La Defensora del Pueblo hace una enmienda a la totalidad a los recortes

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha tumbado casi una a una las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy en su informe anual de 2012, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La institución gestionó 280.592 expedientes en 2012, una cifra que se ha disparado respecto al año anterior por el gran número de escritos presentados en relación con las políticas de recortes. El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 (19.142 individuales y 14.335 agrupadas) -21.420 en el año 2011-, y la institución realizó 371 investigaciones de oficio -506 en el año anterior-.

Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo -246.743 en 2012, en 2011 hubo 2.455-, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público y los cambios en la ley de dependencia.

Becerril ha planteado en el Parlamento que se realicen las reformas necesarias para "restaurar la confianza en las instituciones" y ha apelado a los partidos a recuperar el "esfuerzo" que se hizo durante la transición democrática.  

SANIDAD

El área de Sanidad ha recibido 1.674 quejas, casi el triple de las 595 notificadas el año anterior, la mayoría relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril y por las medidas adoptadas por las comunidades. En este apartado, la Defensora del Pueblo ha reclamado al ministerio que dirige a Ana Mato que adopte medidas complementarias que garanticen el "acceso efectivo" a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares con enfermedades graves, que requieren un tratamiento adecuado.

Además de la retirada de la tarjeta sanitaria a los sin papeles, entre las cuestiones que más atención han recibido destaca el estudio de la constitucionalidad del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago en función de la renta, e incluye por primera vez a los pensionistas.

El cambio legal introducido por el citado real decreto "adquiere una dimensión en los supuestos de mayor vulnerabilidad", como es el caso de los inmigrantes irregulares con procesos graves. Por ello, la Defensora del Pueblo, Soledad Bacerril, ha pedido que se dicten "las instrucciones precisas para la adecuada atención" de estas personas.

El informe recoge también un elevado número de quejas sobre los mecanismos establecidos en las comunidades autónomas para la devolución a los pensionistas de las aportaciones que realizan al adquirir medicamentos cuando excedan el tope mensual establecido (8 o 18 euros, según el nivel de renta). La institución ha pedido que los pensionistas con tratamientos de larga duración queden exentos del copago una vez satisfecho ese tope máximo mensual y que las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y con independencia del momento en el que adquirieron tal condición, estén exentos del copago farmacéutico.

En cuanto al transporte sanitario no urgente, sobre el que también existe un copago en función de la renta, la Defensora ha pedido que sea gratuito para pacientes sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración, y con recursos económicos limitados.

La tramitación de quejas referentes a demoras en atención sanitaria pone de manifiesto, según el informe, la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar meses o, incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado. En atención primaria, la mayor parte de las quejas se refieren al cierre en horario nocturno de las urgencias extrahospitalarias en municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

DEPENDENCIA

La Defensora del Pueblo considera que las quejas admitidas sobre los retrasos en la valoración de las personas dependientes, así como en la determinación de las prestaciones "acreditan situaciones de demora objetivas". La memoria destaca que hasta la reforma de la ley de la dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, se habían recibido 118 quejas individuales y se encontraban en trámite otras 121 de años anteriores, mientras que 402 ciudadanos pidieron a la Defensora que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Becerril recuerda en el informe que en las 118 quejas se planteaban problemas de demoras en la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, así como en la determinación y asignación de las prestaciones o servicios a través del correspondiente programa individual de atención. La institución destaca que dichas quejas son admitidas a trámite en un alto porcentaje, pues acreditan situaciones de "demora objetiva", y la tramitación requiere con frecuencia ampliaciones de investigación, por la "imprecisión" del informe que la Administración remite a esta Institución o no resolverse efectivamente el problema planteado.

Por otro lado, el informe subraya el hecho de que se ha constatado un "considerable" incremento de quejas en las que los ciudadanos manifiestan su disconformidad con la revisión y "disminución" de las cuantías que venían percibiendo en concepto de prestación económica para cuidados en el entorno familiar o en las prestaciones vinculadas al servicio. La institución también indica que pueden estar incrementándose las desigualdades entre dependientes debido a las diferencias de criterio entre las distintas comunidades autónomas del coste de las prestaciones.

Asimismo, indica que no se ha registrado "ningún avance" en lo que a la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reitera que las actuaciones de esta institución "continuarán" hasta que la tarea normativa pendiente se complete.

EDUCACIÓN

Soledad Becerril, ha mostrado su preocupación sobre el retraso en la sustitución del profesorado de baja, una práctica, según afirma, que ha sido usual en determinadas comunidades durante el año pasado y que puede ocasionar que los alumnos no reciban una atención educativa adecuada. En el informe anual 2012 de esta institución, Becerril ha destacado las quejas recibidas sobre el "tiempo excesivo" que dejan transcurrir las administraciones desde que un profesor causa baja temporal en un centro hasta que es sustituido.

También ha reiterado la necesidad de conseguir "acuerdos mínimos" para la próxima reforma educativa y ha propuesto que se incluyan medidas financieras para que su puesta en marcha y su desarrollo estén garantizados a pesar de la crisis.

Asimismo, ha recibido un "elevadísimo número de quejas" sobre el incremento de los precios académicos universitarios, y ha enfatizado la necesidad de que ese aumento se acompañe de un sistema de exenciones basado en la capacidad económica del estudiante que propicie la igualdad de oportunidades. Sin embargo, ha asegurado que las medidas de austeridad en el ámbito educativo adoptadas por el Gobierno y las comunidades "en principio y por sí mismas no infringen el ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden considerarse irregulares".

