La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC, el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en el 2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)

La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde el 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU).

También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.

Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de las obras del túnel del Mioño.

De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio.

Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el TSJC.

Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.

La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño.

La imputación se ha ampliado después a los demás miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias practicadas.

Los ocho imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.

También deberán declarar los concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.

La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación de esa obra.

El Ministerio Público determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.

La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.

Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.