La decisión del Gobierno de limitar las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros no supondrá una obtención importante de ingresos adicionales, ni reducirá en exceso la economía sumergida, según expertos tributarios.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el plan antifraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros "en las que intervenga un empresario profesional".

También ha dicho que quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25 % del valor del pago.

Fuentes de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han señalado a Efe que el límite de 2.500 euros es razonable, si bien han pedido esperar a leer "la letra pequeña" para conocer exactamente el contenido de la norma.

En cualquier caso, han destacado que esta decisión no implicará una recaudación "inmensa y fácil" de millones y han defendido la posibilidad de que los particulares, siempre que lo deseen, puedan pagar por medios electrónicos a los empresarios, con el objetivo de que la operación quede registrada y no escape al control del fisco.

Por otra parte, en un comunicado, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha asegurado que esta medida es un primer paso para reducir la economía sumergida, aunque han subrayado que se queda corto, ya que la multa máxima del 25 % hará que siga siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.

Frente a la IHE, Gestha considera que el límite de 2.500 euros no es el adecuado y pide más exigencia contra el fraude para que este tope se reduzca.

En este sentido, indica que este límite es muy similar al que aplica Francia, que tiene la mitad de economía sumergida que España, mientras que Italia, con una tasa parecida de fraude, fija el tope en mil euros.

El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal.