Estado de corrupción

En tiempos de zozobra, de malas noticias una tras otra en economía, en finanzas, en trabajo, empleo, empresa, salarios, pensiones, como las desgracias nunca vienen solas, se produce un aluvión de informaciones sobre un estado de corrupción tan extendida que más parece una forma de organización del Estado, del Estado del Lazarillo de Tormes. Cuando no es un alcalde, son tres concejales, cuando no un presidente de Comunidad Autónoma, sus consejeros, los altos cargos de las administraciones, los parientes del Rey, los magistrados, los curas, los empresarios, los banqueros. Nadie que sea algo quiere perderse la fiesta.

Por supuesto se respeta a tiro fijo el principio de que no hay que generalizar y que no todos los alcaldes ni los políticos ni los curas son lo mismo y que los corruptos son una minoría. Lo que sucede es que pudiera haber un efecto contagio por el que la minoría parece estar convirtiéndose en mayoría y, a la inversa, la mayoría en minoría. El hecho es que, sobre el fondo sombrío de la crisis, la opinión ve cómo proliferan casos de corrupción desorbitada en los que hay saqueo sistemático del erario público.

A la par, y dadas las circunstancias, adquieren también especial relieve unos comportamientos retributivos de los altos dirigentes bancarios, sea cual sea el resultado de su gestión, verdaderamente estratosféricos. Sueldos, retiros, pensiones, bonus, compensaciones de millones de euros en un país con un salario mínimo de 641,40€. Probablemente estas retribuciones sean legales (en algunos casos parece ser que no y es posible que esos casos aumenten) pero resultan completamente inmorales.

Como resulta inmoral que los políticos de todos los niveles pero sobre todo los de las Cortes, no hayan hecho una revaluación de su situación económica en cuanto a salarios, dietas, compensaciones, condiciones de jubilación, etc. , siendo los que se la piden a todos los demás. Da la clase política una imagen de privilegio que es la gota que colma el vaso de la indignación ciudadana.

Justo en esa indignación está la fuerza del movimiento del 15-M. Una fuerza exclusivamente moral, consistente en unas reivindicaciones que se exponen pacíficamente en la vía pública. Hacen referencia a defectos de funcionamiento del sistema político, económico y laboral que todo el mundo conoce y todo el mundo quisiera ver arreglados. El 15-M va dirigido claramente contra la corrupción del sistema político en todas sus vertientes y eso también le ha generado un amplio apoyo social. Precisamente es lo que las autoridades quieren socavar, cuestionando la honradez del movimiento y afirmando que "detrás" hay un respaldo económico. Cuando basta con ver qué actos organiza el 15-M y cómo los organiza para darse cuenta de que la "Gürtel" hay que ir a buscarla a los partidos políticos. Una buena razón para entender ese apartidismo del 15-M.

El 15-M no es un problema de orden público sino una manifestación de la indignación ciudadana en un sistema en buena medida corrupto que trata a las personas como mercancías.