Emergencia de la covid-19Las cloacas, Catalunya o el adiós de Reino Unido a la UE: todo lo que el coronavirus nos ha hecho olvidar (II)

Hace apenas tres meses el coronavirus era una cosa que se percibía como lejana. El desconocimiento y muchos kilómetros de por medio hicieron que se viera a esta nueva enfermedad como un problema ajeno. Pero la realidad, como siempre, es mucho más cruda y dura. La epidemia acabó llegando e instalándose en España, donde los muertos ya superan la barrera de los 20.000.

Y de repente, todo lo que unas semanas atrás parecía capital y ocupaba horas de televisión y radio y una inmensa cantidad de páginas de los periódicos se difuminó para dejar paso al drama mundial que es la covid-19. Quizás por eso, por el temor a que la pandemia haga olvidar alguno de estos asuntos, conviene realizar un repaso a todo lo que el coronavirus ha borrado de nuestro día a día. Esta es la segunda parte de El escándalo de Juan Carlos I, la censura parental o la España vaciada: todo lo que el coronavirus nos ha hecho olvidar (I).

Villarejo y el BBVA

Las cloacas del Estado en los más altos despachos del BBVA. Esa es la conclusión que salió a la luz después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón levantase el secreto de sumario de la pieza que investiga la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo López por parte de directivos de la entidad bancaria para que realizara 49 trabajos de espionaje: al exministro Miguel Sebastián, a la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o al presidenta de Ausbanc Luis Pineda, entre otros banqueros, empresarios y responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Unas operaciones por las que Villarejo se embolsó algo más de 10 millones de euros pagados por directivos del BBVA. Entre ellos, el expresidente del banco Francisco González, que en su declaración en calidad de imputado el pasado noviembre admitió que autorizó la contratación de detectives, aunque aseguró desconocer que se trataba del excomisario.

La ultraderecha gana peso

Durante los meses posteriores a las municipales y autonómicas había quien se preguntaba cómo influiría la entrada de la ultraderecha en las instituciones. Casi un año después, la respuesta parece clara. Como tercera fuerza política en el Congreso con 52 diputados y siendo un apoyo clave en los Gobiernos de las derechas en Madrid, Murcia, Andalucía y en el Ayuntamiento de la capital, Vox ha buscado instalar en el debate público algunas de sus cuestiones más polémicas, como la censura parental, su rechazo a la Ley de Violencia de Género o sus posiciones beligerantes respecto a la Memoria Histórica.

Pese a ello, las fricciones con Partido Popular y Ciudadanos, sus socios preferentes, han sido manifiestas. Como ejemplo, las protagonizadas por el portavoz de Vox en el consistorio de la capital Javier Ortega Smith con el alcalde José Luis Martínez-Almeida el día contra la violencia de género o el rechazo en la Comunidad a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Además, las estrategias de confrontación con algunos medios de comunicación de la formación de ultraderecha, con la difusión de bulos y mentiras para justificar los ataques contra todo aquel percibido como enemigo -periodistas y políticos- es algo que ha quedado de manifiesto y que se sigue viendo incluso en aspectos relacionados con la pandemia del coronavirus.

Catalunya

La resolución del conflicto político catalán pasaba por ser la mayor clave para garantizar la estabilidad del nuevo Gobierno de coalición. Fruto de la mano izquierda de ERC con el PSOE, la vía del diálogo dio sus primeros pasos, aunque con unas posturas muy alejadas y marcadas por las posiciones electorales de un bloque independentista dividido. La fractura entre Esquerra y JxCat, que sigue una línea marcada por el ya eurodiputado Carles Puigdemont, se había materializado los últimos días de enero, cuando Quim Torra -que no se presentará a la reelección- anunció el nuevo ciclo electoral, asegurando que sus socios en el Govern no habían respetado "el consenso del independentismo". Sin embargo, el coronavirus ha aplazado sin fecha los comicios y la reconfiguración del tablero político catalán.

Mientras tanto, los Junqueras, Romeva, Forcadell y demás políticos catalanes que cumplen sentencia por el juicio del procés disfrutaba de la posibilidad de abandonar la prisión durante unas horas al día para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares mayores, acogiéndose al artículo 100.2 del Reglamiento Penitenciario. Pero, ante el desarrollo de los acontecimientos y la expansión la covid-19, los políticos independentistas han optado por renunciar de forma temporal a sus salidas de la cárcel.

