Sergio tiene 12 años. Es autista y dependiente. En 2008 su madre, que a la vez es su cuidadora, recibía 416 euros al mes. Ahora, dos años y algunos recortes después, sólo percibe 286. "Antes llevaba a Sergio al logopeda dos veces a la semana como mínimo. Una sesión de tres cuartos de hora cuesta 35 euros, así que ahora sólo puedo pagar una clase semanal", cuenta Inma Martínez. 

Esta familia de Muriedas (Cantabria) empezó a sufrir los tijeretazos del Gobierno a la Ley de Dependencia a principios de 2012. "El primer recorte llegó con la revisión de oficio del grado de dependencia de Sergio", recuerda Inma. La valoración decreció, por lo que la prestación se redujo en 80 euros. Luego, tras el recorte del 15% en la paga que reciben los cuidadores, Inma perdió otros 50 euros. Adiós al ahorro. "El material escolar de Sergio no se considera educativo, por lo tanto no puedo acceder a becas y tengo que pagarlo todo de mi bolsillo. Antes podía destinar la mitad de la ayuda a ahorrar para cosas de este tipo, por ejemplo hace dos años le compré una tableta digital que me costó 360 euros, pero ahora esto es impensable", explica Inma.

A principios de 2011, Sanidad ya anunció que los dependientes moderados no entrarían en el sistema hasta el año próximo. En 2012 el Ejecutivo de Rajoy se cargó de un plumazo una de las dos partidas con las que se financia la Dependencia: los 283 millones que se repartían entre las comunidades autónomas cada año, un 15% de la inversión total. En principio, ese dinero se destinaba a infraestructuras y gestión, pero dada la escasez de recursos, las comunidades usaban esa partida para atender a las personas. Los sindicatos aseguran que este recorte ha dejado a 256.000 dependientes sin ayuda. 

Por si eso fuera poco, el Gobierno suprimió también las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores que se hacen cargo de personas dependientes. "Estamos expuestos a soportar mucha presión porque, además de padres, somos terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, logopedas, maestros, asistentes personales, enfermeros. ¿Quién me ayuda a tener un respiro?, ¿quién cuida del cuidador?, ¿cómo puede decir 'no' un cuidador sin que salga perjudicado su dependiente?", se pregunta Inma.

Precisamente para no tener que decir nunca que "no" a su hija dependiente y poner remedio a tanto recorte, Francisco Arjona y su mujer se están preparando para hacer terapia en casa. Su hija Lara, de seis años, sufre el síndrome cromosómico Idic 15, una enfermedad crónica que le provoca epilepsias, conductas autísticas y retraso mental. Recibían 520 euros al mes, además de la cotización de su madre, una bióloga que dejó de trabajar para dedicarse completamente a su hija.

Tras el recorte del Gobierno perdieron 80 euros mensuales, pero antes, viendo que se acercaban tiempos difíciles, empezaron una carrera contrarreloj para formarse: "Yo estoy estudiando psicología por la UNED además de un máster específico sobre la enfermedad de mi hija, y mi mujer está en el último curso de Educación Especial", cuenta desde Málaga Francisco, que es ingeniero informático. "Si nos recortan más la prestación o finalmente desaparece la ayuda, tendremos que hacer la terapia en casa y hay que estar preparados", explica, "porque si Lara interrumpe el tratamiento, sus retrocesos son irrecuperables. 

Los 520 euros mensuales pagan sólo el 50% de la terapia que necesita Lara, una formación cognitiva y conductual que la niña recibe en un centro cuatro horas a la semana. El coste de este tratamiento, sumado a la logopedia, el deporte y la equinoterapia que necesita Lara, alcanza los 700 euros al mes. "No estamos en una situación desesperada, pero sí en la cuerda floja, nos sentimos desamparados", confiesa Francisco, que explica que su mujer ha empezado a vender dulces y tartas para compensar los recortes. "Se nos hace muy difícil ser padres".

Antonio Moreno, en cambio, está sobreviviendo a los recortes gracias a la herencia que recibió de su madre. "La reducción del 15% en la ayuda nos ha sentado como una patada porque los 100 euros que nos han quitado pagaban el ocio de Alexander. Ahora este ocio, que él necesita para su desarrollo cognitivo, es mucho menor", explica. Antonio invierte 700 euros al mes en Alexander, de 23 años, que padece una discapacidad psíquica con una pluripatología física. Antes, gracias a la Ley de Dependencia, cobraba 520 euros al mes, pero después del verano la ayuda se quedó en 420. "Mi hijo está siendo discriminado con este recorte. A mí su ocio me cuesta cuatro veces más que a un padre con un hijo sano. Pero Alexander es joven, necesita romper con la familia, salir, interactuar con la vida", cuenta.

Antonio asesora jurídicamente a la Asociación por los derechos civiles de los discapacitados y sus familiares, que congregó a 130 familias a través de las redes sociales para recurrir ante la Audiencia Nacional la reforma de la ley. "Esta modificación vulnera los derechos adquiridos de las personas dependientes y sus familias", denuncia Antonio, que además señala que los políticos "no piensan en el fondo de la cuestión, que es que los dependientes pueden caer en la marginalidad total"."¿Cuántos suicidios tienen que producirse para que se den cuenta del efecto que tienen todos estos recortes?", se pregunta.