En cuanto a la supresión de rutas gratuitas de transporte escolar, ha reconocido que se han modificado normas autonómicas para restringir el ámbito de beneficiarios y, por ejemplo, ha iniciado una tramitación de oficio sobre las dificultades de unos alumnos del asentamiento en la Cañada Real (Madrid). Ha habido, además, quejas sobre el cierre de colegios en núcleos rurales -en Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia-, sobre el incremento de los precios en las escuelas infantiles y casas de niños dependientes de la Comunidad de Madrid, así como el hecho de que esta autonomía no se haya mostrado dispuesta a incluir en las normas de admisión de alumnos, como se le sugirió, la no discriminación por razones personales y sociales.

JUSTICIA

La Defensora del Pueblo no recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Tasas Judiciales, pese las "más de 2.700 peticiones" que solicitaron la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la norma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En el informe anual Becerril manifiesta que "este año ha de destacarse la amplia contestación ciudadana" a la Ley de Tasas y reconoce que en el momento en que se redactó el texto "eran más de 3.800 los escritos recibidos en el Defensor del Pueblo en contra" de dicha norma legislativa. "Más de 2.700 eran peticiones de recurso de inconstitucionalidad", añade.

"La misión esencial de la Institución es la defensa de los derechos fundamentales; en este caso, la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos será el objetivo que determinará la intervención de la Institución, tanto en lo que se refiere a la posición con respecto a la posible interposición de recurso de inconstitucionalidad como con respecto a los contenidos de la ley", explica la Defensora del Pueblo en su informe anual.

Becerril tenía de plazo hasta el pasado 21 de febrero para decidir si recurría ante el Constitucional la Ley de Tasas, pero el Gobierno decidió modular a la baja e incluso suprimir algunas de las tasas judiciales, atendiendo así a sus recomendaciones. Así, la Defensora del Pueblo mostró su satisfacción por el hecho de que el ministro hubiera acogido sus recomendaciones dirigidas a modificar "aspectos sustanciales" de la Ley.

FUNCIÓN PÚBLICA

Becerril ha instado al Gobierno a reconocer y abonar a los funcionarios la mitad de la paga extraordinaria de Navidad, correspondiente a la primera parte de 2012, ya que la supresión de esta retribución entró en vigor el 15 de julio. En el Informe anual de 2012 presentado hoy en el Congreso, la institución se reafirma en su oposición a la eliminación total de la paga extra después de que el pasado 15 de octubre reclamara al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "una interpretación de acuerdo con la doctrina constitucional".

La Defensora del Pueblo cree que la "indudable naturaleza salarial" de las pagas extraordinarias conduce a afirmar que los funcionarios ya tenían derecho a una parte de la paga en el momento de la aprobación del decreto-ley "porque el trabajo ya se había realizado". El informe desvela que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respondió diciendo que "una vez suprimida la paga extraordinaria y la paga adicional, con efectos de 15 de julio y para 2012, quedaron derogadas las normas referidas al sistema de devengo", por lo que pudo suprimir toda la paga.

Becerril confía en que el Gobierno aún pueda considerar su recomendación con la incorporación de las "previsiones adecuadas para asegurar la distribución equitativa de las pagas extra" en próximos presupuestos.

Según el informe, la Defensora del Pueblo ha recibido decenas de miles de escritos solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Gobierno, por "desigualdad de trato" entre los empleados públicos y los del sector privado, así como por el "carácter expropiatorio de la medida".

El control de la CNMV sobre preferentes, "ineficaz"

Becerril, considera que el alto número de quejas, reclamaciones y sentencias judiciales que ha generado la venta de participaciones preferentes "evidencian que el control preventivo ejercido por la CNMV no ha resultado eficaz". Por ello, la institución que dirige aconseja que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) disponga de mayores competencias para proteger a los inversores.

La quejas relativas al mercado de valores se ciñeron exclusivamente a la comercialización de preferentes y deuda subordinada. Una comercialización que, según critica, se llevó a cabo sin la debida información a los pequeños ahorradores, una cuestión denunciada masivamente por los ciudadanos.

La Defensora ha recordado que con motivo de estas denuncias inició una investigación de oficio ante la CNVM y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tras dicha investigación se formularon dos recomendaciones iniciales para reforzar la protección de los clientes y para crear un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo y en sede administrativa.

Ahora en su nuevo informe, Becerril indica que sí existen instrumentos en el ordenamiento jurídico para adoptar medidas sobre la compensación de los perjuicios ocasionados a los inversores. Además, explica que no se encuentran objeciones para que desde la CNMV se promuevan acuerdos que ayuden a paliar el daño ocasionado, máxime teniendo en cuenta que valoran esa compensación en la aplicación de la política disciplinaria y en el cálculo de la cuantía de las sanciones.

En su informe, Becerril insiste en que "es un hecho innegable que el sistema de control y supervisión sobre esta actividad antijurídica no ha funcionado como debiera, máxime en un momento en que las entidades se encuentran sin la capacidad de respuesta que los inversores confiaban que tenían". Por ello, reitera a la CNMV la recomendación sobre la necesidad de promover acuerdos entre los inversores y las entidades de crédito para limitar los daños sufridos.

De la misma manera, añade, se ha recomendado a la Secretaría de Estado y Apoyo a la Empresa el otorgamiento de mayores competencias a la CNMV para proteger a los inversores o subsidiariamente la creación de algún mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo, en sede administrativa, cuya finalidad sea la resolución de conflictos para evitar la vía judicial.

Por último, Becerril insiste en que "según su experiencia", además de la información que se ha de facilitar a los clientes, habría que establecer alguna advertencia del nivel de riesgo. Un sistema efectivo podría ser, ha vuelto a recomendar, un código de colores como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto. Esta propuesta ya se dirigió a la CNMV, que la consideró improbable por ser demasiado simple, y al Banco de España, que aceptó la recomendación e informó de que está en disposición de estudiar la concreción de un sistema como el propuesto, concluye.