En 1987, el precio de una entrada de cine era de 100 pesetas; hoy roza las 1.000. El café ha triplicado su precio desde entonces. El pan se ha cuadruplicado. Y un kilo de naranjas es diez veces más caro. Sin embargo, existe un producto que ha mantenido su precio, es decir, que lustro a lustro se ha ido haciendo más barato. De las 10.000 pesetas el gramo de 1987, a los 60 euros de 2009. Se trata de la cocaína, y su resistencia a la inflación sólo tiene una explicación: la oferta de la reina de las drogas es hoy muy superior a la de los 80.

Con este ejemplo ilustra Gerardo Cavero, fiscal responsable del departamento Antidroga de la Fiscalía Provincial de Barcelona, lo que califica sin ambages de "fracaso" en las medidas de represión del narcotráfico.

El nivel económico de los narcos les permite superar a la Policía en medios y tecnología

La situación geográfica de España la ha convertido desde hace años en la principal entrada de drogas en Europa. Ya no sólo como país adonde llegan estas sustancias antes de seguir su camino, sino también como centro donde los grandes cárteles realizan sus tareas de distribución y venta de estupefacientes.

Cavero abunda en sus razonamientos con frialdad. "La oferta de la cocaína, que es la droga gravemente dañosa por excelencia, es monstruosa, el mercado está saturado. Y la heroína, una vez que la generación de El Vaquilla ha muerto, está volviendo", razona. No acaban ahí sus preocupaciones. "Si el mercado también está súper abastecido de hachís, entonces es que la represión y la educación han fracasado sin discusión".

Ni siquiera las crecientes estadísticas de detenciones, decomisos y condenas una de cada cuatro personas que están en cárceles españolas cumple condena por delito contra la salud pública alteran la percepción de que la situación empeora año a año. "Cada vez interceptamos más alijos, pero también se cuela más droga ilegalmente", admite un antiguo mando del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el aeropuerto de El Prat. Eso ocurre porque se trata de una lucha desigual.

Resulta casi imposible encontrar pruebas que vinculen a un capo con un cargamento

Responsables de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado del CNP admiten que, a nivel técnico, están "a años luz" de las mafias. El mejor ejemplo de ello es que sólo a partir de 1995, cuando entró en vigor el Fondo de Bienes Decomisados, la Policía pudo usar los vehículos de los narcos capturados para perseguir estas actividades. Pero las diferencias técnicas subsisten. "No es lo mismo hacer un seguimiento con un Mégane que con un BMW", dice un agente del CNP. "Hay seguimientos que sólo se pueden hacer hasta el peaje de Martorell. Después, el narco se pone a 200 kilómetros por hora y adiós", corrobora otro.

Estas carencias afectan también a otros medio de transporte, como los yates, y a los sistemas de telecomunicaciones. Las grandes organizaciones utilizan sistemas como el teléfono vía satélite para hacer llamadas que no se pueden intervenir. "Siempre iremos atrasados y ellos siempre tendrán los últimos avances técnicos. Igual que la Fórmula 1 es una avanzadilla de la automoción, ellos siempre van un paso por delante", añade Josep Maria Pijuan, juez de la Audiencia de Barcelona. El fiscal Gerardo Cavero concluye: "En estas cosas, se nota que el narcotráfico es el primer negocio del mundo".

"No hay que desalentarse"

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Carmen Moya, explica que la recién aprobada Estrategia Nacional sobre Drogas pretende mejorar estos cuellos de botella detectados. "Es un problema que requiere de la coordinación entre los ministerios implicados, ONG, comunidades autónomas y también con otros países", dice. Moya explica que, según los últimos datos, el consumo de hachís y alcohol en España baja, y el de cocaína ha dejado de crecer. Noticias alentadoras, pero que no llegan aún a la lucha contra el narcotráfico. "No hay que desalentarse; hay que preguntarse dónde estaríamos si no hiciéramos todo lo que ya hacemos", añade.

Pero a pesar de las limitaciones, lo que más frustra a la Policía llega después. "Cuando conseguimos detener a alguien, después de investigaciones largas y complejas, nos encontramos con que las condenas quedan reducidas a su mínima expresión, una lástima teniendo en cuenta lo que cuesta llegar a juicio", dice un agente.

