El gestor de dos de los grandes proyectos urbanísticos más controvertidos de Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario Elías Benatar, pagó entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones más IVA a las consultorías de Jesús Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimitió por su imputación en el caso Gürtel.

Ambos proyectos, gestionados por Benatar a través de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participación destacada del constructor José Luis Ulibarri, imputado también en el caso Gürtel. El consejero de Fomento que dio luz verde a la operación de Ponferrada fue Manuel Fernández Santiago, de quien la policía sospecha que podría tratarse del Toti que recibió pagos de la trama Gürtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y León niega.

Ulibarri, constructor imputado en la Gürtel', participó en los dos proyectos

El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesión de 101 hectáreas de terreno público a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impulsó el proyecto desde la diputación Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, está en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la última de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admitió a trámite el pasado abril.

La relación profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compaginó durante años con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos años como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Política Autonómica entre 2002 y 2005 y miembro del comité electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir también despachos profesionales privados más de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambigüedad.

Benatar fue el gestor de los dos polémicos proyectos urbanísticos en Castilla y León, el feudo de Merino. A petición del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redactó en 2001 la reforma urbanística que iba a permitir la construcción en La Rosaleda de más de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.

Los tribunales han anulado toda la reforma urbanística de Ponferrada

El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no había marcha atrás porque estaba todo construido y, en parte, vendido.

En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anuló la reforma urbanística porque se edificó tres veces más de lo permitido y se eliminó el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anuló las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.

En 2003, Fomento Territorial recibió también el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos últimos se están vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.

Un portavoz de Merino dice que no trabajó con Benatar en su comunidad

El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputación y también al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputación no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.

Los críticos denuncian que se aportaron 101 hectáreas de terreno público en un paraje de ensueño a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasación elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario último será privado. Las hectáreas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era único y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta pública.

Tres empresas vinculadas al ex diputado recibieron los pagos

El juzgado archivó dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogación en sí. Pero queda viva una demanda por la cesión de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a trámite en Madrid el pasado abril.

En declaraciones a Público, Elías Benatar defendió su relación comercial con Merino y negó que los pagos por 1,2 millones de euros más IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de carácter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo público y sin ninguna relación con el caso Gürtel, y cuya información supondría la vulneración del secreto profesional", afirma el empresario.

Un portavoz del despacho de Jesús Merino afirmó que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y León y que los pagos obedecen a consultorías para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.

Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desveló un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel sobre las actividades empresariales de Jesús Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el vínculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.

En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El fiscal limitó su petición de imputación al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jesús Merino Serrano 50" recibió 50.000 euros en 2007.

Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declaró un pago de 50.000 euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP también imputado, recibió 220.000 euros más IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que poseía el 33% de Astrolago sociedad compartida con Bárcenas y Jesús Sepúlveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingresó otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorización en una cuenta, obtuvo 591.598.