La Audiencia Nacional ha condenado hoy a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía), el 26 de mayo de 2003.

La sentencia, notificada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro.

Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia. La sentencia no es firme, por lo que el general no ingresará todavía en prisión.

En el juicio, que comenzó el pasado 24 de marzo y un mes después -el 21 de abril- quedó visto para sentencia, se escucharon los testimonios de los familiares de los fallecidos -incapaces de contener las lágrimas-, de los máximos responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, los forenses turcos que participaron en la identificación de los cadáveres y hasta de los trabajadores de la funeraria que se encargó de sellar los féretros de los soldados.

Identificaciones a toda prisa

La sentencia confirma, como mantiene el Ministerio Público, que Navarro, Ramírez y Sáez falsearon las identificaciones de los cuerpos porque había "prisa" para repatriar los cadáveres y celebrar con la mayor prontitud posible el funeral de Estado.

Una acusación que negaron reiteradamente los tres acusados, que desmienten haber recibido presiones o instrucciones para realizar una "repatriación urgente" de los cuerpos.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Beneficio político

Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente.

Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

Baile de nombres y números

El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro.

El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas.

Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.