La instrucción del caso Gürtel por parte del juez Baltasar Garzón no es constitutiva de delito alguno. Por eso la Fiscalía ha pedido a la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo que archive la querella que el PP presentó contra el juez de la Audiencia Nacional por prevaricación, revelación de secretos y un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos.

En su informe, la Fiscalía declara la competencia de la Sala Segunda del Supremo para investigar los hechos denunciados, por ser el tribunal competente para ello, al ser Garzón aforado, pero a continuación pide el archivo de las actuaciones, al "no constituir delito alguno" su labor.

El fiscal defiende que el juez siguiera investigando a pesar de haber aforados

La querella del PP se centra en que Garzón dejó de ser competente para investigar la trama de corrupción vinculada a ese partido desarticulada en la operación policial desarrollada el pasado 6 de febrero, al aparecer indicios contra diputados de la citada formación y, por tanto, aforados.

Debía seguir investigando

El informe fiscal explica que el Ministerio Público "se ha limitado a solicitar que el juez actúe conforme a lo previsto en el artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que consiste en que al aparecer indicios de responsabilidad de aforados debe elevar una exposición razonada al Tribunal Superior que corresponda. Pero esa circunstancia "no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones personales", para evitar una remisión de las actuaciones "injustificada".

Negar que González Pons estuviese implicado no es revelar el sumario

Es decir, no se debe elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo o a un TSJ por el mero hecho de que en la instrucción de una causa aparezca el nombre de un aforado, ya que deben concretarse los indicios que hay contra él.

Una vez salvado este punto, en el que el PP utiliza como argumento la petición de inhibición realizada por Anticorrupción, el informe señala que "el resto de hechos periodísticos que se relatan [en la querella], se refieren a resoluciones, o ausencia de ellas, no definitivas, y plasman una disconformidad del partido político con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación que se imputa".

El PP, que también ha denunciado a Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial, presentó su querella contra Garzón el pasado 25 de febrero "ante la contumancia en las irregularidades procesales", y la amplió al día siguiente por revelación de secretos.

Nada sustenta las acusaciones

En cuanto a la filtración de datos del sumario por parte del magistrado, la Fiscalía sostiene que el PP no ha aportado dato alguno que permita sustetar esa acusación. Sólo considera que podría entenderse que lo ha hecho en una ocasión, cuando a través del gabinete de prensa de la Audiencia se negó que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, estuviera vinculado a la investigación. Pero eso, añade, no supone revelar datos de un sumario, "sino todo lo contrario".