El Gobierno de Trump recorta el derecho de los empleados federales despedidos a impugnar su cese

La Administración del presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, está tratando de dificultar que los empleados federales despedidos recuperen sus puestos de trabajo, según un plan del gobierno publicado el lunes, limitando su derecho a apelar su despido ante una junta independiente.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por su sigla en inglés), la oficina de recursos humanos del gobierno federal, propuso poner fin al derecho de los empleados federales rescindidos a impugnar su despido ante la Junta Independiente de Protección del Sistema de Méritos, según el plan.

En su lugar, los trabajadores cesados tendrían que apelar ante la OPM, una oficina cuyo director depende del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La Junta de Protección del Sistema de Méritos media en las disputas entre los trabajadores federales y sus empleadores. La junta registró un aumento de nuevos casos después de que Trump asumió el cargo por segunda vez. Según los registros del Gobierno, el número de casos de la junta aumentó un 266% entre el 1 de octubre de 2024 ⁠y el 30 de septiembre de 2025, en comparación ⁠con el ⁠mismo periodo del año anterior.

Si la propuesta se lleva a cabo, se sumaría a los esfuerzos anteriores de Trump por reducir el tamaño del Gobierno federal. Trump ha convertido los recortes masivos de empleados públicos en uno de los ejes centrales de su segundo mandato. 

Al mismo tiempo, ha socavado las vías de que esos mismos trabajadores puedan impugnar sus despidos, entre otras cosas cesando a miembros ⁠de las oficinas gubernamentales que velan por la protección laboral de los empleados federales.

La administración Trump despidió a 317.000 empleados federales en 2025, dijo a finales del año pasado el director de la OPM, Scott Kupor. 

Kupor señaló que solo una parte de los que se marcharon fueron despedidos, y que la mayoría optó por aceptar una indemnización o marcharse por su cuenta. Reuters no pudo verificar de forma independiente la veracidad de la declaración del director de la OPM.