Enfado monumental de la Junta con el Gobierno por dudar de su solvencia

El Gobierno de España dejó ayer a los pies de los mercados a la Junta de Andalucía y causó un enfado monumental en el Ejecutivo de José Antonio Griñán. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ve “con preocupación” las noticias difundidas singularmente por un medio de comunicación, ABC, sobre una hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta, negadas hasta la saciedad y con total rotundidad por el presidente andaluz, José Antonio Griñán.

La afirmación de Santamaría provocó un rechazo total del Gobierno. Tanto la consejera de Presidencia, Mar Moreno, como Griñán criticaron que la vicepresidenta hiciese declaraciones en el Palacio de La Moncloa, no con “el escudo de España detrás”, sino con “la gaviota del PP”. Esta vez, el mosqueo, que fue muy fuerte, no se quedó en una pataleta ante los medios de comunicación, sino que Griñán hizo que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, enviase una queja formal por carta al ministro Cristóbal Montoro, en la que le instó a mantener una reunión “con carácter de urgencia para tratar este gravísimo asunto”.

Asombrosas declaraciones

En la misiva, según pudo conocer Público de fuentes solventes, Martínez Aguayo no se ahorró términos gruesos para expresar su enfado. La Junta tacha de “asombrosas” las declaraciones de la vicepresidenta y avisa al ministro de Hacienda de “la situación de extrema vulnerabilidad” en la que las declaraciones de Saénz de Santamaría habían dejado a la Junta “frente a los mercados financieros, las agencias de ráting y la ciudadanía en general”. “Las consecuencias que pueden acarrear para Andalucía unas declaraciones de tal calado son imprevisibles, de forma que, además de provocar una importante alarma social confundirán a los mercados que pueden cerrar el acceso al crédito a esta comunidad, con las consecuencias de liquidez que no es necesario comentar”, agrega la carta.

Martínez Aguayo también afirma que son “declaraciones absolutamente infundadas que no responden a una petición de auxilio ni siquiera puntual para la atención de obligación ninguna”. “Las declaraciones de la vicepresidenta ponen de manifiesto –prosigue la carta, según las fuentes– la más absoluta deslealtad institucional bajo la intencionalidad de defenestrar la imagen del Gobierno de esta Comunidad Autónoma, máxime cuando otras Comunidades, que sí han hecho uso de la petición de auxilio, han sido tratadas con profundo respeto, como es natural”. La carta remacha diciendo que la situación financiera de la Junta de Andalucía es razonable y que “dispone de la liquidez suficiente para atender las obligaciones de pago”.

“Nunca hemos dejado de pagar ni una nómina ni una paga extraordinaria ni las medicinas ni nada”, dijo el presidente a los medios de comunicación. Para Griñán, Sáenz de Santamaría sabe perfectamente que lo que ha dicho “es mentira”. “Pero quizás –agregó el presidente– esté más presionada por la inminencia de unas elecciones en Andalucía, ante las que el PP está preocupado porque piensa que las puede perder, que por gobernar España”.

Compromiso de déficit

“La voluntad y determinación del Gobierno es cumplir con su compromiso de déficit”, dijo nada más comparecer en rueda de prensa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tal y como explicó es una medida “clave e imprescindible” para volver a crear empleo. Y se debe complementar con “las reformas estructurales” que para el 18 de febrero ya estarán listas.

Fue la forma en la que desmintió a su compañero Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Este había comentado en un diario económico alemán, el Financial Times Deutchland, que no estaba muy seguro de que España pudiera cumplir el objetivo del 4,4% para 2012 porque esta cifra se basaba en predicciones de crecimiento “obsoletas” hechas en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el PP trataban de justificar a Montoro. Sostenían que lo había defendido pensando que si Europa entra en recesión tal vez se replanteen las cifras. Santamaría aseguró que si las circunstancias se agravan y se presenta un escenario tan negro para nuestro país como el que baraja el Fondo Monetario Internacional habrá “más reformas” y se trabajará “con mayor rigor y esfuerzo”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siempre ha sostenido que cumplir el déficit es uno de los objetivos “irrenunciables”. Desde Hacienda se apresuraron a matizar las declaraciones de su titular recurriendo a este mismo argumento.

Las palabras de Montoro cada vez incomodan más en el Partido Popular. La formación siempre denunció en la oposición las “contradicciones” en las que incurrían los socialistas y ahora son ellos los que están cayendo en el mismo error. Montoro lleva toda esta semana copando titulares por anunciar sanciones penales para los gestores que incumplan y gasten más de lo que ingresan. Y ayer, cuando esa tormenta parecía remitir, estalló una nueva al generar dudas donde no debían existir.

Sáenz de Santamaría también quiso aclarar este asunto. Explicó en repetidas ocasiones que lo primero que desea el Ejecutivo  es “fijar con precisión” un conjunto de “obligaciones legales” que deberán cumplir los cargos públicos y se revisará el sistema sancionador para “intensificar y fortalecer” la respuesta penal a los casos “de dolo acreditado o gran culpa”.

Además, contó que esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una Ley de Transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno.

La vicepresidenta dijo que se determinara qué incumplimientos deben ser objeto de “un reproche administrativo o contable” y cuáles “por su gravedad” responderán a una sanción penal. Recordó que ya “existe” esto último ante determinados comportamientos pero que el Gobierno está “trabajando para intensificar y fortalecer” esta respuesta. Para ello será necesario una serie de reformas y en el caso del Código Penal, una ley orgánica.

Agujero en las cuentas

Al hablar de este asunto un periodista quiso saber si todo ello puede significar que un barón autonómico o alcalde que haya dejado un agujero en las cuentas pueda terminar en la cárcel. En el PP no han pensado llegar tan lejos. Sáenz de Santamaría apuntó que había “gran variedad de penas” y resaltó que entre ellas hay “algunas muy adecuadas” como “la inhabilitación”. También descartó que el castigo a los despilfarradores se pueda aplicar con carácter “retroactivo”, como sugirió el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.

Durante su comparecencia, Santamaría también tuvo que salir al paso de las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que apostó por el contrato único en una tribuna en Wall Street Journal.

Actualmente, hay casi medio centenar de contratos distintos, según las especificidades del empleado (sexo, edad, condición física, etc...) y el tipo de labor a desempeñar. Se pueden englobar bajo tres grandes grupos con varias tipologías específicas: los temporales (en prácticas; para formación; por obra; eventual; interinidad; temporal de inserción); los de duración indefinida (indefinido; fomento del empleo; los acogidos al programa de 2006; para discapacitados); y los transformados en indefinidos de los contratos de relevo, formativos y de sustitución); y los mixtos (el fijo-discontinuo); el de tiempo parcial; el de sustitución; el de relevo; o el de trabajo de grupo). Las características del empleado están ligadas en muchos casos a bonificaciones en las cuotas empresariales, lo que explica que existan múltiples modalidades de contratos.

La dirigente no corrigió a De Guindos pero tampoco le dio la razón. No aclaró lo que hará el Gobierno. Santamaría se limitó a señalar que la reforma laboral incluirá una “simplificación en el número de contratos” y se buscará la “estabilidad” “En España lo que necesitamos es que se celebren muchos contratos”, mantuvo. Y lamentó que ya se utilice un “único contrato”, el temporal que, según dijo, tras la última medida aprobada, se encadena de forma indefinida. Sobre la negociación entre agentes sociales, recordó que el domingo acabó el plazo con “un acuerdo insuficiente” y que, por lo tanto, el Gobierno llevará a cabo su reforma.