El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, afirmó hoy que su orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, sospechoso de haber cometido genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur, no tiene carácter político y que la cursó "cuando tenía todas las evidencias".

"Mantengo mi independencia sin atender a factores políticos", afirmó hoy Moreno Ocampo durante una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York donde asiste a la conmemoración del décimo aniversario de la CPI.

Asimismo, subrayó que el caso de Darfur le llegó en 2005 "referido por el Consejo de Seguridad" y que tras investigar el caso, emitió el pasado lunes una orden de detención internacional contra el presidente de Sudán.

"Mi responsabilidad es investigar casos y presentar las evidencias a los jueces. Mi responsabilidad es jurídica, no política", afirmó el fiscal de la CPI, que indicó también que presentó el caso contra Bachir "en la última semana que podía hacerlo", debido al receso en que el tribunal entra por el periodo de vacaciones estivales.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es el primer tribunal permanente independiente dedicado a juzgar los crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad, en base al tratado que se firmó en Roma el 17 de julio de 1998 y que hasta ahora ha sido ratificado por 107 países.

Sobre Bachir, que es el tercer presidente en ejercicio en ser objeto de un proceso judicial internacional, pesan tres acusaciones de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.

Moreno Ocampo insistió en que el "primer derecho es el de decir la verdad", e insistió en que los responsables de los delitos humanitarios en la región sudanesa de Darfur tienen que ser detenidos y llevados ante la justicia.

Asimismo, se refirió al papel que tuvo otro de los implicados y contra quien desde mayo pasado pesa también una orden de detención como es el ex viceministro del Interior sudanés Ahmad Mohamed Harun, de quien dijo que "era el responsable de los campamentos" en donde se cometieron muchos de los delitos.

"Bachir ha dicho que Harun seguía sus instrucciones. Eso fue prácticamente una confesión pública", insistió el fiscal de la CPI.

La fiscalía del alto tribunal La fiscalía sostiene que Al Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias Fur, Masalit y Zaghawau", que constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, de los 4,5 millones de habitantes de Darfur.

El conflicto de Darfur comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados se rebelaron contra el Gobierno de Jartum por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida esta región.

Desde entonces, unas 300.000 personas han perdido la vida y al menos 2,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según la ONU, que considera la situación de Darfur como una de las peores crisis humanitarias de la historia.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Estados parte del CPI y canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, subrayó en la misma conferencia de prensa que el envío del Consejo de Seguridad a la CPI del caso de Darfur "supuso un cambio de dinámica en la comunidad internacional en cómo se abordan la paz y la justicia".

"En Darfur se ha establecido una dinámica por la que se trata de hacer justicia al tiempo que está teniendo lugar un conflicto", dijo Stagno, que afirmó que ello demuestra que "la paz y la justicia se pueden trabajar de manera mancomunada".

El fiscal declinó responder a las preguntas sobre si su decisión podría tener una influencia negativa para los trabajadores humanitarios y las fuerzas de mantenimiento de la paz allí desplegadas de forma conjunta entre la Unión Africana y la ONU (UNAMID).