¿Debe comulgar el rey, católico practicante, si rubrica con su firma la reforma de la Ley del Aborto? ¿Habría algún obispo que le negara la comunión? ¿Qué diferencia su actuación de la de los políticos católicos, que tendrán prohibido el acceso a la eucaristía? La Conferencia Episcopal eludió ayer hasta en siete ocasiones resolver estos interrogantes, limitándose a decir que el rey está en una "situación única", que al parecer no le privará de seguir recibiendo la hostia.

"Que su majestad el rey tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única", acertó a decir el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, y añadió: "No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación. Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única".

"Una cosa es lo que haga el rey,y otra lo que hagan los políticos"

"Una cosa es lo que haga Su Majestad el Rey, que es un caso único, y otra cosa es lo que haga un político con su voto, que tiene consideraciones diversas", precisó Camino, que sin embargo no cerró del todo la polémica, pues no negó que la actuación del monarca "tiene una consideración moral", aunque no reveló cuál.

"No es necesaria una exhortación al rey", zanjó. Después, se negó en redondo a volver sobre el tema, incluso cuando se le recordó el precedente del Rey Balduino de Bélgica, que en 1990 abdicó durante tres días para no tener que firmar la ley del aborto en su país.

El obispo auxiliar de Madrid sí dejó claro, un día después de que el Senado diera el sí final a la norma, que "esta ley debe ser abolida cuanto antes".

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Los políticos sí serán excluidos

Camino recordó que, a diferencia del rey, los políticos católicos que hayan votado la ley, en el Congreso o en el Senado, se han puesto "a sí mismos" fuera de la comunión.

"Están claras cuáles son las consecuencias para un político católico, pertenezca a la adscripción que pertenezca", apuntó Camino, quien añadió que "los sacerdotes saben bien lo que tienen que hacer".

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En cambio, el portavoz episcopal no quiso responder a la pregunta de si él negaría la comunión, por ejemplo, al presidente del Congreso, José Bono. Camino aumentó en noviembre la presión sobre los legisladores, al asegurar que todo político católico que votara a favor de la norma incurriría en "pecado público", con lo que "no podría acceder a la comunión".

La petición de que el rey se quedara sin comunión en caso de sancionar la ley, como adelantó Público, se formuló desde sectores ultracatólicos a través de una campaña de recogida de firmas que no cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal y tras un mes de ponerse en marcha apenas supera las 50.000 firmas.

La ley supone para los obispos "un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy serio para el bien común".

En su comparecencia pública, Camino reiteró la doctrina católica respecto a la interrupción del embarazo, que condena de forma inmisericorde a las mujeres que abortan. Sin embargo, el portavoz episcopal insistió en que "como madres, la Iglesia comprende sus dificultades y nunca las dejará solas".

Lo que sí harán los obispos es respaldar y apoyar "cualquier iniciativa" a favor de la vida "y que ofrezca alternativas al crimen del aborto". Preguntado sobre la marcha del 7-M, Camino saludó la iniciativa, si bien aclaróque "la Conferencia Episcopal no puede estar en todos los sitios".

La citada marcha está convocada, entre otros, por Hazte Oir y Derecho a Vivir, pero en esta ocasión no cuenta con la participación del Foro de la Familia. La grave crisis vivida en el seno del movimiento autodenominado provida provocó la ruptura entre ambas instituciones tras la marcha del 17 de octubre.

Alarma educativa

El portavoz también criticó la "instrumentalización hacia una mentalidad abortista" que se esconde detrás de la inclusión de informaciones sobre la anticoncepción dentro del sistema educativo, como prevé la ley, lo que en opinión de Camino supone "un oscurecimiento de la conciencia".

Finalmente, y preguntado sobre la propuesta de pacto educativo presentada ayer por el ministro Ángel Gabilondo, Camino lamentó no haber sido invitado oficialmente a sumarse a la negociación. Luego insistió en que "es necesario un pacto real, que no se reduzca a los actores políticos, sino también a los actores sociales", entre los que citó a la escuela, los padres, los profesores "y la misma Iglesia".