El asesinato en Alovera (Guadalajara), de una mujer y su actual pareja a manos de su ex marido, ha provocado preocupación. La joven, amenazada varias veces, había acttivado todos los servicios de protección que contempla la ley, pero al final fue asesinada. Público intenta averiguar qué falló.

1. ¿La Justicia tomó todas las medidas para proteger la víctima?

El 2 de septiembre de 2007, el juzgado número 1 de Torrejón de Ardoz decretó una orden de alejamiento contra Javier L. C. El juez también prohibió al presunto homicida comunicarse con la mujer y su hijo, y le ordenó que entregara su escopeta de aire comprimido. El denunciado quebrantó la orden de alejamiento en mayo de 2007. Fue detenido, pero el juez entendió que no había riesgo y le dejó en libertad.

2. ¿Qué falló para que se produjera el asesinato?

Hubo fallos al evaluar la peligrosidad del agresor. Desde que se dictó la orden de alejamiento, la víctima denunció "cinco o seis incumplimientos" ante el juzgado de Violencia de Género de Torrejón de Ardoz que instruía la causa, señaló ayer uno de sus abogados, Roberto García. El letrado, según explicó a Efe, pidió al juzgado una comparecencia para solicitar la prisión provisional del ex marido de la fallecida y la realización de una prueba psiquiátrica. Ambas diligencias fueron denegadas.

3. ¿Tienen los jueces los elementos necesariospara evaluar la peligrosidad o no de un maltratador?

La Ley de Violencia de Género contempla la creación de Unidades de Valoración Forense Integral. Están formadas por un forense, un trabajador social y un psicólogo. Estas unidades son un instrumento más para ayudar a jueces y fiscales a evaluar el riesgo, indicó ayer Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde que se aprobó la ley, en 2004, se han creado sólo 29 de estas unidades en nueve comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, según el CGPJ.

4. Si se hubiera detectado la peligrosidad en el caso de Guadalajara, ¿qué medidas se podrían haber adoptado?

Cada caso es único y es el juez quien valora qué medidas se toman. Según fuentes consultadas, el juez podría haber decretado el ingreso en prisión preventiva del denunciado. Si hubiera residido en Madrid, el magistrado podría haber decretado el uso de una pulsera electrónica. Si viviera en el País Vasco, a la víctima se le podría haber puesto un escolta.

5. ¿La pulsera electrónica habría evitado el crimen?

Probablemente sí. Se trata de un dispositivo que portan víctima y maltratador, y que emite una señal si el denunciado incumple la orden de alejamiento. En el caso de Alovera, la alarma se habría disparado en cuanto el presunto homicida se hubiera acercado a menos de 500 metros del domicilio de su ex mujer. De ese modo, tanto la Policía como la mujer y su parejaen ese momento habrían sido alertadas y no habrían abierto la puerta al agresor.

6. La víctima contaba con un servicios de teleasistencia, ¿por qué no funcionó?

Este sistema está conectado a un Centro de Control, que da el aviso sólo si lo activa la víctima. En el caso de Guadalajara, lo más probable es que la mujer ni siquiera tuviera tiempo de apretar el botón cuando su agresor se presentó en su casa a las 6.45 de la mañana.

7. ¿Cómo actúa la Policía cuando recibe una alarma?

La patrulla más cercana acude con urgencia al domicilio. Su prioridad es atender y proteger a la víctima, a quien se le informa de los pasos que puede tomar contra el agresor. Si al llegar, el agresor se halla en el lugar de los hechos, es detenido y trasladado ante el juez.

8. ¿Hay bastantes recursos para atender estas llamadas?

Cada provincia cuenta con una UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección), encargada de proteger a las amenazadas. Los sindicatos policiales denuncian la carencia de personal en estas unidades y lo ilustran con datos: por cada 250 mujeres maltratadas, hay un solo agente de media.

9. El agresor de Alovera tenía licencia de armas a pesar de haber sido denunciado. ¿Hubo negligencia?

La Ley Integral contempla la retirada de la tenencia, porte y uso de armas como medida cautelar. El juez suele obligar a la entrega inmediata de las armas, así como su respectiva licencia y guía de pertenencia, que quedan bajo la custodia de la Guardia Civil. Si se niega a entregar el arma y su documentación, podría incurrir en un delito por desobediencia.