El Gobierno de Estados Unidos manifestó su apoyo a España en el caso Odyssey, a fin de "proteger la inmunidad soberana del pecio Nuestra Señora de las Mercedes", anunció el Ministerio de Cultura.

El litigio se inició en 2007 con el descubrimiento, por parte de la compañía cazatesoros norteamericana Odyssey, de un tesoro español que se remonta a 1804 y que se compone por casi 600.000 monedas de oro y plata. En junio de 2009, el magistrado de Tampa Mark Pizzo consideró que el descubrimiento debía regresar a España.

La acción estadounidense se enmarca en el recurso interpuesto por la empresa, después de que su director Greg Stemm asegurara que agotaría todos los recursos legales. Precisamente el Gobierno español testificó el lunes ante el juez Steven Merryday.

Por su parte, James Goold, abogado del Gobierno español, advirtió que Estados Unidos tiene un "gran interés" en que se preserven los principios internacionales y se respalde la decisión de Pizzo. A juicio de Goold, la decisión tomada en junio "establece que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercial".

También agradeció la acción de la administración Obama José María Moncasí de Alvear, descendiente de Diego de Alvear, almirante de Las Mercedes. Moncasí describió como "un gran espaldarazo para los intereses españoles" los datos aportados por EE UU, consistentes en un informe desarrollado por el departamento de Justicia.

Como afirmó en un comunicado, el Ministerio agradece la colaboración de Estados Unidos para "evitar la perturbación ilícita de navíos que formen parte del patrimonio nacional, y respetar el lugar donde descansen los restos de quienes murieron prestando servicios a su país". Asimismo, solicita la colaboración de otros países en defensa de la protección del patrimonio histórico subacuático.

Entre los argumentos que la compañía esgrime figura la creencia de que los "estándares legales aplicados en la revisión del caso" sean incorrectos, así como que la naturaleza comercial de la misión del buque invalida "el principio de inmunidad soberana". Más todavía, Stemm señaló en julio su disconformidad por que "ni Odyssey ni los descencientes de los propietarios tengan ningún derecho legal".

En cuanto a la decisión del juzgado de Tampa a favor del Ejecutivo español, Pizzo destacó en su momento que la ausencia de jurisdicción apoyaba el fallo.