Los presupuestos, la otra gran clave

Si Catalunya iba a tener un peso fundamental en las posibilidades de éxito del Gobierno bicolor de PSOE y Unidas Podemos, los Presupuestos eran la otra gran prueba de fuego con la que comprobar la verdadera fuerza parlamentaria de la que gozaría el nuevo Ejecutivo. Con unas cuentas prorrogadas desde el año 2018, la aprobación del nuevo techo gasto suponía el primer paso para dar carpetazo al proyecto de Cristóbal Montoro.

Mientras, el primer Gobierno de coalición en España desde la II República se enfrentaba a algunos desafíos que ponían a prueba su solidez interna, muy cuestionada casi desde el momento en que personas ligadas a Unidas Podemos se sentaron en el Consejo de Ministros. La subida exprés del SMI a 950 euros fue la carta de presentación de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, pero otras cuestiones iban a tensionar más a las diferentes almas del Ejecutivo. Sucedió con la aprobación de la ley de libertades sexuales, cuando el vicepresidente Pablo Iglesias aseguró que en las "excusas técnicas" que demoraban su aprobación había "mucho machista frustrado", unas palabras que sentaron muy mal en el ministerio de Justicia. El blindaje constitucional de las pensiones, o la implantación, más allá de las medidas "puente" tomadas para hacer frente al coronavirus, de la renta mínima serán algunos de los siguientes grandes retos.

Las elecciones en Euskadi y Galicia

El ciclo electoral en el que el territorio español se ha visto sumido en los últimos años debería haberse cerrado con las elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia. En el caso de Euskadi, donde de nuevo el PNV tenía todas la papeletas para reeditar su enésima victoria, el foco de atención estaba en la coalición electoral formada por PP y Ciudadanos, con Alfonso Alonso de por medio abandonando la dirección territorial del partido, para agruparse como la única opción de la derecha no nacionalista. Pese a ello, las últimas encuestas realizadas antes de la cancelación electoral no presentaban un buen escenario para la suma de ambos partidos. Los populares perderían dos escaños respecto a las elecciones de 2016, quedándose con siete parlamentarios. Podemos también perdería representación, con otras siete sillones en el Parlamento Vasco -cuatro menos-. El PSOE subiría ligeramente en un par de escaños y Bildu repetiría como segunda fuerza.

En Galicia, donde la confluencia de PP y Ciudadanos finalmente no cristalizó, el escenario era o la continuidad de un Feijoó que se atrevía a marcar distancias con la estrategia de Pablo Casado o una suma de izquierdas que arrebatase la Xunta a los populares. Un escenario muy apretado, en el que el bloque de izquierdas, aupado por el Gobierno de coalición y el fuerte empujón del Bloque Nacionalista Galelgo (BNG), al que las últimas encuestas situaban por encima de los diez diputados, podría desbancar al PP de uno de sus tradicionales feudos.

La guerra comercial EEUU-China

Antes de que la covid-19 tiñese de rojo las previsiones económicas mundiales, la mayor amenaza para los mercados se encontraba en la guerra comercial mantenida entre Estados Unidos y China. Durante meses, el presidente estadounidense Donald Trump se dedicó a acusar al país asiático de ser enteramente responsable del desequilibrio comercial entre ambos países, cifrado en unos 600.000 millones de dólares.

El actual inquilino de la Casa Blanca optó por su habitual estrategia negociadora: la presión. Trump empezó a imponer aranceles a las importaciones llegadas desde China, una medida replicada desde el país que dirige Xi Jinping. Tras 18 meses de tensiones, acercamientos y medias rupturas, ambos países llegaron a un principio de acuerdo, por el que EEUU reduciría en su primera fase a un 7,5% los gravámenes a importaciones del gigante asiático por un valor de 120.000 millones de dólares, a cambio de que desde China se realizaran importaciones de productos norteamericanos por valor de 200.000 millones. Esta tregua era el primer paso para la desescalada de las tensiones y ambas partes habían acordado nuevas negociaciones, con cuestiones tecnológicas y de propiedad intelecutal como principal punto de discusión para más adelante.

