La UE es la región del planeta que más inmigrantes ha recibido en los últimos años, 14 millones entre 1997 y 2008. De ellos, un tercio eligióEspaña como destino (4,6 millones desde 1998). En la UE viven en la actualidad más de 30 millones de extranjeros (un 6,2% de la población), según datos de Eurostat de 2008. España, con 5,3 millones, es el segundo país con más extranjeros (tras Alemania, con 7,3 millones) y el primero en porcentaje de ellos sobre la población total (11,6%).

Los distintos intereses de cada Estado han impedido hasta ahora consolidar una política migratoria común. El resurgir reciente de la retórica racista y las consecuencias sociales de la crisis son los dos puntos que más frenan la integración de los extranjeros. Francia, Austria, Italia y Holanda y tras las elecciones del pasado fin de semana, Hungría comandan el rebrote xenófobo.

Europa recibió a 14 millones de extranjeros entre 1997 y 2008

Con el fin de elaborar una política migratoria común y organizar la llegada de más extranjeros, los responsables de inmigración de los 27 se reúnen hoy y mañana en la IV Conferencia Ministerial Europea sobre Integración, que se celebrará en Zaragoza, en el marco de la presidencia española de la UE.

Rejuvenecer la población

En el área económica, Europa necesitará jóvenes extranjeros para mantener sus sistemas de pensiones y frenar el envejecimiento. La ONU calcula que, sólo Alemania, donde viven 82 millones de personas, requerirá 188 millones de inmigrantes antes de 2050 para mantener su actual sistema socioeconómico. Dado que la cifra es difícilmente sostenible, harán falta nuevas políticas demográficas.

Cada Estado tiene una preocupación particular. España, Italia y Reino Unido, que han acaparado el 75% de la inmigración europea de este siglo, centran sus preocupaciones en cómo integrar a ese contingente. Los países del Este siguen siendo emisores. Dinamarca se ha convertido en un territorio casi blindado. Francia y los Países Bajos ya han sufrido las consecuencias del desarraigo de los hijos de los extranjeros que llegaron en la segunda mitad del siglo XX.

En el polo opuesto se encuentran países nórdicos, como Suecia, donde la mayoría de los escasos foráneos que cruzan sus fronteras con idea de establecerse son refugiados que solicitan asilo.

El terreno en el que los 27 han logrado un mayor quórum ha sido el de la vigilancia fronteriza, con la creación en 2005 de la agencia de control de fronteras exteriores, Frontex. La integración y la cooperación con los países de origen son tareas en las que el avance está siendo más lento.

España, Italia y Reino Unido han recibido la última gran oleada

El encuentro de Zaragoza será clave para gobernar el fenómeno los próximos años. Tras las presidencias semestrales de España y Bélgica este año, llegarán las de Hungría, Polonia, Dinamarca, Chipre, Irlanda y Lituania, países con menor interés por la inmigración y que, presumiblemente, no centrarán sus esfuerzos en esta materia.

El principal argumento que calmó los primeros brotes racistas fue que la llegada de inmigrantes a la UE permite combatir el envejecimiento de la población por dos vías: la entrada de población joven y el incremento de los nacimientos. No obstante, los progresistas alertan de que si se vincula la inmigración únicamente con aspectos económicos se corre el riesgo de provocar una fractura social en épocas de crisis como la actual.

El mes pasado, un informe del Departamento de Estado de EEUU denunció el aumento de agresiones contra musulmanes, judíos y gitanos que ha registrado Europa en los últimos años. La encuesta sobre minorías y discriminación, que presentó la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) en mayo de 2009, destaca que miles de casos racistas permanecen ocultos: el 80% de los encuestados (el 84%, en España) desconoce qué organizaciones pueden prestarle apoyo. El 63% considera que, aunque denuncie las agresiones, nada cambiará.

Inmigrantes cualificados

En lo que también están de acuerdo los países es en potenciar la llegada de foráneos con talento. Desde el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, la UE trata de aumentar la tasa de inmigrantes cualificados para convertirse en "la economía del conocimiento más competitiva del mundo". En 2009, el Parlamento Europeo aprobó la directiva de la tarjeta azul, similar a la green card de EEUU y que otorga un permiso de trabajo y residencia de cinco años a extracomunitarios con "fines de empleo altamente cualificado". El porcentaje de extranjeros especializados en Italia (10%), Grecia (12%) o España (23%) aún está muy alejado del de Canadá (64%), Australia (52%) o EEUU (32%).

España, con el 11,6%, es el país con mayor porcentaje de inmigrantes

Por otra parte, los expertos vaticinan que la llegada de irregulares se reducirá, pero no se detendrá, por las diferencias económicas que hay entre países próximos. El Estrecho de Gibraltar es la mayor frontera económica mundial: la renta per cápita española es 13 veces mayor que la marroquí.

Además del factor económico, Europa resulta atractiva por su baja criminalidad, mejores servicios públicos, funcionarios fiables, derechos individuales y educación y sanidad gratuitas. Además, la predisposición de miles de empresarios en el sur de Europa para contratar a sin papeles es uno de los factores que más les anima a migrar. En los países nórdicos, la ciudadanía y las leyes son más reacias a alquilarles un piso o emplearlos.

Críticas al "fortín" que levanta Europa

Durante la conferencia que celebrará la Unión Europea en Zaragoza, la Plataforma Ciudadana por la Igualdad e Interculturalidad ha organizado una contracumbre para reivindicar el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes como ciudadanos y oponerse a las políticas europeas de control de fronteras, entre otras cuestiones.
El encuentro, bajo el lema ‘Dignidad, respeto y derechos para tod@s’, denunciará que la UE pretende convertir Europa en “un fortín” y que “criminaliza” a ciudadanos que “sólo aspiran a mejorar su calidad de vida”. En 2008, el Parlamento Europeo aprobó la ‘Directiva de la Vergüenza’, una normativa comunitaria que permite el internamiento de los sin papeles durante 18 meses a la espera de repatriación.