El CSN oculta su 'sí' a Garoña hasta después de las elecciones

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respaldó esta tarde por unanimidad la renovación por otros 10 años de la central burgalesa de Santa María de Garoña, inaugurada en 1971. La prórroga, que todavía puede ser tumbada por el Gobierno ya que no es vinculante, será “condicionada, como todas las prórrogas”, según explica un consejero del CSN a Público.

La propietaria de la planta atómica, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, tendrá que introducir “muchas mejoras de seguridad”, como la sustitución de kilómetros de cables del sistema eléctrico, “para evitar incendios”, y la purificación de la atmósfera de la sala de control del reactor.

Las mismas fuentes indican que la central ya ha incorporado algunas de estas modernizaciones, exigidas a los nuevos reactores que se están diseñando actualmente en los EEUU, y procederá a poner en marcha el resto de medidas en la próxima parada para recargar combustible de uranio. “Si alguien visita ahora Garoña, nunca pensaría que se construyó hace 40 años”, comenta el consejero.

El Gobierno, a través de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, hizo este mediodía un llamamiento a la “tranquilidad” tras el Consejo de Ministros y aseguró que los periodistas, y por lo tanto los ciudadanos, conocerían el veredicto del CSN sobre la central “en tiempo real, casi al mismo tiempo que el Gobierno”. No fue así.

El Pleno del CSN comenzó tarde, a las 11:00, y terminó pronto, sobre las 17:00. Antes de las 17:30, el organismo, árbitro del sector atómico en España, había enviado su informe favorable al Ministerio de Industria, unas horas antes de que expirara el plazo marcado por la ley. Sin embargo, los consejeros acordaron retrasar la publicación de su dictamen hasta el lunes, tras las elecciones al Parlamento Europeo.

La ministra negó esta tarde que el Gobierno oculte el informe por motivos electorales, informa Ana Pardo de Vera. “Estamos obrando con absoluta transparencia a la hora de que la comisión emita el informe”, aseguró.

“Si, como se dice, el veredicto del CSN es un informe técnico, es incomprensible que se retrase su publicación hasta después de las elecciones. Da la sensación de que el CSN está haciendo política”, critica el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde.

Los consejeros del organismo regulador son nombrados a dedo por los partidos políticos. La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, y el consejero Francisco Fernández, fueron elegidos a petición del PSOE. Otros dos miembros del pleno, Antonio Colino y Luis Gámir, lo fueron a propuesta del PP. El quinto, Antoni Gurguí, ingresó de la mano de CiU.

En la misma línea, Ecologistas en Acción ha censurado “la falta de transparencia y de respeto democrático del CSN” al “hurtar” a la ciudadanía la valoración que los partidos políticos podrían haber hecho sobre el veredicto sobre Garoña.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció el jueves que se mostraba “partidario de que no se cierre” la central. Y algunos sindicatos, como UGT, se han mostrado “totalmente a favor” de prolongar la vida de Garoña si el informe del CSN era positivo. Sin embargo, los socialistas han evitado retratarse en este debate sobre la energía nuclear.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene mucho más margen para tomar su decisión. El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, preguntará el martes al responsable del Ejecutivo cuál será el futuro de la central burgalesa. El Consejo de Ministros, no obstante, puede retrasar su decisión hasta el 5 de julio. Entonces se sabrá si respeta la opinión del CSN y prolonga la vida de Garoña hasta 2019 o si ignora la recomendación de los técnicos y echa el cerrojo por motivos ideológicos.

En su programa electoral, el PSOE aseguraba que mantendría “el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil”. Garoña apenas aporta el 1,3% de la electricidad producida en España, pero su prórroga es simbólica, porque abriría la puerta a la renovación de todo el parque nuclear español.