La recta final del brexit

El laberinto interminable en el que se convirtió la salida del Reino Unido de la Unión Europea tuvo su punto álgido el pasado 31 de enero. Ese día se hizo efectiva la salida británica de las instituciones europeas, un escenario que por momentos parecía imposible de conseguir tras cuatro años de idas y venidas, con Theresa May y David Cameron como grandes derrotados. Pero este no ha sido el punto y final de las negociaciones entre ambas partes, ni mucho menos.

Si el coronavirus no hubiera arrasado con todo, este 2020 estaba destinado a ser un "periodo de transición", con el 31 de diciembre como fecha de finalización. Y debería haber servido para profundizar en los acuerdos alcanzados y desencallar cualquier aspecto controvertido de la futura relación entre Londres y Bruselas. Una negociación que de ninguna manera se antojaba sencilla, como dejó caer Boris Johnson poco después de formalizarse la salida de su país de las instituciones comunitarias. Mientras, el primer ministro británico ya había empezado a dibujar las líneas de cómo sería su Reino Unido posbrexit, con una ley de inmigración más restrictiva, con pruebas de inglés para todo aquel que quisiera entrar en el país y la exigencia de llegar con una oferta académica o laboral superior a las 30.000 euros anuales, excluyendo así a los trabajadores menos cualificados.

Bolivia y el otoño de las protestas en Sudamérica

El golpe de Estado ocurrido en Bolivia, sustentado en un informe fraudulento de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones generales de octubre en las que Evo Morales rozaba la victoria, supuso el punto y final de los 14 años de mandato del dirigente indígena, que se vio obligado a abandonar el país con parte de su gabinete. El vacía fue ocupado Jeanine Áñez, diputada de un grupo ligado a la derecha más católica del país, que se autoproclamó presidenta ante el vacío de poder existente, persiguiendo con fuerza a las altas figuras del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y convocando una reedición electoral el próximo 3 de mayo.

Paradójicamente, la cita electoral, suspendida sin fecha por el Tribunal Supremo, tenía como principal favorito al candidato del MAS y exvicepresidente del Ejecutivo de Morales Luis Arce, que a primeros de marzo, encabezaba con holgura la carrera por la presidencia boliviana, con un cifra algo superior al 32,6%, según una encuesta realizada por la cadena de televisión ATB, superando en más de un 12% a a su inmediato perseguidor, Carlos Mesa, quien también ocupó la segunda posición en las elecciones que provocaron la salida de Evo Morales.

Bolivia fue el máximo exponente de un otoño cargado de convulsión en América Latina. Ecuador dio el pistoletazo de salida, a causa de un alza del precio de la gasolina, a un periodo marcado por las protestas en diferentes puntos de la región. Chile fue el país donde el estallido social fue más largo e intenso. El chispazo fue una aparente pequeña subida en el precio de los billetes de metro, pero se trataba del enésimo golpe a los maltrechos bolsillos de una amplia mayoría de chilenos. Desde entonces, el pueblo chileno ha mantenido un pulso con el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se vio obligado rehacer su gabinete y ceder una propuesta de reforma constitucional. 

La caravana de migrantes hacia EEUU

El comienzo de año fue también un momento en el que los ojos de muchos se fijaron en la caravana de migrantes centroamericanos que marchaban rumbo a la frontera sur de EEUU. Cerca de 5.000 personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua emprendieron un largo y tortuoso camino con el objetivo de dejar atrás situaciones de pobreza, hambre o violencia y tratar de entrar en territorio estadounidense para encontrar un futuro mejor para ellos y para sus hijos e hijas.

Sin embargo, estos migrantes no tuvieron que llegar al paso fronterizo sur de EEUU para enfrentarse a la represión policial. México, amenazado por los aranceles de Donald Trump, se ha convertido en una especie de guardia de fronteras encargado de frenar, en la medida sus posibilidades, las diferentes oleadas migratorias que recorren el continente. Estas 5.000 personas fueron recibidas en suelo mexicano con golpes y gas lacrimógeno por parte de las fuerzas del país, mientras se veían obligados a cruzar a pie el río Suchiate. Un adelanto de lo que, de alcanzar la separación mexicano-estadounidense, les espera, con una durísima política en los puestos fronterizos impuesta por Donald Trump, que separa a los menores de sus progenitores.