Los forenses turcos desmienten al general Navarro

Los forenses turcos, cuyo testimonio habían solicitado las acusaciones y el propio fiscal, no decepcionaron. Con serenidad y aplomo, tanto Bülent Sam como Ómer Müslümanoglu fueron desmintiendo una a una todas las justificaciones que el principal acusado, el general Vicente Carlos Navarro, esgrimió en la primera sesión del juicio en relación con la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos en mayo de 2003 en el accidente del Yak-42.

Los forenses explicaron que a 32 cuerpos se les identificó con la lista que llevaba la delegación española, gracias a que aparecía su apellido en el uniforme, tenían consigo sus placas o portaban documentación o algún objeto, como alianzas o medallas.

Para los otros 30 era imprescindible realizar pruebas de ADN, porque estaban carbonizados. Los españoles, y en concreto el general Navarro, lo sabían y "prometieron" hacer los trabajos necesarios para una identificación total en España. "Tenían prisa por volver a España, porque tenían un funeral de Estado", aseguró Bülent Sam, jefe del equipo de forenses turcos que se desplazó a Trabzon por el accidente. Su compañero, Müslümanoglu, precisó que el funeral estaba previsto para "el jueves siguiente".

Sam explicó que el examen de cada cadáver lo hicieron cuatro forenses turcos y los militares españoles, a los que en ningún momento se obstaculizó su trabajo, prohibiéndoles la toma de muestras o de objetos personales, como argumentó el general Navarro.

Decisiones conjuntas

"Tomamos decisiones conjuntamente con los militares españoles y pudimos identificar 32 cadáveres. Subrayamos que se tendría que hacer tests de ADN, pero el general Navarro insistía en llevárselos incluso sin identificar, porque había dicho que tenían que llegar a un funeral de Estado. Prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento" de entrega, explicó Sam.

Los dos forenses afirmaron que hablaban en inglés con la delegación española. Sam señaló que el acta de entrega de los cuerpos, que estaba en turco, se leyó en español por un intérprete, y que si el general Navarro o cualquier otro hubiera tenido problemas con la traducción o alguna duda, se habría aclarado en inglés, pero nadie planteó objeciones. Müslümanoglu añadió que hasta hablaron de fútbol en inglés. Navarro aseguró, en cambio, que era muy difícil hablar con los turcos por su pésimo nivel de inglés y que "no habría firmado" el acta si llega a saber que los cadáveres no estaban identificados.

Sam precisó que los españoles "querían firmar cuanto antes y salir de ahí, porque tenían preparado un avión esperándoles", por eso ignoraron su petición de hacer venir a familiares directos de las víctimas o, al menos, muestras suyas para hacer las pruebas de ADN.

Una botella de vodka

En cuanto a Navarro, Sam se limitó a decir en el juicio que "estaba en condiciones" de realizar las labores de identificación, pero "olía a alcohol". En declaraciones a los medios, al terminar la sesión, aseguró que le vio beberse una botella grande de vodka. Tanto él como su compañero dijeron ante las cámaras que se sentían "insultados y ofendidos" por el principal acusado.

También fuera de la sala de vistas, Sam explicó que el director del Instituto Forense de Estambul, Keramettin Kurt, les dijo que el número tres de Defensa con Federico Trillo, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, se desplazó a Turquía el 11 de marzo de 2004 para pedirles que asumieron la identificación de los cadáveres, algo a lo que se negaron. En el juicio, Sam no lo pudo decir porque el presidente del tribunal consideró dichas preguntas ajenas al proceso.

Más detalles, igual pena

La sesión concluyó después de que las partes dieran a conocer sus peticiones de pena. Ni acusaciones ni defensas hicieron más modificación que añadir detalles al relato de cómo fueron tratados los cadáveres, aunque la defensa del general Navarro solicitó que, en caso de condena, se le aplique una atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para los dos comandantes médicos, mientras que la acusación que ejerce la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 pide seis años para cada uno de los tres acusados.