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El Gobierno de Aguirre reclama personarse en el auto que instruye Garzón porque se siente "perjudicado"

Alega sentirse perjudicado por la actual instrucción de ese caso y pide que se le reconozca la personación. El Gobierno valenciano también estudia personarse

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La Comunidad de Madrid ha reclamado poder personarse en el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que afecta a empresarios con diferentes entidades, han asegurado fuentes del Gobierno regional.

El Ejecutivo madrileño ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que alega sentirse perjudicado por la actual instrucción de ese caso y pide que se le reconozca la personación.

En el escrito, el letrado que representa a la Comunidad habla del auto dictado por el juez Garzón, y alude a conversaciones telefónicas grabadas a uno de los imputados, el empresario Francisco Correa.

En concreto, en ellas Correa afirma que se han cargado a la región madrileña gastos del PP y de que un consejero cobraba comisiones por distintos favores.

La Comunidad de Madrid asegura que 'no le consta' que puedan haberse destinado fondos propios a fines distintos de los legalmente previstos y exige poder tomar parte en el procedimiento judicial de Garzón como perjudicada.

En esta línea, el Gobierno madrileño pretende 'ejercitar las acciones que legalmente procedan al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal' con el objetivo de ver reconocido su derecho a 'la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión'.

El escrito de la Comunidad apunta que, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 'cuando el delito fuese por su naturaleza de aquellos que sólo pueden admitirse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días'.

El Gobierno madrileño pide al juez que se abstenga de seguir con esa causa 'si afecta a personas aforadas' y que remita las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Todo ello porque, según el Estatuto de Autonomía de Madrid, 'la responsabilidad penal de los consejeros para los delitos cometidos en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid'.

Por su parte, el Gobierno valenciano también estudia personarse en la causa 'para aclarar las dudas que pueda haber' sobre la relación de la Generalitat Valenciana con la empresa Orange Market, investigada por este caso.

Así lo ha afirmado el portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, que ha manifestado que los servicios jurídicos de la Generalitat estudian esta posibilidad, después de las 'sospechas' y 'acusaciones veladas' que se han vertido contra la Administración por este caso.

El objetivo de la Generalitat es, según Rambla, aclarar las dudas que pueda haber en relación con el expediente de adjudicación a Orange Market del diseño y montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en varias ferias turísticas, entre ellas FITUR, así como 'cualquier otra circunstancia' que se requiera.

Se ha mostrado convencido de que esas acusaciones 'no pasarán de ahí' y ha trasladado 'la total colaboración' del Ejecutivo con la Administración de Justicia y su 'absoluta tranquilidad' porque está convencido 'del recto actuar de la Administración valenciana, de sus funcionarios y altos cargos'.

Rambla ha exigido que no se ponga en duda 'la honorabilidad de las personas físicas o instituciones que están apareciendo relacionadas, de manera directa o indirectamente, con esta investigación'.

Ha advertido de que la Generalitat no admitirá 'atropellos, escándalos mediáticos ni fotos gratuitas para poder sacar un pobre rédito de una circunstancia desgraciada que se está dando en este momento' y ha afirmado que la oposición tendrá 'la documentación que tenga que tener y que avale el Reglamento de Les Corts'.

'A pesar de las circunstancias en las que estamos, no nos saltaremos el Reglamento de Les Corts', ha afirmado el portavoz del Consell, para quien 'la fiesta se acabará' cuando la oposición vea los papeles que reclama porque lo único que reflejan es 'la actuación de una sociedad que trabaja en la promoción de la Comunitat Valenciana'.

El juez Garzón ya ha rechazado este viernes que el Partido Popular pueda personarse, lo que significa que no podrá recusar al magistrado, como quería.

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