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La Fiscalía investigará las muertes en la frontera de Melilla

El Ministerio Público cree que han podido verse afectados los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas y destaca la "singularidad y complejidad" de la investigación.

Varios migrantes se dirigen al Centro Temporal de Inmigrantes (CETI), después de saltar la valla de Melilla, a 24 de junio de 2022, en Melilla.
Varios migrantes se dirigen al Centro Temporal de Inmigrantes (CETI), después de saltar la valla de Melilla, a 24 de junio de 2022, en Melilla. Antonio Ruiz / Europa Press

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado una investigación para esclarecer los hechos registrados en la valla fronteriza de Melilla el pasado 25 de junio, donde murieron al menos 23 personas en territorio marroquí.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, Delgado ha firmado este martes un decreto para encomendar a la fiscal de sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la investigación de lo ocurrido, ante su "trascendencia y gravedad".

Afirma el Ministerio Público que han podido verse afectados los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas y destaca la "singularidad y complejidad" de la investigación.

Varios grupos parlamentarios, entre ellos Unidas Podemos, habían reclamado una investigación, petición a la que se ha sumado este martes el Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes.

Este organismo ha pedido a Marruecos y España investigar de forma inmediata y completa las causas de la muerte de 23 migrantes subsaharianos para esclarecer si perdieron la vida "al caer de la valla, en la estampida o como resultado de alguna acción de los agentes de fronteras".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya avanzaba este martes en una entrevista realizada en Antena 3 la intención del Gobierno de poner luz en los hechos acaecidos: "Tanto Marruecos como España queremos esclarecer lo sucedido"

Hasta el momento el Gobierno de Pedro Sánchez había esquivado realizar declaraciones sobre una posible investigación que piden tanto desde sus socios de Unidas Podemos como desde el PP. Eso sí, el Ejecutivo deja en manos del Defensor del Pueblo este asunto.

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