La batalla judicial

También los fiscales comparten estos desengaños, que a menudo tienen que ver con la falta de pruebas concluyentes contra los supuestos líderes de estas organizaciones. "Es muy difícil conseguir una condena muy severa para el narcotraficante, porque cuanta mayor es la altura en la pirámide jerárquica de la organización, más lejos se está del contacto físico con la droga, que es la prueba reina", explica el fiscal Cavero. Pero si ya es difícil conseguir imputar a estos narcotraficantes, más aún lo es condenarles una vez se sientan en el banquillo de los acusados.

"El excesivo celo del TC no lleva al garantismo, sino a la impunidad", lamenta un juez

Los indicios que estudian los jueces en estas causas suelen resultar poco concluyentes. "Las conversaciones telefónicas son rarísimas, con silencios, con una voz que pregunta ¿Ya recibiste las camisas?. Lo que para la Policía y la Fiscalía es un trabajo muy meritorio y bien resuelto, para un juez es a menudo insuficiente", explica el juez Pijuan.

"También ayuda que nos encontramos con las mejores defensas posibles", dice Cavero. "Los abogados a los que recurren los capos de la droga son los más caros y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los letrados que se especializan en este tipo de delitos no están en absoluto mal vistos en la profesión", añade.

Sin embargo, el principal aliado de los acusados suele encontrarse en el propio sistema de justicia español, uno de los más garantistas del mundo. "Los abogados de estos narcotraficantes consiguen éxitos muy frecuentes, porque determinadas pruebas se consideran nulas, o porque el Tribunal Constitucional (TC) revoca las sentencias por existir matices de irregularidades", relata este fiscal que lleva 22 años luchando contra la droga. "Hemos desarrollado una doctrina constitucional en materia de derechos humanos exquisita, magnífica y modélica", expone Cavero sin ningún entusiasmo.

Los que se llevan la peor parte son los pequeños traficantes; rara vez se encierra a los narcos

El juez Pijuan, uno de los más veteranos de España, coincide con él: "Somos demasiado garantistas. En nuestro país se da la ley del péndulo, en que se ha pasado de las barbaridades del franquismo, cuando se condenaba a alguien por un testimonio realizado bajo torturas, al otro extremo. Debemos rehuir el perfeccionismo y el dogmatismo en que a veces incurre el TC, porque el exceso de celo no lleva al garantismo, sino a la impunidad". En este sentido, Pijuan recuerda conversaciones con colegas franceses que se sorprenden del sistema penal español. "No sé cómo conseguís condenar a alguien alguna vez", es una frase que ya ha oído varias veces.

Pijuan, miembro de la progresista Jueces por la Democracia, tuvo el pasado año la ocasión de plantear durante una visita al Congreso su opinión sobre el TC a Alfonso Guerra. "Me respondió que este tribunal le parece una conquista irrenunciable". Su opinión es otra: "Después de 30 años de Constitución, los tribunales ya son lo bastante garantistas, por eso soy partidario de la supresión del derecho de amparo constitucional".

Mientras, se continúan acumulando sentencias que sólo sirven para aumentar el desencanto de los cuerpos policiales. "Tienen una dedicación total y cumplen magníficamente, pero al cabo de dos o tres años leen que tal detenido ha sido absuelto y su desolación es comprensible", dice Cavero. Otra de las reivindicaciones de los agentes es que los juicios se celebren antes y que las condenas se endurezcan porque, en lo que a crimen organizado se refiere, la reinserción es muy rara. "Cuando salen de la cárcel, delinquen con la experiencia adquirida", lamenta un mando.

Los juzgados, copados

Ante las dificultades para condenar a los grandes narcos, quienes acaban topando con el peso de la ley son los pequeños traficantes, los correos y los muleros. Una semana normal, casi el 50% de las causas que se juzgan en una Audiencia Provincial tiene que ver con este tipo de casos. Como el de Mohammad H., juzgado el pasado año por un delito contra la salud pública. Se acercó a una pareja de policías de paisano para ofrecerles su mercancía: "Tengo droga de la buena, llevo de todo", les dijo. O como María, que, siendo ya abuela, fue condenada a seis años de prisión por vender pastillas de éxtasis. "Ponen los años de cárcel como quien reparte caramelos", se lamenta.

Policías, jueces y fiscales trabajan para que eso cambie y piden obtener más recursos y medios para que España deje de ser la gran receptora y distribuidora de droga de Europa. Hasta entonces, queda resignarse a la anécdota que protagonizó un veterano fiscal, ya retirado, que se propuso acabar con la droga en las prisiones y preguntó a sus colaboradores por dónde entraba. "Por todos lados", le respondieron. Eso mismo ocurre en España.