Díaz Ferrán afronta sólo un delito fiscal por comprar Aerolíneas Argentinas

La Audiencia Nacional ha decidido proceder contra Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por un delito fiscal de 99 millones de euros tras la privatización de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado español en 2001, aunque no aprecia malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude.

En un auto dado a conocer hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, exonera de cualquier actuación delictiva a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por consiguiente deja sin efecto la imputación de tres de los directivos que intervinieron en la venta en 2001 de la aerolínea a Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán y Pascual.

El juez, que acoge así las tesis de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, da 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y el presidente de Air Comet, Antonio Mata Ramayo, que se enfrentan a un delito contra la Hacienda Pública por el impago de 99,05 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de Air Comet en 2002.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión para esas actuaciones delictivas, lo que reduce sensiblemente la posible condena de los empresarios.

El magistrado considera que de la instrucción, iniciada en 2004, no se deduce la existencia de "concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado, sino actuaciones encaminadas a desprender a éste de empresas con graves problemas de solvencia".

La SEPI vendió en 2001 el 92 % de las acciones en INTERINVEST (la propietaria del 92,10 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet por un dólar y asumió el compromiso de aportar 300 millones de dólares para pagar a los acreedores de la sociedad.

El auto reconoce que la privatización de Aerolíneas Argentinas "posiblemente se pudo llevar de otra forma" a tenor del informe del Tribunal de Cuentas que asegura que le costó al Estado español cerca de 2.000 millones de euros, pero insiste en que en el proceso no hubo "intencionalidades delictivas, teniendo en cuenta que no hubo descapitalizaciones".

El magistrado considera que ni la SEPI ni los compradores de Aerolíneas Argentinas malversaron con los fondos públicos, ya que "la complicada operación contractual pretendía la venta de empresas con importantes pérdidas, lo que obligaba a la SEPI a realizar aportaciones de dinero público que las mitigaran".

Asimismo, indica que "esta operación permitió a la SEPI desprenderse de sus acciones asumiendo el pago de importantes pasivos de empresas en concurso, lo que excluye la idea de que los gestores del ente público se apropiaran de dinero ni que permitieran que Air Comet lo hiciera".

Según la acusación particular, representada por el abogado Rafael Caro Moya, Air Comet malversó porque utilizó el dinero de la SEPI para ampliar su participación en Aerolíneas Argentinas a través de una compleja operación, en lugar de abonar las deudas de los acreedores; todo ello con la aquiescencia de la sociedad pública.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional recuerda que Air Comet acabó pagando esas deudas con los fondos aportados por la sociedad estatal, aunque con cuatro años de retraso, y justifica la manera en que lo hizo como la forma "más conveniente" para la sociedad, que en ningún caso tenía "ánimo apropiatorio".

Contra el auto de la Audiencia Nacional cabe interponer recurso en el plazo de tres días, lo que tiene previsto hacer la acusación particular.

En declaraciones a Efe, el abogado Rafael Caro Moya critica el auto de Velasco por considerar que "salva a la SEPI" y no ve que hay hechos probados y documentados "más que de sobra" sobre la existencia de falsificación de cuentas y de estafa procesal.