¿De quién es Lorca? Mientras esta pregunta no obtenga una respuesta unánime no concluirá la controversia soterrada, pero con cierto grado de enconamiento, entre los sobrinos de Federico García Lorca que administran su legado, por una parte, y las asociaciones de la memoria histórica, numerosas voces en la izquierda y buena parte de los admiradores de la obra del poeta, por otra. Encabezados por Laura García-Lorca de los Ríos, los portavoces familiares vienen, en definitiva, a sostener que los versos de Lorca son de todos, pero sus huesos son de la familia, mientras que los alineados en la trinchera de enfrente defienden, con el hispanista Ian Gibson a la cabeza, que versos y huesos son de todos.

La Fundación Lorca no firmará el próximo miércoles el convenio para exhumar su fosa

Aun así, esta no es una historia de buenos y malos: el repaso detallado de los argumentos y actitudes de un lado y otro no arroja una conclusión clara ni desprende una moraleja nítida con la que atizar las cabezas culpables de los adversarios.

Extraña situación. Y extraña familia: su comportamiento no sólo es poco comprendido, sino que se ha ganado la animadversión de una gran parte de la izquierda, en la que a su vez se sitúan los miembros más notorios del clan. "Los restos de Federico y su memoria son de la humanidad. No es patrimonio exclusivo de sus sobrinos, como sí lo es su obra, y bien que lo aprovechan", afirma Francisco González Arroyo, ex presidente de la ARMH. Rafael López, presidente de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, coincide con Arroyo en que "Lorca es un personaje público que no debería pertenecer exclusivamente a la memoria particular de su familia". "Nuestro deseo es que no se remuevan los restos", replica la familia, que añade que las circunstancias de la muerte del poeta son de sobra conocidas y no es preciso ahondar más. Aun así, los herederos han ido modificando su negativa inicial para admitir, en sus últimas alegaciones a la apertura de la fosa, la posibilidad de identificar los restos del poeta.

Entre ambos contendientes intenta situarse la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, cuya titular Begoña Álvarez ha impulsado el proceso de exhumación de la fosa granadina de Alfacar, donde, además de Lorca, yacerían los restos del maestro Dióscoro Galindo, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, el inspector de tributos Fermín Roldán y tal vez el restaurador Miguel Cobo Vílchez. En todo caso, la Junta siempre ha garantizado a la familia Lorca que respetaría su voluntad de no exhumar sus restos ni identificarlos sin su permiso.

"Los restos del poeta son de la humanidad, no son patrimonio de sus sobrinos"

Aunque los trabajos preliminares ya están en marcha desde hace semanas, el pistoletazo final del proceso tendrá lugar el próximo miércoles cuando se firme en Granada el protocolo de investigación y exhumación entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Alfacar, la Universidad de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Faltarán, pues, la Fundación y la Casa Museo de la Huerta de San Vicente, lo cual no deja de ser paradójico puesto que si en Alfacar no se creyera que está Lorca, no se habría puesto en marcha todo el complejo operativo de exhumación.

Casi nadie tiene claro a qué juega la familia Lorca. Los seis firmantes de las alegaciones contra la apertura de la fosa, con Laura García-Lorca al frente, mantienen una visión patrimonialista de los restos del poeta que irrita a las asociaciones de memoria histórica y alimenta teorías extrañas y rumores que, siendo quizás verosímiles, carecen de base real, como el nunca confirmado de que se trasladó el cuerpo tras su asesinato. La familia Lorca no es una familia cualquiera. Tiene carácter. En la propia Junta de Andalucía se andan con mucho cuidado al hablar de asuntos relacionados con ellos. Desde la CGT, Cecilio Gordillo incluso se quejó de que, para abrir la fosa de Alfacar a demanda de la familia de Francisco Galadí, se creara un procedimiento ad hoc para las alegaciones de la familia Lorca, con el objeto de tenerlos contentos y no darles motivo de queja. Luego les ampliaron el plazo. Más tarde, cuando parecía que se habían salido del plazo, la Junta aclaró que tenían un día más. Pero eso no quitó para que las alegaciones de la familia estuvieran trufadas de confusos y velados reproches a la Junta.

En cualquier caso, existe un problema de comunicación entre la familia y la sociedad. En las raras ocasiones en que Laura García-Lorca de los Ríos descuelga el teléfono, atiende con una amabilidad extrema, es sucinta, clara y didáctica a la hora de defender su postura, que se resume en "defender la dignidad y la memoria de nuestro tío". Entretanto se da un hecho paradójico: el "circo mediático" que la familia teme en torno a la fosa es en buena medida alentado involuntariamente por ella misma al rechazar una exhumación que suele ser voluntad de la mayoría de familiares de asesinados.