José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, reclamará a la Junta de Andalucía que, siguiendo la ley al pie de la letra, expropie a los bancos las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que obren en su poder: "Según la ley, las viviendas de protección oficial no pueden ser propiedad de los bancos, sencillamente, porque en ellas no sólo se ha invertido capital privado sino dinero de todos los españoles", aclaró Chamizo a Público.

"En el caso de que los bancos no cumplan, previa aprobación de la normativa del artículo 33 de la Constitución, vemos posibilidad a la expropiación, por incumplimiento de la acción social de la propiedad. Entendemos que se trata de un camino irreversible, y que por ello la Administración tiene que contemplar la expropiación, porque las VPO no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española".

Desde la perspectiva de Chamizo, se está desnaturalizando el espíritu que animó a la creación de la figura de las viviendas de protección oficial: "La legislación ordena que las personas tienen que residir en las VPO. Ni legal ni moralmente pueden seguir vacías. Y si por cualquier motivo, el actual titular de las viviendas no es una persona física, sino otro tipo de persona jurídica, los bancos están obligados a ofrecerlas, porque no pueden estar desocupadas y cerradas a cal y canto".

Esta es una de las medidas que el Defensor andaluz ha presentado a fin de intentar paliar el alto número de desahucios que viene teniendo lugar en esta comunidad y que alcanzaron a 3272 durante el primer trimestre del presente año. Chamizo ha demandado de la consejería de Fomento y Vivienda que exija a las entidades bancarias que operan en la región que, "en un plazo vinculante y concreto", lleven a cabo un inventario de sus viviendas de protección oficial, a fin de comprometerlas a "ofertarlas en venta o alquiler, a precios adecuados, a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las webs de la comunidades autónomas o los ayuntamientos".

Chamizo pretende que, en todo caso, que a través de dicho parque de viviendas pueda ponerse en práctica algunas de las actuaciones que quedaron establecidas a la luz del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en cuyo artículo 3 "se le pide a los bancos ofertas de viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a personas en el umbral de exclusión". A tenor de Chamizo y dado que la geografía social de los sin techo avanza a pasos agigantados, "también pedimos que se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad económica".

"Nos tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección oficial cerradas, por eso pedimos un inventario rápido a los bancos, y si no se hace, la Administración puede expropiar, porque la vivienda tiene que cumplir su función social", rechalma Chamizo quien requiere a la Junta que exija a los bancos una relación de "dónde están las viviendas, en qué condiciones y a qué precios".

"Nos tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección oficial cerradas"

Dado que la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que actualmente titula Izquierda Unida, también ha amagado con algunas actuaciones de esta índole, Chamizo espera encontrar receptividad en el gobierno autonómico, pero matiza: "No se puede dejar este asunto a la buena voluntad sino que hay que legislar con más potencia, por eso hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos".

Sin embargo, no es esta la única medida que reclama el Defensor del Pueblo de Andalucía en funciones. También, según ha anunciado en rueda de prensa, requiere de los Colegios de Abogados que asesoren a los afectados por las primeras notificaciones de desahucio, antes de que entren incluso en vía judicial, y ha remitido una queja de oficio e información a la Federación Andaluz de Municipios y Provincia para "que en pueblos y capitales de provincia de más de 50.000 habitantes se dé una intermediario para facilitar el entendimiento con los bancos por viviendas que puedan entrar en desahucio".

"No se puede dejar este asunto a la buena voluntad, hay que legislar con más potencia"

"Los ayuntamientos no pueden argumentar que con la crisis actual es imposible prestar este servicio porque dicha labor se puede realizar sin grandes costos y tendrá un enorme impacto social", afirma Chamizo, consciente de que algunas corporaciones locales como la de Peligros, en Granada, ha ido más allá y ha roto sus relaciones con entidades bancarias que no se mostraban sensibles a la búsqueda de alternativas contra los desahucios.

Las palabras de Chamizo se basan en la experiencia. Días atrás, por ejemplo, se ofreció como mediador en un conflicto que sufre el ayuntamiento de Salobreña, en Granada, y que gobierna Izquierda Unida. Una promotora ha dejado sin acabar una promoción de 46 viviendas de protección oficial en el anejo de la Caleta, en las proximidades de dicho municipio. Este caso afecta a otras tantas familias que llevan esperando desde 2009 a que les entreguen sus casas tras haber aportado diversas cantidades de dinero que rozan los 14.000 euros en algunos casos, sin embargo la promotora dice que "ha quebrado" y no se hace responsable. Diecisiete de dichos vecinos decidieron, el pasado 18 de mayo, ocupar de forma permanente las casas a medio construir, a fin de reclamar una solución, ya sea mediante la devolución del dinero que han aportado o con la entrega de los pisos.