El Tribunal Supremo de EEUU pareció el martes estar preparándose para ampliar la competencia del derecho federal a poseer armas sobre los gobiernos locales y estatales, si bien algunos jueces señalaron que las armas de fuego podrían verse sujetas a regulaciones y restricciones.

En un desafío legal a la prohibición a poseer pistolas y revólveres aprobada hace 28 años en Chicago, el Tribunal mostró amplias divisiones entre conservadores y liberales sobre hasta qué punto ampliar su histórica decisión de 2008, según la cual los estadounidenses tienen un derecho federal a poseer armas, para que esté vigente en todos los estados y ciudades del país, que ahora tienen la competencia de regular el tema.

La libertad de armas es uno de los asuntos que más divide al país desde el punto de vista social, político y legal. Se estima que unas 90 millones de personas del país poseen en torno a 200 millones de armas, según un estudio citado en el proceso judicial.

Durante el periodo de argumentación de uno de los casos judiciales más importantes del año, los jueces hostigaron a los abogados de ambas partes con preguntas sobre el alcance de los derechos de armas y si deberían extenderse más allá de tener una pistola en casa para defenderse.

Además, los magistrados parecieron sugerir que una prohibición total a poseer pistolas y revólveres no sería viable porque el derecho a portar armas está escrito en la Constitución de EEUU, pero que sí se permitirían regulaciones razonables al respecto.

El juez Anthony Kennedy, un conservador moderado que suele tener el voto decisivo, señaló que otros derechos de la Carta de Derechos se han aplicado de forma que siguen dando margen para que los estados apliquen regulaciones razonables.

"¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las armas de fuego?", preguntó al abogado de la ciudad de Chicago que defendía un estricto control de armas que prohíba la posesión de pistolas y revólveres en la mayoría de los casos.

Los defensores del control de armas han instado al Tribunal a probar un sistema que permita regular las armas a nivel local, si las leyes fueran un ejercicio razonable de poder local o estatal para proteger la seguridad ciudadana.

Sin embargo, el Supremo no ha dado indicios claros sobre lo amplia que será su decisión, que se espera para finales de junio.

Alan Gura, un abogado que representa a cuatro residentes de la zona de Chicago y a dos grupos de derechos de armas, afirmó que el derecho individual a estar armado, fundamentado en una decisión de 2008 sobre la Segunda Enmienda, se extiende también a estados y ciudades.

Los jueces liberales, por su parte, han cuestionado el alcance de ese derecho, planteando, por ejemplo, si se refiere sólo a las viviendas o también a ir armado por la calle.

El fallo de 2008 determinó que los derechos de armas son limitados y estableció que no hay dudas sobre la prohibición de la posesión de armas de fuego por delincuentes o enfermos mentales ni sobre las leyes que las prohíben en lugares como escuelas y edificios del Gobierno, así como en las leyes que regulan la venta de armas.