A la vista de los resultados de las encuestas, una cosa es segura en torno a los Presupuestos para 2010 que el Gobierno presentará a la vuelta del verano: posiblemente, no van a contentar a casi nadie.

La crisis económica, que ha disparado los gastos y paralizado los ingresos, deja poco margen para la el trazo fino y va a obligar a cuadrar las cifras presupuestarias a martillazos. Y más de uno ya siente el golpe antes de que le llegue.

El debate está ahora en los impuestos, donde tan fácil es la demagogia como difícil lo va a tener el Gobierno para acertar. Para aumentar los ingresos de verdad habría que subir el IRPF (y no sólo a los más ricos) y el IVA; pero es lo menos aconsejable para reanimar el consumo (el 60% del PIB), pues son los impuestos que más se notan en los bolsillos de las clases medias y bajas. Se puede elevar el impuesto sobre los beneficios empresariales, pero puede resultar un esfuerzo baldío, en un momento en que las ganancias de las compañías están a la baja. Cabe la opción de una nueva vuelta de tuerca en la fiscalidad de las gasolinas, del tabaco y de las bebidas alcohólicas, pero su capacidad recaudatoria es relativamente limitada. Queda, finalmente, la opción de tirar por la calle de en medio, y subir un tanto de aquí y otro tanto de allá, y fastidiar a todos por igual.

En la parte del gasto, el escenario es igualmente complicado. Dos tercios del presupuesto están ya comprometidos (las pensiones, el pago de los intereses de la deuda, las transferencias a la autonomías y a la UE, y otros), y apenas se pueden tocar. La inversión pública es casi intocable igualmente. Queda el sueldo de los funcionarios. Y ahí, todos, menos los propios empleados públicos, parecen estar de acuerdo en meter la tijera.