Los empleados públicos que trabajan en la Administración de la Justicia serán el primer colectivo de funcionarios a los que se les detraerá la paga extra de Navidad, ya que se les retirará de las nóminas correspondientes al mes de septiembre como consecuencia del ordenamiento jurídico que regula sus condiciones laborales, según ha informado este viernes el sindicato CSI-F. Las cerca de 45.000 personas que trabajan en la Administración de Justicia española se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que el Gobierno se ha visto obligado a adaptar la aplicación del decreto de julio, en el que se aprobaba la supresión de la paga de Navidad, a la citada normativa.

CSI-F ha explicado que el recorte de la paga a este personal (gestores, tramitadores, auxilio judicial, forenses, etc.) se va a concretar detrayendo su importe del sueldo base y los trienios mes a mes, desde septiembre hasta diciembre. "Esta circunstancia implica una disminución de la nómina presente, pero también de la futura, en tanto que las futuras pensiones también se verán afectadas a la baja por estos recortes", denuncia el sindicato.

El Ministerio de Justicia profundizará en las reformas que afectan al ámbito laboral de sus empleados en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se incluye el recorte de los moscosos (días de libre disposición), la supresión de los canosos (días por antigüedad), o la suspensión del régimen retributivo en casos de licencia por enfermedad. "Esta reforma va dirigida a coaccionar al trabajador, que además del trastorno que padece por enfermedad, se le castiga con una importante rebaja salarial, y además, sine die", ha destacado el presidente del sector de Justicia de CSI-F, Francisco Lama. Además, Lama ha denunciado que la reforma de la Ley Orgánica establece un régimen de movilidad forzosa que implica cambio de municipio, lo que supone "un plus de recortes extra del señor ministro para todos los funcioarios de Justicia".

Esta reforma, añade CSI-F, cobra aún más gravedad en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, donde además de congelar por tercera vez consecutiva las retribuciones de los empleados públicos, "se pone en serio peligro la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".