Las quejas de los preferentistas encontraron en el Parlamento europeo el eco que no tienen en el Gobierno de su país. Tras conocer de primera mano el drama de estos pequeños inversores, la Comisiòn de Peticiones de la Eurocámara envió una carta el pasado 17 de julio al ministro de Luis de Guindos reclamando al Ejecutivo español que se asegurase de que a los afectados les fuese "devuelta la totalidad de los ahorros".

Para esa fecha, ya habían sido publicadas las resoluciones del FROB que establecían quitas de hasta el 61% de las inversiones realizadas por los preferentistas en los principales bancos nacionalizados --Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco Gallego--. El FROB es la entidad de derecho público que gestiona los bancos en crisis que han pasado a ser controlados por el Estado, en cuya comisión gestora se sientan varios subordinados de De Guindos empezando por el subsecretario del Ministerio. Lo preside el subgobernador del Banco de España.

La carta del Parlamento Europeo ha sido difundida por la plataforma 15MpaRato, que ejerce la acusación en el 'caso Bankia' y que tiene interpuesta una querella por la emisión y comercialización de las preferentes.

Está firmada por la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la democristiana italiana Erminia Mazzoni, quien relata que el 24 de abril de este año, los miembros del citado órgano tuvieron una reunión con once "afectados por los abusos cometidos en la venta de instrumentos financieros, especialmente de participaciones preferentes".

Los reclamantes destacaron que, como clientes de cajas de ahorros españolas, se les aconsejó invertir en acciones que creían ser depósitos a plazo fijo, de elevada rentabilidad y bajo riesgo. También se les dijo que podrían retirar sus activos en cualquier momento. Sin embargo, tras firmar la compra, se han ido percatando de que les habían vendido acciones expuetas a mayores riesgos y a las que sólo es posible acceder mediante su venta.

Los miembros de la Comisión --añade la carta-- "expresaron su máxima preocupación por la situación de estos pequeños ahorradores, por el gran número de afectados y por la venta de instrumentos financieros de riesgo a clientes que no poseían los conocimientos adecuados para comprender los riesgos implicados".

Por parte de un representante de la Comisión Europea, se les explicó que, de acuerdo a las directivas sobre mercados de instrumentos financieros, tenían derecho a una información "clara, imparcial y no engañosa" de la entidad, especialmente siendo clientes minoristas.

La misiva se cerraba así: "Los miembros de la Comisión de Peticiones seguirán esta cuestión con sumo interés, y por este motivo, visto que compete prioritariamente a las autoridades y los tribunales nacionales analizar el comportamiento de las distintas entidades a la luz de la normativa de la Unión, desean conocer a fondo las acciones tomadas por su Ministerio con el objetivo de solventar la situación de los peticionarios y de asegurar que les sea devuelta la totalidad de sus ahorros".