"Los estudiantes son conejillos de indias": los efectos del plan de Ayuso para que jubilados y universitarios den clases en institutos

A penas han arrancado las clases y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya suenan las alarmas. Esta vez, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, señala la "falta de profesores" para impartir la asignatura de Matemáticas en Primaria y Secundaria. Motivada por la desesperación, ha maquinado una fórmula estrella, bajo el nombre de Plan de Rescate. Esta consiste en reclutar a jubilados "cualificados" y a estudiantes universitarios de tercer curso de Matemáticas o Ingenierías para que sean ellos quienes ocupen las aulas.

A contrarreloj, Ayuso ha solicitado al Ejecutivo central un "plan de emergencia" para cubrir el déficit de docentes y "elevar el nivel de los alumnos" en la materia. Según ha precisado, ingenieros y titulados en otras carreras de ciencias podrán incorporarse a las listas de profesores interinos y ocupar "temporalmente" las vacantes en los centros educativos. La propuesta radica en que estos refuerzos improvisados impartan, entre otras tareas, diez minutos diarios de cálculo mental en Infantil y Primaria. Además, el plan contempla reforzar la formación continua de los docentes y la publicación de una guía de contenidos básicos por curso, "destinada a facilitar el repaso sistemático del alumnado".

La popular ha reconocido que la falta de docentes de Matemáticas "es un problema que afecta a toda España y a Europa" y que la enseñanza de esta materia "se ha deteriorado en los últimos años". Esta vez, no ha contrariado a los datos que lo confirman: un informe de la Comisión Europea, publicado el año pasado, ya advertía de la escasez de profesores en todo el continente, especialmente en asignaturas técnicas como Matemáticas en Secundaria.

Según Ayuso, la fuga de estos profesionales hacia otros sectores se debe a que "la industria ofrece mejores oportunidades y salarios fuera de la docencia". También ha apuntado a lo que denomina "recetas ideológicas": "Matemáticas con perspectiva de género —que introdujo la LOMLOE—, emocionales o diluidas con otras ciencias", que, según ella, "no han ayudado en nada". Sin embargo, ha ignorado admitir un factor determinante de esta situación crítica: el profesorado madrileño lleva más de una década denunciando "precariedad laboral, sobrecarga y falta de recursos" en la Comunidad de Madrid.

Y no será por falta de advertencias de la comunidad educativa. Recientemente, Público enumeró un listado de "asignaturas pendientes" señalado por docentes de distintas comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid. Entre las demandas más repetidas se encuentran: reducir las ratios de alumnado por clase, eliminar la excesiva burocracia, mejorar los recursos humanos y materiales, corregir la desigualdad salarial entre autonomías, aplicar políticas eficaces de estabilización, abordar la creación de un Estatuto Docente y reforzar la formación del profesorado.

¿Solución o riesgo educativo?

¿Será suficiente este Plan de rescate para cubrir la falta de docentes de Matemáticas? ¿Qué consecuencias podría traer su implementación? Uno de los sindicatos de la mesa sectorial de Educación, ANPE Madrid, que representa al profesorado de la enseñanza pública, asegura a este medio que, de llevarse a cabo, la medida podría "desprofesionalizar la función docente y degradar la calidad educativa". Según su análisis, enseñar en un aula requiere una sólida formación pedagógica y didáctica, "algo que un estudiante universitario en mitad de su carrera aún no posee". 

ANPE: "La falta de profesorado de Matemáticas se debe a años de falta de planificación, pocas plazas y condiciones laborales poco atractivas"

"El alumnado necesita docentes formados en atención a la diversidad, gestión de aula y didáctica de las Matemáticas, no improvisaciones apresuradas", valoran desde la organización.  Señalan que este anuncio "no soluciona el problema de fondo, sino que lo oculta". "La falta de profesorado en matemáticas responde a años de falta de planificación, a una oferta insuficiente de plazas y a condiciones laborales poco atractivas que desincentivan la entrada a la docencia". Sustituir a profesionales con formación y oposiciones por estudiantes sin cualificación supone, según ANPE, "una vía de precarización que rebaja derechos y degrada la profesión docente".

"La educación no puede seguir sometida a vaivenes políticos ni a ocurrencias de corto recorrido", incide el sindicato. Puntualizan que existen alternativas "serias y responsables": "Incentivar la especialidad docente, mejorar las condiciones laborales, ampliar las plazas universitarias en Matemáticas e Ingenierías, fomentar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) —especialmente entre las niñas— e introducir en estas carreras asignaturas de pedagogía que orienten hacia la docencia". Por todo ello, reclaman al Ejecutivo madrileño que retire esta medida y "abra un proceso consensuado" con los verdaderos expertos en Educación: los docentes.

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, también con representación en la Mesa Sectorial de Educación, han cargado contra las medidas planteadas por Ayuso. Consideran que su proyecto supone "una falta de respeto grave hacia todo el profesorado". Creen que la solución no pasa por improvisaciones, sino por atajar el problema de raíz: "Si se mejoraran los salarios, se ofreciera estabilidad laboral y se dignificaran las condiciones de trabajo, habría suficientes titulados en Matemáticas y otras ciencias dispuestos a enseñar en Madrid".

Al margen de la ley 

Otro atisbo de la desesperación del Gobierno de Ayuso por encontrar profesores se muestra en su intención de "rebajar los requisitos" para impartir docencia en la ESO. Actualmente, su iniciativa operaría al margen de la ley. En concreto, contraviene la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que establece que "para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza".

También omite el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, que establece que "para ejercer la docencia en la ESO, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de idiomas, será necesario estar en posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica". Además, desatiende la Orden EDU/3498/2011, que regula los requisitos mínimos y contenidos del Máster habilitante. "Convertir las aulas en laboratorios de ensayo con alumnado real equivale a tratar a los estudiantes como conejillos de indias, algo inadmisible en un sistema educativo público que debe garantizar calidad y estabilidad", sentencian tajantes desde ANPE Madrid.

Un "parche" también propuesto en otras comunidades

Aunque la Comunidad de Madrid ha dado un paso más allá, no es la única que ha tanteado medidas similares. Según CCOO, al menos País Valencià, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Andalucía y Castilla y León han solicitado al Ministerio de Educación autorización para que licenciados sin el máster de profesorado puedan dar clase "de forma excepcional" cuando se agoten las bolsas de interinos.

En Catalunya, el departamento de Educación flexibilizó en 2018 los requisitos para cubrir vacantes en determinadas materias, permitiendo a los titulados entrar en la bolsa de interinos con el compromiso de obtener el máster en tres años —un plazo que hoy se ha reducido a dos—. En Aragón, el Gobierno autonómico también planteó recurrir a personal sin titulación habilitante, una propuesta que los sindicatos auguraron que supondría "un problema muy grave para la calidad de la enseñanza".

Esta petición de rebajar los requisitos se remonta a la pandemia. Ante la necesidad de desdoblar aulas para reducir ratios, se recurrió a estudiantes de posgrado para completar las plantillas. En ese momento, Educación aprobó un Real Decreto con carácter excepcional.

Relacionado con este tema

"Nos sentimos solas": directoras de escuelas infantiles públicas de Madrid se plantean dimitir ante el "abandono institucional"

Rocío Cruz

"Otra ocurrencia más para distraer del debate real"

Desde la oposición, María Pastor, portavoz de Educación de Más Madrid en la Asamblea, cuestiona la gestión de Ayuso. "La presidenta debería dejar las ideas estrambóticas y centrarse en lo que es su responsabilidad: mejorar las condiciones de los profesores, atraer a profesionales que hoy rechazan la docencia por la precariedad en Madrid y garantizar un sistema de acceso justo", expresa en declaraciones a Público. "Y, por supuesto, que deje de maltratar y precarizar a los docentes madrileños con sus políticas y comience a respetar la educación pública y a las familias", añade.

María Pastor: "Que Ayuso deje de maltratar y precarizar a los docentes madrileños con sus políticas"

Por su parte, Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, califica la propuesta de Ayuso como "una mezcla de arrogancia e ignorancia". A su juicio, se trata de "otra ocurrencia más para distraer del debate real: los problemas de su gestión de la enseñanza pública, que cada día sufren más familias". Recuerda el Real Decreto 132 que establece que "el profesorado debe ser graduado o licenciado en Magisterio, Matemáticas, Ingeniería u otras disciplinas"; por tanto, lo que plantea la presidenta madrileña "no es legal y lo sabe". En contraposición, el socialista sugiere incrementar las plantillas docentes y mejorar las retribuciones para ajustarlas al coste de vida en la Comunidad de Madrid, "un 20% más alto que la media nacional".

Público se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para preguntar si considera que universitarios y jubilados en las aulas pueden suplir la necesidad de un profesorado estable, en un momento en que los propios centros reclaman refuerzos estructurales y mejores condiciones laborales. También se ha cuestionado cómo pretende garantizar la administración que esta iniciativa no acabe siendo un parche temporal. Como respuesta, la administración se ha limitado a remitir a una nota de prensa, en la que subraya que "la medida del Ejecutivo de Ayuso beneficiará a unos 800.000 estudiantes de más de 1.500 centros educativos".