Se echó atrás -al menos, de momento- su reforma de la Ley del Aborto, pero logró cumplir con su promesa de imponer la custodia compartida preferente. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consiguió ayer que el Consejo de Ministros aprobara una nueva regulación de dicho régimen que no ha gustado siquiera a quienes pedían tales cambios.

La medida faculta al juez para imponer la custodia compartida aunque no haya acuerdo entre los padres salvo en los casos en los que existan "indicios" de violencia machista.  Hasta ahora, en España -salvo en las comunidades que han legislado en este sentido-, la custodia compartida se concedía exclusivamente si las dos partes estaban de acuerdo o, en el caso de que la solicite sólo una de ellas, si cuenta con el informe del fiscal. La opción más extendida es la de la custodia exclusiva para uno de los cónyuges, generalmente la mujer. Sólo excepcionalmente, el Código Civil daba libertad al juez para decidir. "El juez [...] podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor", reza uno de los apartados del artículo 92 de la normativa española que ahora será modificado.

El presidente de la Asociación Custodia Paterna, Miguel Rodríguez, en declaraciones a Efe, señaló ayer que el texto ha supuesto una "auténtica desilusión", entre otras cosas, porque es el juez el que tomará la decisión final. Y, si Gallardón no ha convencido ni a los partidarios de la custodia compartida, mucho menos lo ha conseguido con las asociaciones feministas que desde siempre han advertido de los peligros de que prevalezca, obligatoriamente, dicha opción.

"En Estados Unidos incluso hay asociaciones de víctimas de la custodia compartida", declaró a Público, cuando saltó la polémica al respecto, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.  "Un niño necesita estabilidad y tranquilidad y la custodia compartida sólo es factible si hay acuerdo entre los padres", opinó, también entonces, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos.

Ayer, la presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, volvió a advertir de los "daños inmensos" que puede provocar esta nueva regulación. "Las custodias compartidas funcionan cuando hay acuerdo entre los padres, cuando hay un régimen de complicidad y cuando hay un régimen de buena comunicación, cuando los padres pueden atender bien a los hijos porque las viviendas están cercanas etcétera", enumeró.

Padres y Madres en Acción: "El interés superior del menor es tener a su padre y a su madre en todo momento"

Pese a que la regulación está cerrada, el debate sigue abierto y hoy ha sido la Asociación de Padres y Madres en Acción (Pamac) la que ha criticado al ministro Gallardón, en particular, y al Gobierno del PP, en general. "Este anteproyecto de ley es un puro maquillaje que elimina la excepcionalidad de la custodia compartida y da más poder subjetivo del que tiene en estos momentos al juez de familia", señaló el colectivo en un comunicado, informa Efe.

Asimismo, esta asociación critica que el proyecto del Ministerio de Justicia sigue sin definir qué se entiende por el "interés superior del menor", que es "básicamente tener a su padre y a su madre en todo momento y circunstancia".

La organización considera que "maquilla" la actual Ley del Divorcio y lamenta que no solucione los "problemas psicológicos y económicos que esa normativa ocasiona en los menores: riesgo social, pobreza, angustia, depresión, fracaso escolar... por la concesión de las custodias monoparentales". Además, según Pamac, no da solución al principal problema de un divorcio, que es la liquidación de bienes gananciales.