Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció hoy el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.

"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.

Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.

González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.

Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.

Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.

Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.

También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.

En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.

"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.

Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.

La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.

Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.

Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".

Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.

Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.