GAL: 30 años de impunidad

Noventa minutos de tensión, una dramática tanda de penaltis y dos históricos porteros, Zubizarreta y Arconada, volando bajo la portería. Aquel 8 de febrero de 1984, el Athletic de Bilbao eliminó a la Real Sociedad en Donosti y se encaminó hacia los cuartos de final de la Copa del Rey. Al otro lado de la frontera, dos refugiados vascos caían ametrallados cuando se dirigían a ver el partido en casa de un amigo. Los militantes de ETA Ángel Gurmindo y Bixente Perurena se convertían así en víctimas de un nuevo atentado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que aún tenían previsto matar a otros tantos exiliados. Treinta años después, sus familiares continúan reclamando una investigación seria sobre lo ocurrido. Las heridas, dicen, no paran de sangrar.

Perurena tenía 37 años y era de Errenteria (Gipuzkoa). Gurmindo había cumplido 34 y era oriundo de Olazti, un pequeño pueblo navarro. Ambos fueron acribillados a balazos en la localidad vascofrancesa de Hendaya por dos individuos que lograron huir sin dejar el más mínimo rastro. "Nos enteramos que los habían matado aquella misma noche, a través de los medios de comunicación. Nuestro pueblo, que es muy pequeño, se llenó enseguida de policías y guardias civiles. Fue realmente impresionante", señala a Público Juan Antonio Lasa, amigo íntimo de Gurmindo.

Al día siguiente, un comunicante anónimo llamó a Radio Popular para reivindicar este doble crimen en nombre del GAL, un grupo que comenzaba a cobrar una tenebrosa fama en los ambientes abertzales. Antes de despedirse, aquella misteriosa voz prometió que seguirían matando vascos mientras ETA continuase con sus atentados. "A partir de ese momento -comenta Lasa- empezamos a sentir mucho miedo por lo que podía avecinarse".

"Empezamos a sentir mucho miedo por lo que podía avecinarse" Efectivamente, el GAL cumpliría con lo prometido. De acuerdo a los datos manejados por la Fundación Egiari Zor -"Una deuda con la verdad", conformada por familiares de víctimas de la represión- este grupo armado asesinó a 28 de las 83 personas que cayeron durante la guerra sucia. Otras 41 murieron a manos del ultraderechista Batallón Vasco Español y de la Alianza Apostólica Anticomunista (también conocida como la Triple A). Los Grupos Armados Españoles sumaron dos crímenes gracias a la bomba que colocaron en un bar regentado por una familia del PNV en Alonsótegui (Bizkaia), mientras que otros 12 casos no fueron oficialmente reivindicados por ninguna sigla.

"Algunas de esas acciones fueron protagonizadas por agentes policiales directamente, mientras que la mayoría las ejecutaron mercenarios de distinta nacionalidad, financiados y bajo el amparo de instancias oficiales españolas y francesas. Cuatro de esas personas permanecen desaparecidas", señala el informe proporcionado por Egiari Zor a Público.  

"Desde que a partir del año 1975 algunas instancias del Estado español decidieran iniciar una guerra irregular contra sectores de la resistencia antifranquista y del independentismo -añade el documento-, han sido innumerables las acciones violentas que golpearon a los citados sectores. Tenemos consignadas más de un millar de agresiones directas contra personas y sus bienes".

"Hubo más de mil agresiones directas contra personas y sus bienes" A juicio de esta fundación, "la violencia ejercida desde el Estado en forma de guerra sucia anterior a la creación de la sigla GAL produjo más muertes en conjunto" que el mencionado grupo paramilitar. "Sin embargo -lamenta Egiari Zor- no ha habido ningún tipo de investigación al respecto". El panorama no cambia demasiado respecto a los 28 asesinatos cometidos por el GAL. "Tan sólo unos pocos casos han sido llevados a los tribunales, aunque su recorrido judicial ha sido escaso y la mayoría se archivó", subraya. "En los casos en los que hubo condenados -precisa-, se promovieron indultos o beneficios penitenciarios, de forma que las excarcelaciones por estas condenas fueron inmediatas".

Los crímenes de Gurmindo y Perurena no escapan de esa lógica. A comienzos de 2002, el juez Baltasar Garzón procesó a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo -quienes ya habían sido condenados por matar a los miembros de ETA Joxean Lasa y Joxi Zabala- como autores del atentado contra los dos refugiados vascos en Hendaya. Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional revocaría un año más tarde el procesamiento de Dorado y Bayo, argumentando que no existían "indicios suficientes" para incriminarles.

Bixente Perurena, militante de ETA asesindado por el GAL en Henadaya (Francia), en 1984.

"No queremos venganza, sino reconocimiento y mantener viva la memoria" En tal sentido, la Fundación Egiari Zior advierte que las investigaciones relacionadas con el GAL "han sido prácticamente nulas", mientras que los funcionarios condenados -entre los que resaltan el ex ministro de Interior socialista, José Barrionuevo; el ex guardia civil Enrique Galindo o el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera- "fueron posteriormente indultados o excarcelados". A pesar de ello, los familiares y amigos de las víctimas continúan reclamando una "investigación seria" sobre lo ocurrido. "No queremos venganza, sino reconocimiento y, sobre todo, mantener viva la memoria", comenta Juan Antonio Lasa.

No en vano, la calle donde aún vive la madre de Ángel Gurmindo lleva el nombre de esta víctima de la guerra sucia. También hay una foto suya en el salón de plenos del Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu. Hace algunos meses, la Delegación de Gobierno en Navarra amenazó con tomar medidas ante lo que calificó como un posible caso de "enaltecimiento del terrorismo". "Esa foto está ahí desde que le mataron, porque así lo decidieron los concejales de entonces", explica su amigo. 30 años después, Gurmindo y su crimen no resuelto siguen dando que hablar.