Hasta ahora Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, había recurrido al derecho a la maternidad de la mujer, el derecho a la vida o a los derechos del nonato para justificar la reforma de la ley del aborto que anunció hace unas semanas . Pero este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, fue un paso más allá y utilizó otro argumento y dijo: "En la sociedad actual en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".

Según el razonamiento del ministro, "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras".

Esa fue la respuesta de Gallardón  a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, sobre si el Ejecutivo seguía teniendo la intención de "recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". El titular de Justicia dijo que no y afirmó que  la reforma de la Ley del Aborto que elabora el Gobierno va dirigida "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad".

Pero luego esgrimió el argumento de la violencia de género. A su juicio, cuando se produce un "supuesto embarazo no deseado" el entramado social hace a las madres "responsables únicas" de conflictos o situaciones problemáticas ante las que "el legislador no debe ser indifeente".

"Es insuficiente una legislación que se limite a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer embarazada que debe de estar protegida", sentenció.

"Lo que vamos a hacer es defender el derecho y la dignidad de la mujer"

Para Ruiz-Gallardón, es "absolutamente insuficiente" una normativa sobre el aborto que se limite a despenalizarlo "sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando además la protección del concebido".

La Ley que el Gobierno piensa promulgar, explicó, "se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad" porque ninguna embarazada "se debería ver obligada a renunciar" a ella por un conflicto familiar, laboral o social.

"Vamos a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar", detalló.

Ruiz-Gallardón ha dicho que la nueva normativa pretende que "se evite cualquier tipo de discriminación", estando para ello "cerca de las mujeres más vulnerables", de aquellas que están en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes o de las que tienen alguna discapacidad.

Con este objetivo, aseguró que todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo "sean prioriarios" para la mujer embarazada.

"Lo que vamos a hacer es defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la materniad", remachó.

Por su parte, la parlamentaria socialista acusó al ministro de llevar a cabo esta reforma para "atender sus compromisos" con los sectores que representan al "fundamentalismo" en España, mediante "la imposición al estado de derecho de una moral religiosa que tiene a sus espaldas la sistemática oposición a los derechos de las mujeres".