El Gobierno aplaude el rechazo "expreso" a ETA

Cuatro mensajes para Batasuna. Cuatro pilares sobre los que ayer Alfredo Pérez Rubalcaba hizo pivotar su respuesta al anuncio de la presentación de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale. El primero supone el reconocimiento explícito del afán de sus promotores por deslindarse del terrorismo: "Es la primera vez en muchos años de violencia que la ilegalizada Batasuna rechaza expresamente la violencia de ETA". Automáticamente, el vicepresidente matizó que no era una "concesión gratuita", sino una "consecuencia de la firmeza del Estado de derecho y la sociedad vasca y española".

Segundo aviso: "Serán los jueces" los que decidan si los estatutos de Batasuna "permiten sortear y salvar la situación de ilegalidad de Batasuna". No obstante, anunció que el Ministerio del Interior el encargado de inscribir la nueva formación en el registro enviará el texto a la Fiscalía y al abogado del Estado "para que inicien las acciones que estimen oportuno". Es una acción concertada con el PP. De hecho, ayer hablaron telefónicamente Rubalcaba y el responsable de Justicia de los conservadores, Federico Trillo, para llevar los estatutos a los tribunales.

Tercer mensaje. El palo, la convicción de que la izquierda radical puede estar tendiendo una trampa con el fin de estar en las instituciones el 22 de mayo: "Son muchos años de violencia y la credibilidad de Batasuna es la que es, está bajo mínimos. Los españoles desconfían de las verdaderas intenciones". El vicepresidente cerró el círculo recordando que la banda existe y está activa: "Queda un camino largo por recorrer y ETA aún no ha declarado el fin de la violencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando para que ETA desaparezca". Se repreguntó a Rubal-caba durante su rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, pero el vicepresidente optó por no añadir nada más.

La conclusión es que el Gobierno y la dirección del PSOE creen que Batasuna no podrá concurrir el 22-M porque, entre otras razones, los tribunales no dispondrán de tiempo suficiente para dirimir sobre su legalidad. Así se desprende, según fuentes socialistas, de los comentarios que ayer realizó José Luis Rodríguez Zapatero ante la Ejecutiva de su partido, aunque el presidente no descendió al detalle, y tampoco lo hizo Rubalcaba.

"La democracia debe ser muy exigente y creemos que no serán suficientes unas manifestaciones o unos estatutos de partido después de más de 25 años de apoyo a la violencia", adelantó el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias. El número tres valoró que, "por primera vez, se produce un rechazo a la violencia de ETA por parte de estos grupos", lo que constituye "una mejora notable y una gran novedad", pero apuntó que resulta insuficiente. "Tienen que demostrar más cosas", agregó.

Similares argumentos defendió desde Vitoria el lehendakari. El Gobierno vasco "valora los pasos que la izquierda abertzale está dando para acercarse a los requisitos a los que se ajustan todas las fuerzas democráticas", subrayó Patxi López en una comparencia sin preguntas en el Palacio de Ajuria Enea.

El lehendakari abundó en la importancia de la comparecencia de ayer de Rufi Etxebarria e Iñigo Iruin. "Se ha escuchado decir a representantes de la izquierda abertzale cosas que hasta ahora nunca se habían dicho desde ese mundo recalcó. Es positivo que quienes, hasta hace no mucho, justificaban e incluso jaleaban a ETA, afirmen ahora su voluntad de hacer política sin la cobertura de la violencia". Un logro, siguió, producto de la "fortaleza y firmeza de los demócratas".

Tras el aprobado inicial, la exigencia de más pasos. La historia reciente enseña "que las palabras y las declaraciones biensonantes deben ir, necesariamente, acompañadas de hechos palpables que den seguridades a la sociedad y despejen las dudas" que aún tienen los ciudadanos. López reclamó a Batasuna que vuelque el mismo esfuerzo en lanzar su nueva marca electoral en "conseguir" que ETA anuncie "su desaparición definitiva".

Por último, el lehendakari recordó que su Ejecutivo mantendrá su defensa del Estado de derecho, su "firmeza democrática" y la colaboración con la Justicia.