y derechos democráticos es gravísimo y preocupante"

Para Coral, el "odio" de la administración de Ayuso hacia el movimiento estudiantil, las asambleas de profesores y los trabajadores que luchan por una universidad pública y libre de discursos reaccionarios "es más que evidente". Advierte: "Este retroceso en las libertades y derechos democráticos es gravísimo y preocupante".

Bie, otra de las siete de Somosaguas, comparte la crítica de Coral y apunta al que considera el objetivo del Gobierno madrileño: "Ayuso quiere acabar con cualquier organización política en la universidad porque busca crear una universidad de élite, sin libertad de expresión y sin capacidad crítica hacia la sociedad capitalista en su conjunto". 

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La estudiante denuncia a este medio la creciente brecha entre universidades públicas y privadas en Madrid: "Por eso hay el doble de universidades privadas y las públicas se están cayendo a pedazos. Su plan es expulsar a los hijos e hijas de la clase trabajadora de la educación superior". Sin embargo, piensa: "Ayuso sabe que las estudiantes y las trabajadoras, si nos organizamos en las facultades, tenemos fuerza para enfrentar su ataque y cualquier otro que venga. Y si llevamos esta lucha a las calles y a los centros de trabajo, seremos aún más fuertes".