El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado un concurso destinado a que los españoles condenados a muerte en el extranjero -en la actualidad Pablo Ibar en Estados Unidos y Nabil Manakli en Yemen- puedan pagarse una defensa de "calidad", según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), que sitúa en 60.000 euros el tope del importe total de la ayuda (ya sea a título individual o repartida entre varios solicitantes).

Las bases del concurso parecen hechas a medida de Pablo Ibar, inmerso en un proceso para declarar nulo el juicio que le condenó a la pena capital, ya que el caso de Manakli depende más de gestiones político-diplomáticas para librarse de ser ejecutado.

En cualquier caso, se trata de una medida novedosa, ya que hasta la fecha la normativa sólo permitía al Estado sufragar los gastos de la defensa jurídica de españoles ante un procedimiento penal en el extranjero cuando el nacional carecía de medios económicos suficientes y en aquellos países donde no existiera un sistema de defensa de oficio gratuito similar al que hay en España.

La orden de hoy quiere introducir una excepción al respecto para que este "principio general" de no costear asistencia jurídica privada a acusados españoles en países donde existe un sistema de defensa de oficio equiparable al español no se aplique "de forma absoluta", explica el Ministerio.

Pena de muerte

La "propia excepcionalidad" de la pena de muerte, no prevista en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es "uno de los objetivos expresos" de la política exterior del gobierno, (el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero lidera una iniciativa para lograr una moratoria universal de la pena capital para 2015) "justifica plenamente establecer una excepción al mencionado principio general", explica el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos en la nueva orden.

Exteriores subraya que los costes muy elevados que implica una defensa jurídica "de calidad" en un procedimiento de esta índole hace que "en pocos casos los acusados tengan recursos suficientes para costearla, lo que justifica igualmente la posibilidad de que el Estado coadyuve para sufragar la defensa jurídica".

No supondrá un trato de privilegio en relación con los acusados en España

Además, no supondrá un trato de privilegio en relación con los acusados en España, ya que esta excepción se establece para la defensa jurídica frente a una pena a la que no puede enfrentarse ningún acusado en España, fuere cual fuere el delito del que se le acusa, aclara.

Posibles beneficiarios

Los beneficiarios de la ayuda podrán ser los propios ciudadanos españoles que se enfrenten a la pena de muerte así como otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, que vayan a prestar asistencia al acusado o condenado.

En caso de que la solicite una persona física o jurídica para la asistencia de un ciudadano español que se enfrenta a la pena capital, el Ministerio valorará las garantías que ofrece de que su estrategia contribuirá eficazmente a la defensa jurídica del afectado frente a una solicitud o condena a la pena de muerte. Si es el propio acusado el que la pide, se analizará su capacidad para seleccionar y organizar eficazmente su defensa jurídica

La ayuda es compatible con otras subvenciones de entes públicos o privados siempre que, bien de forma aislada o en concurrencia con ese otro importe, no supere el coste de la actividad subvencionada, precisa la orden. El plazo para la presentación de solicitudes arrancará mañana y concluirá el próximo 26 de octubre.

Pablo Ibar, en mejores condiciones

A día de hoy, los únicos españoles que permanecen condenados a la pena de muerte son el el hispano estadounidense Pablo Ibar, acusado de matar a tres personas durante un robo en una vivienda y Nabil Manakli, ciudadano sirio que obtuvo la nacionalidad española al casarse en España.

Manakli está acusado de organizar a un grupo terrorista que presuntamente pretendía atentar contra el Gobierno yemení. Su ejecución está aplazada en la actualidad sine die y el preso permanece a la espera de que se ponga en marcha el convenio suscrito en 2007 entre España y Yemen para el traslado de personas condenadas. Que se libre de la pena capital tiene más que ver con gestiones político-diplomáticas que con una adecuada defensa jurídica.

La familia del condenado ha recurrido a diversas instancias para recaudar dinero

Ibar es a priori el que está en mejores condiciones de beneficiarse de la ayuda, ya que está inmerso en pleno proceso para intentar declarar nulo el juicio que le condenó a la pena capital.

Según intenta demostrar su defensa, en ese proceso no se respetaron sus derechos constitucionales porque el abogado de oficio que le asistió no procuró la asistencia de un experto de identificación facial que estableciera que es imposible identificar al español como uno de los autores del crimen basándose exclusivamente en la grabación de una cámara de vigilancia del domicilio donde tuvieron lugar los asesinatos.

La familia del condenado, a través de la Asociación contra la Pena de Muerte 'Pablo Ibar', ha recurrido a diversas instancias para recaudar dinero y poder pagar al actual abogado del español, el estadounidense Benjamin Waxman.