Amedrentar a un profesor por un mural de Gaza: las denuncias de represión en los colegios llegan a Inspección

Un mural. En él, una paloma blanca dibujada preside el mensaje "Día Internacional de la Paz". A su izquierda, un corazón con los colores blanco, negro, rojo y verde de la bandera de Palestina y el lema "Stop genocidio Palestina". A su derecha, la silueta de una mano con los colores azul y amarillo, símbolo de apoyo a Ucrania. La pintura decoraba un instituto público de Castilla-La Mancha. Decoraba. En pasado. Juan*, el profesor que impulsó la iniciativa, se vio obligado a retirarla. El 26 de septiembre, según relata, fue "amedrentado" por la dirección del centro. "Estás haciendo apología política, y eso está prohibido por ley", le reprocharon. También le advirtieron de que podía "enfadar a las familias" de los estudiantes y causar "problemas" al centro.

Este caso forma parte de una denuncia colectiva presentada este viernes por la plataforma Marea Palestina: La educación contra el genocidio a la Alta Inspección Educativa del Ministerio de Educación. En total, el escrito recoge nueve casos  ocurridos en centros de distintas comunidades de España, donde el profesorado asegura haber sido censurado o presionado por mostrar apoyo al pueblo palestino. La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, se ha presentado a la administración "por la existencia de un patrón de presiones, censura y restricciones al ejercicio de la libertad de cátedra y de expresión del profesorado en diversos centros educativos sostenidos con fondos públicos, producidas en varias comunidades autónomas, y amparadas de forma improcedente en la invocación de la denominada 'neutralidad institucional'".

Carlos Díez, portavoz de la organización, explica que los casos incluidos en la denuncia son solo la punta del iceberg. "Hemos recibido muchas más consultas y testimonios, pero no todas las personas se atreven a denunciar por miedo a represalias", confiesa en una conversación con Público. "Si los docentes ven que a sus compañeros los están castigando por posicionarse, el resto se lo pensará dos veces antes de denunciar públicamente el genocidio. El efecto que se ha generado es el del miedo". 

Marea Palestina pondrá en marcha un formulario para recibir consultas con el objetivo de que el profesorado se sienta acompañado y protegido

"El lunes 20 de octubre haremos una acción política frente al ministerio para exponer la denuncia", manifiesta Díez. Marea Palestina pondrá en marcha un formulario para seguir recibiendo consultas y denuncias, con el objetivo de que el profesorado se sienta acompañado y protegido. "Queremos que los docentes sientan respaldo y seguridad, que sepan que hay una organización que está trabajando para denunciar estas situaciones y para que el Estado garantice que sus actuaciones se ajustan a la ley", dice. También recuerda otra iniciativa impulsada por la plataforma: recurrir al Consejo Escolar del Estado como vía institucional e intentar replicar ese modelo en los consejos escolares autonómicos. "Esto no se resolverá en dos días —advierte—. Es una dialéctica que va a recorrer todo el curso. Los profesores que se están levantando por Gaza deben saber que van por el camino correcto".

Un patrón sistemático de censura

Laura* es maestra en un colegio público de Fuengirola. Colgó una bandera palestina en su aula. También lleva a diario una kufiya como gesto simbólico. Trata de implicar a sus compañeros para impulsar otras acciones dentro del centro y ha promovido reuniones para abordar en los claustros el genocidio en Palestina. Días después, recibió un mensaje de la dirección del colegio: les había llegado un aviso desde la Consejería de Educación andaluza e Inspección. En él se advertía de que la presencia de una bandera de Palestina en una clase "incumple la ley".

Manuel*, docente en un colegio de La Palma, propuso junto a sus compañeros la firma del manifiesto La educación contra el genocidio, promovido por Marea Palestina, durante el claustro de profesores. Descubrió que el Reglamento Orgánico de los Centros no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias no contempla entre las competencias del claustro la posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones como la situación en Gaza. Ante la duda, contactó con la plataforma para conocer si otros centros habían abordado el tema y bajo qué amparo normativo. Desde Marea Palestina le sugirieron distintas vías: leer el manifiesto en el turno de ruegos y preguntas, convocar una asamblea docente fuera del horario laboral o trasladar la iniciativa a los consejos escolares para recabar el apoyo del AMPA/AFA y del alumnado.

