La derogación de la prisión permanente revisable, impulsada por el PNV y que superó sus primeros trámites en el pleno del Congreso, se encuentra "congelada" en la Cámara ante el poco interés de los principales grupos por abordar un asunto espinoso que confían en que resuelva el Tribunal Constitucional.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, cargó esta semana con dureza contra una pena que tachó de "inhumana" y que, a su juicio, choca frontalmente contra el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe las penas inhumanas y degradantes.

Sin embargo, en lugar de hablar de su pronta derogación, se remitió al recurso presentado ante el Tribunal Constitucional en 2015 por la oposición, incluido el PSOE, contra una figura que el PP había impulsado en solitario a través de una reforma del Código Penal.

Según apuntan fuentes de Justicia, se puede derogar la norma y retirar el recurso o esperar a ver qué marco de actuación ofrece a los legisladores el Tribunal Constitucional, opción por la que se inclina el Ejecutivo.

No es ninguna sorpresa para el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, que se encargó de defender la derogación de la prisión permanente revisable en el Congreso y sabía, explica, que su proposición iba a quedar "muerta" tras el debate de las enmiendas a la totalidad que plantearon el PP y Ciudadanos.

"La mayoría parlamentaria va a bloquear la tramitación (en la comisión de Justicia) y no vamos ni a debatir; no hay margen, se va a prorrogar todas las semanas", afirma el diputado vasco, quien lamenta que el PSOE quiera "esconderse detrás de un tribunal".

Su grupo parte de la base de que las leyes son constitucionales, por lo que derogar una norma es una opción "parlamentaria y política", recalca Legarda, convencido de que "no se da ninguna circunstancia para esperar" ante un instrumento que "se aleja de los consensos de la Constitución y de la ley general penitenciaria".

El grupo socialista apoyó en un primer momento la tramitación de la propuesta vasca, pero su portavoz parlamentario de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene que no hay ningún cambio de posición y recuerda que la iniciativa para derogar la prisión permanente revisable no es suya.

"Ojalá no hubiera tenido lugar ese debate y el Tribunal Constitucional se de prisa", señala en referencia a la dura sesión plenaria del pasado mes de marzo, con el país conmocionado por el asesinato del niño Gabriel Cruz y padres de víctimas en la tribuna de invitados.

PP y Ciudadanos, al pie de su defensa

Desde el PP, su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, valora que se apueste ahora por esperar el dictamen del Constitucional, aunque ve "muy preocupante" que la ministra considere que la prisión permanente revisable va contra los derechos humanos.

"Se ha puesto de frente a las víctimas y defiende más los derechos de los delincuentes", denuncia Moro, tras recordar que, según ha dicho, el 80 % de la población apoya un tratamiento penal específico para reincidentes y delitos de especial gravedad.

A su juicio, defender ese castigo "no tiene nada que ver" con la posibilidad de reformar otras leyes, como sugirió la ministra de Justicia.

Ante el pleno del Senado, Delgado aseguró esta semana que existen "herramientas tan eficaces y que no son tan vulneradoras de derechos fundamentales", como la ley del cumplimiento íntegro de las penas, que "con unos pequeños retoques", permite que una persona salga de la cárcel más tarde que con la prisión permanente revisable.

Tanto la portavoz del PP, como el del PNV, ven probable que el Constitucional acabe avalando la norma, aunque con matizaciones a la actual regulación.

La conclusión, para Ciudadanos, es que "nos podríamos haber ahorrado aquel debate tan agrio en el que las familias se sintieron agredidas y desprotegidas", en palabras de su portavoz de Justicia, José Ignacio Prendes.

Su grupo, insiste, mostró su rechazo a "derogar en caliente" mientras había un recurso en el TC y apostó por restringir el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios para los crímenes de especial gravedad, al creer que "ahí está el agujero".

Con la proposición de ley para acabar con la prisión permanente durmiente en la Cámara, todas las miradas se dirigen al Constitucional, aunque fuentes de este tribunal consultadas avisan que el estudio del recurso no es inminente.