La ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, la misma que se adjudicó una pensión vitalicia de 369.497 euros al año a espaldas de los órganos de gestión de entidad alicantina, compareció este viernes en el juzgado juzgado de lo Social número 4 de Alicante, donde se celebra la vista que debe decidir si su despido por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fue o no procedente.

Amorós llegó a las 09:45 horas. La expectación era enorme: numerosos periodistas y cámaras de televisión rcibieron a la exdirectiva, pero también un grupo de afectados por los llamados "productos tóxicos" de la entidad. Momentos antes de entrar en el edificio de Pardo Gimeno, una mujer ha comenzado a gritarle: "Choriza, corrupta, ladrona, devuélvenos nuestro dinero".

Amorós, quien ocupó el cargo sólo durante unos nueve meses (de diciembre de 2010 a septiembre de 2011), pide 10 millones de euros de indemnización por despido improcedente. Los interventores del supervisor destituyeron de manera fulminante a la ejecutiva el 22 de septiembre pasado sin derecho a indemnización.

Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

Este informe ha conllevado la apertura de un expediente disciplinario a la cúpula de la CAM. Además, sus conclusiones, enviadas a la Audiencia Nacional, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que está valorando presentar una querella contra la ex directora general de la CAM, tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de la pensión vitalicia.

Pese a todas las circunstancias anteriores, Amorós no se ha cortado a la hora de presentar su demanda. Durante la vista, la representación legal de Caja Mediterráneo (CAM) pidió la desestimación íntegra de la misma y que se rechacen sus pretensiones económicas "por daño moral, por daño emergente y por lucro cesante".

La letrada de la CAM pidió esta desestimación al entender que queda acreditada "la falta de confianza" de la entidad en Amorós, a quien la considera responsable de haberse sustraído al mandato del consejo de administración, en relación con la fijación de las cantidades que debían percibir como jubilación, así como de ofrecer información sobre los resultados que "en modo alguno respondían a la realidad de la caja".

Además, según la entidad, se considera que la ex directora general, tal y como ya constaba en la carta de despido, realizó "una manipulación y falseamiento de resultados, así como a ocultación de datos, imcumplimiento normas contables y de los requerimientos de Banco de España, en lo relativo al saneamiento de activo", entre otros.