La dirección de un instituto de Madrid obligó al profesorado a "evitar posicionamientos políticos entre Estados"

Esteban*, profesor en un instituto madrileño de Pozuelo de Alarcón, presentó una solicitud a la dirección de su centro para que el manifiesto de Marea Palestina se debatiera en el Consejo Escolar. La respuesta fue negativa. La administración argumentó que, como institución pública, "el centro debe abordar estos temas desde una perspectiva universal, evitando posicionamientos políticos entre Estados o en conflictos internacionales concretos". En su escrito añadieron: "En el pasado, hemos aprendido que, al tratar determinados escenarios geopolíticos de una forma específica, podemos cometer errores de carácter político que no corresponden a la labor educativa de un instituto". El comunicado también especificaba que la propuesta no podía incluirse como punto del orden del día ni justificaba la convocatoria de un Consejo Escolar extraordinario. "Siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid —concluía el texto—, nuestro centro continuará trabajando estos temas desde los valores universales de paz, justicia, convivencia y resolución no violenta de los conflictos". 

En un instituto de Huelva, un tercio del profesorado recogió firmas para incluir en el orden del día del claustro la lectura y adhesión a la declaración de Marea Palestina. Se basaron en "la normativa que establece que, si un tercio del claustro lo solicita, debe convocarse una sesión extraordinaria". Sin embargo, el equipo directivo rechazó la petición, argumentando que "las competencias del claustro y del Consejo Escolar están claramente delimitadas y no contemplan la adopción de posicionamientos sobre asuntos de política internacional". En su respuesta agregaron: "Por este motivo, no es posible incorporar dicho punto en el orden del día ni recoger firmas para solicitarlo dentro de este órgano". El escrito concluía: "Respaldamos todas las actividades que promuevan valores de paz, convivencia y respeto, siempre desde la neutralidad institucional". El profesorado, por su parte, elevó la petición a la Delegación Provincial de Educación y asegura que continuará actuando conforme a la Guía de actuación en centros elaborada por la plataforma.

Estos relatos son algunos de los casos que se han denunciado a Inspección este viernes. Desde Marea Palestina hacen un llamamiento al profesorado para que comunique a la organización —a través del correo mareapalestina.comunicación@gmail.com— cualquier caso de presión, amenaza o coacción que obstaculice su labor docente. Invitan a denunciar "cualquier actuación de las administraciones educativas o de otros sectores que ponga trabas a la libertad de cátedra, a la educación en valores de paz y derechos humanos, o a la enseñanza sobre el genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza". 

Javier Flores, abogado: "La autoridad directiva abusa de su poder, excediendo competencias y generando posibles ilegalidades"

Javier Flores, abogado encargado de gestionar los casos de represión citados en este artículo, explica a Público que detrás de estas actuaciones "se esconde un abuso de la autoridad directiva para impedir actividades vinculadas a derechos humanos, algo que excede completamente sus competencias y genera actuaciones arbitrarias, incluso con posibles ilegalidades". Según el letrado, "en la práctica, esto crea un clima de miedo y tensión entre el profesorado, que afecta directamente a la calidad educativa, limita la formación del alumnado y empobrece el pluralismo de los centros". La supuesta "neutralidad" que invocan las direcciones, dice, es engañosa: "Ese argumento es falso, porque se utiliza para calificar como 'político' lo que en realidad son derechos humanos. De eso va esto: de un patrón sistemático de censura, presiones y vulneración de derechos, que llegarán este viernes hasta la alta dirección educativa".

El Consejo Escolar del Estado ampara al profesorado 

El apoyo a los docentes represaliados no queda ahí. El pasado 7 de octubre, a instancias de Marea Palestina, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó una declaración sobre la situación educativa en Gaza, en la que expresó su apoyo al profesorado. También apoyó la libertad de cátedra y ensalzó a los docentes que "con responsabilidad y dedicación ejercen las funciones encomendadas en la normativa vigente". La declaración, recalcan, fundamenta este respaldo explícito en el "derecho del alumnado" a recibir una educación "basada en la convivencia y en la paz" y en los contenidos del "currículo escolar de todas las etapas educativas". 

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Para Marea Palestina, la declaración unánime del Consejo Escolar del Estado no solo respalda la labor de todo el profesorado, sino que también "ampara a los claustros y consejos escolares que desde el inicio de curso vienen manifestando su adhesión al manifiesto unitario a favor de una educación en derechos humanos y contra el genocidio del pueblo y la infancia palestina". La resolución, destacan, "impugna las actuaciones de determinadas administraciones educativas que intentan obstaculizar o impedir el trabajo adecuado de docentes y equipos directivos en los centros". Además, inciden, se comprometen a trasladar la declaración a todos los consejos escolares autonómicos, instándoles a proteger la actuación profesional del profesorado en sus territorios, y a difundirla entre los consejos escolares municipales, los de centro y el conjunto del profesorado.

Los nombres señalados en el texto con un asterisco (*) son ficticios para proteger el anonimato de las fuentes. También se mantienen anonimizados los centros educativos.