Las entidades de gestión de derechos de autor (con SGAE a la cabeza) sintieron ayer un crujido en la tela de los bolsillos. Unos 100 millones de euros al año, en concepto de canon aplicado a dispositivos digitales (móviles, mp3, lápices de memoria...), se les podían escapar por un agujero abierto donde menos lo esperaban: la tramitación en el Senado de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).

Pero los brazos de la SGAE son alargados y, con una llamada, lograron que el Partido Popular les reconociese que su voto a favor de la revisión del canon respondía a un error humano. Tranquilidad por tanto, dijeron a SGAE desde el área de Cultura del PP, que cuando vuelva la ley al Congreso se subsana el error. Así se lo confirmaron posteriormente a
Público fuentes del PP.

Es lo que tienen los sistemas legislativos bicamerales. Lo mismo da quién sabía que estaba apoyando la enmienda de L’Entesa Catalana de Progres contra el canon. Da igual que PP, PNV, CiU, Coalición Canaria y BNG, además del partido que presentaba la enmienda, dejasen sólo al PSOE a favor de la nueva tasa. Ésta seguirá adelante porque así se decidirá por mayoría (con los votos al menos del PSOE y el PP), el jueves de la próxima semana, cuando el Pleno del Congreso reciba de vuelta el texto de la LISI que aprobó ayer el Senado.

La aparición en el BOE de la orden ministerial que fija las tarifas del canon digital, que se esperaba para mediados de noviembre, sigue retrasándose. Esto ha llevado a que en el entorno del Gobierno empiecen a pensar que, o se saca ya el borrador pactado entre los ministerios de Industria y Cultura, o se deja dormir la orden ministerial en un cajón hasta que pase el periodo electoral. Por eso lo más probable, comentan, es que aparezca antes de fin de año para que
las vacaciones navideñas enfríen las consecuencias de su impopularidad.

A pagar

La enmienda que permitió ayer soñar con el fin del canon digital había sido presentada por el senador de L’Entesa Jordi Guillot en la tramitación de la ley en la Cámara Alta e instaba al Gobierno a suprimir en el plazo de un año la regulación que permite derivar hacia sociedades de gestión de derechos una parte de cada dispositivo afectado. Serán 3,15 euros por cada mp3 o iPod; y entre 0,80 y 1,50 euros por móvil. Bajará el gravamen a CD y DVD en un intento por frenar el fraude masivo que ha provocado el canon que ya seaplica a estos soportes.

En el largo trámite de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, PP y PSOE han demostrado estar más cerca de lo que podía pensarse en lo que a sociedades de derechos de autor se refiere.

Así, mientras el PSOE es quien ha aprobado la ley que introduce el canon dando el mismo peso a la SGAE que a la unión de la industria y los consumidores en su negociación; el PP presentó a la LISI una enmienda para crear una Agencia de Propiedad Intelectual.

En la Agencia se incluiría una comisión de copia privada que trataría la revisión del canon periódicamente y en la que el 50% de la representación lo tendrían las sociedades gestoras, el 30% la industria tecnológica y el 20% las asociaciones de usuarios y consumidores. Éstas por cierto, fueron apartadas por el gobierno del tramo final para definir las tarifas del canon digital por dispositivo.